Alejandro Palma Manzano

Expediente 31/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
31/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/02/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Palma Manzano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Alejandra Palma Manzano hubiere recurrido el proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo planteada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales conducentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. (...) Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandra Palma Manzano, por propio derecho, contra actos del Fiscal Regional en Acapulco dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y, otra autoridad responsable; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 31/2019, y fórmese expediente. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. De la demanda de amparo se desprende que la quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA. a).- C. Fiscal Regional en Acapulco dependiente la Fiscalía General del Estado de Guerrero (.) EJECUTORAS: a).- C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares (Sector Coloso) (.) A quienes atribuye los actos reclamados que hace consistir en: (.) a).- De la autoridad señalada como ordenadora, La omisión de no tomar las medidas y requerir le informen que diligencias ministeriales han desahogado y ordenar desahoguen las restantes en la carpeta de investigación 120200904000039090118. Respecto a la autoridad ejecutora, el hecho de ser omisa y no desahogar todas las diligencias ministeriales y judicializar la carpeta de investigación 120200904000039090118. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho normativo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.). De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación. Brinda apoyo la jurisprudencia 239, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 765, que dice: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, es necesario tener presente el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama la omisión de desahogar todas las diligencias ministeriales y judicializar la carpeta de investigación 120200904000039090118, atribuida al Fiscal Regional en Acapulco dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares (Sector Coloso), con sede en esta ciudad. De manera que, si el acto se traduce en la omisión por parte de la representación social para llevar a cabo la investigación adecuada a la imputada, en su contra procede el medio impugnación ordinario previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe interponerse ante el Juez de Control, quien a su vez convocará a una audiencia para decidir en definitiva sobre el hecho controvertido. En esa tesitura, la suscrita advierte que en contra de dicha omisión procede el medio de impugnación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales Ello es así, toda vez que, como ya se dijo, del contenido del artículo 258 del precitado Código, se evidencia que la víctima o el ofendido pueden inconformase contra las determinaciones que afecten e impidan lograr su pretensión, las que se equiparan a la afectación que se ocasiona cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones; por lo que es inconcuso que en el caso, la parte quejosa de manera previa a acudir a instar la acción constitucional, debió controvertirlo a través del medio de impugnación ordinario que prevé la norma, para así agotar el principio de definitividad que rige el en el amparo. Aplica al caso en particular la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. -Lo resaltado es propio- De ahí, que al no haber constancia que acredite que la parte quejosa hizo valer el medio de impugnación correspondiente en contra de la omisión reclamada, es indudable que, como se anticipó, el presente juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Conclusión de desechamiento. En consecuencia, al actualizarse fehacientemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 113 de la legislación en cita, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito que se provee; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan de Dios Becerra Hernández, Alejandro Justo Cortes y Neftali Palma Valente; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Julio César Bedolla Venancio, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma José María Pliego Moreno, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio CCJ/ST/6942/2018; asistido del secretario Erick Martín Vega Sierra, que da fe.

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