Alejandro Osorio Sánchez
Expediente 1299/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2023
Partes del expediente
- Alejandro Osorio Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta con anexos, remitido por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho***** del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se ordenó notificar el auto de diecinueve y veintiséis de julio del año en curso, a la parte quejosa *****, debido a los motivos que indica. Fundamento. Artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Artículos 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda. Regístrese lo anterior en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y se ordena dar de baja la comunicación referida. Asimismo, vista la razón elaborada por el diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, de veintiocho de julio del año en curso, de la cual se advierten los motivos por los cuales, no le fue posible notificar a la parte quejosa los autos de diecinueve y veintiséis de julio del año en curso, en el domicilio señalado en autos; por lo que se ordena notificar a dicha parte quejosa los proveídos de mérito, así como las subsecuentes determinaciones que deban hacerse de manera personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese mediante lista a la parte quejosa el presente proveído, al igual que los autos de diecinueve y veintiséis de julio de dos mil veintitrés. SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1299/2023. En consecuencia, fórmese el expediente electrónico e intégrese físicamente únicamente con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, se precisa que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Causa de improcedencia. Así, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación a los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computarán a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos reproducidos con antelación, se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. En ese tenor, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo empezó desde el siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto, al en que se haya enterado de él o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo; además, el conocimiento por el inconforme, que sirve de base para el cómputo referido, debe constar probado de modo directo y no inferirse de presunciones. En ese orden de ideas, es evidente que en el caso concreto el promovente de amparo Alejandro Osorio Sánchez, reclama todo lo actuado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 02/2022, de la estadística de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, incluido el emplazamiento de veintisiete de abril de dos mil veintidós, su resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós y su ejecución. En consecuencia tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone, que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la propia ley, se computarán, entre otras hipótesis, a partir del día siguiente, al en que -la parte quejosa- haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución; siendo que tal conocimiento, en la especie, lo tuvo cuanto menos el catorce de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, como se evidencia de las copias certificadas de procedimiento de responsabilidad administrativa 02/2022, de la estadística de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla -que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, de las que se advierte el escrito de interposición de recurso de inconformidad en contra de la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, con la firma autógrafa del aquí amparista. Máxime que el quejoso manifestó "bajo protesta de decir verdad" que el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se le reiteró la existencia del procedimiento de responsabilidad administrativa 02/2022, de la estadística de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, lo cual aún desde dicha data evidencia la extemporaneidad en la presentación del presente juicio de amparo. Situación que constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo expuesto, por su contenido jurídico, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Febrero de 1993, página 225, con número de registro 217,245, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONFESION, PRUEBA DE, SI ES ADMISIBLE EN EL JUICIO DE GARANTIAS (ARTICULO 150 DE LA LEY DE AMPARO).- Es errónea la consideración del juez de Distrito hecha en la audiencia constitucional, acerca de que la prueba confesional está prohibida por la ley de la materia, porque, aparte de que no se precisa cuál es el precepto que proscribe la prueba referida, se advierte que, además de las contrarias a la moral y al derecho, la que no se admite es la de posiciones, no siendo de esta clase la que en el caso la recurrente denominó como confesional expresa. Esto es, en el juicio de amparo no está prohibida la prueba confesional puesto que implican confesión, por ejemplo, el reconocimiento hecho por la autoridad responsable acerca de que es cierto el acto reclamado, o la admisión, por el quejoso, de que tal acto se le notificó en determinada fecha; esas manifestaciones son, pues, confesiones, y se admiten en el juicio constitucional. Las confesiones no admisibles son las de posiciones, o sea, las que se desahogan mediante la formulación de preguntas por una parte a otra y a través de un pliego que las contenga". [Énfasis añadido] Así, de no instaurarse el juicio de amparo dentro de ese plazo, se entiende que los actos reclamados se han consentido y, por eso, se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la ley de la materia. En razón de lo anterior, se advierte que la parte promovente tuvo conocimiento del acto que reclama desde el catorce de octubre de dos mil veintidós; surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, en tales condiciones, es inconcuso que el término para promover el juicio de amparo en contra de los actos reclamados precisados con anterioridad, ha fenecido, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, transcurrieron los quince días que establece el precepto legal que regula el plazo para solicitar el amparo, ya que el aludido término empezó a transcurrir a partir del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, y feneció el diez de noviembre de dos mil veintidós, descontándose de dicho cómputo los días sábado y domingo, por haber sido inhábiles conforme al artículo 19 de la ley de la materia, así como el treinta y uno de octubre, al igual que el uno y dos de noviembre de dos mil veintidós, en términos de la circular 5/2022, de treinta de marzo de dos mil veintidós, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa haya manifestado que personalmente desconoció la existencia del procedimiento de responsabilidad administrativa 02/2022, de la estadística de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, pues refiere que su abogado no le informó de su tramitación, situación que resulta incongruente al advertir su firma autógrafa en el escrito que presentó el catorce de octubre de dos mil veintidós, en dicha controversia de responsabilidades. Además, dicha manifestación de desconocimiento no resulta viable, pues la parte quejosa no puede desconocer aquello que tuvo conocimiento a través de su representación, en este caso, mediante la representación que ostentó su abogado en dicho procedimiento. Apoya lo expuesto, por analogía, la tesis 2a. XX/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 230, con registro digital 196813, que expone: "REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional se inicia, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado. De tal suerte que si en autos se constata que el promovente del juicio de garantías tiene el doble carácter de demandado en lo personal y de representante legal de la empresa quejosa, y que como codemandado compareció al juicio generador del acto reclamado, resulta incuestionable que a partir de esta fecha conoció de la existencia del acto reclamado en su doble carácter, ya que es materialmente imposible que lo conocido por una persona física lo ignore en su calidad de representante de un ente diverso, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. De ahí que el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades.". De esta manera se hace patente que el juicio, en cuanto a la oportunidad de su promoción, es extemporáneo al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por lo tanto resulta extemporánea. Tal circunstancia motiva la actualización de la causal de improcedencia advertida y, por ello, no puede analizarse el acto que en esta vía impugna; máxime que su naturaleza impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 del ordenamiento legal antes invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del Tomo IX de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Junio de 1992, bajo el rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Además, la causal de improcedencia en comento es de estudio preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. Conclusión. En tales condiciones, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención se desecha la demanda de amparo promovida por Alejandro Osorio Sánchez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado en amplios términos del artículo 12 ibídem a la persona que señala y que tenga debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala el ocursante, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigentey copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 22 y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; modificado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa SE ORDENA NOTIFICAR EL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede de veintiuno de julio del año en curso, de la que se advierten los motivos por los cuales la fedataria judicial adscrita a este juzgado de Distrito, no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el domicilio señalado en autos, por encontrarse fuera de la zona metropolitana del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena la notificación de dicho proveído a la parte quejosa ******, en el domicilio proporcionado para tal efecto, esto es en: ******. Bajo tales circunstancias y toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 116 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, gírese atento despacho al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en turno; a fin de que, en auxilio de las labores de este juzgado comisione al diligenciario de su adscripción, para que conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se sirva notificar el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, Alejandro Osorio Sánchez, en el domicilio antes señalado, remitiendo para tal efecto, dicho proveído. Debiendo entregarle copia autorizada del auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés y del presente; además, lo requiera para que dentro del término de tres días señale domicilio en donde tiene su residencia este órgano jurisdiccional o en la ciudad de Puebla, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las personales se le practicarán por lista, con apoyo en la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el precepto 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de tal diligencia. Solicitándose a la autoridad despachada se sirva devolverlo a la brevedad posible una vez diligenciado en sus términos. Lo anterior, bajo apercibimiento que de omitir dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad Federal, se le impondrá una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización, a cada uno, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, lo cual resulta en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional). Se ordena su notificación vía correo electrónico. En ese tenor, con la finalidad de evitar dilaciones en el presente asunto, con fundamento en el artículo 17 constitucional, se ordena enviar el despacho correspondiente, a través de los correos electrónicos institucionales, 1jctehuacan@htsjpuebla.gob.mx y 2jctehuacan@htsjpuebla.gob.mx. Esto, en el entendido que de recibir el despacho de mérito y no corresponderle por cuestión de turno, su homólogo deberá sustanciarlo y dar cumplimiento al mismo, sin necesidad que informe a este juzgado de Distrito que no conocerá del despacho correspondiente, en atención a que será atendido por el diverso juzgado local con residencia en Tehuacán, Puebla. No se soslaya mencionar, que incluso la autoridad despachada puede responder a través del correo electrónico de este juzgado de Distrito, el cual es: 6jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, como se dijo, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente juicio de amparo indirecto. Notifíquese.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede de veintiuno de julio del año en curso, de la que se advierten los motivos por los cuales la fedataria judicial adscrita a este juzgado de Distrito, no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el domicilio señalado en autos, por encontrarse fuera de la zona metropolitana del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena la notificación de dicho proveído a la parte quejosa ******, en el domicilio proporcionado para tal efecto, esto es en: ******. Bajo tales circunstancias y toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 116 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, gírese atento despacho al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en turno; a fin de que, en auxilio de las labores de este juzgado comisione al diligenciario de su adscripción, para que conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se sirva notificar el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, Alejandro Osorio Sánchez, en el domicilio antes señalado, remitiendo para tal efecto, dicho proveído. Debiendo entregarle copia autorizada del auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés y del presente; además, lo requiera para que dentro del término de tres días señale domicilio en donde tiene su residencia este órgano jurisdiccional o en la ciudad de Puebla, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las personales se le practicarán por lista, con apoyo en la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el precepto 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de tal diligencia. Solicitándose a la autoridad despachada se sirva devolverlo a la brevedad posible una vez diligenciado en sus términos. Lo anterior, bajo apercibimiento que de omitir dar cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad Federal, se le impondrá una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización, a cada uno, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, lo cual resulta en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional). Se ordena su notificación vía correo electrónico. En ese tenor, con la finalidad de evitar dilaciones en el presente asunto, con fundamento en el artículo 17 constitucional, se ordena enviar el despacho correspondiente, a través de los correos electrónicos institucionales, 1jctehuacan@htsjpuebla.gob.mx y 2jctehuacan@htsjpuebla.gob.mx. Esto, en el entendido que de recibir el despacho de mérito y no corresponderle por cuestión de turno, su homólogo deberá sustanciarlo y dar cumplimiento al mismo, sin necesidad que informe a este juzgado de Distrito que no conocerá del despacho correspondiente, en atención a que será atendido por el diverso juzgado local con residencia en Tehuacán, Puebla. No se soslaya mencionar, que incluso la autoridad despachada puede responder a través del correo electrónico de este juzgado de Distrito, el cual es: 6jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, como se dijo, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente juicio de amparo indirecto. Notifíquese.
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L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Oficio El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Fundamentación. Artículo 192 de la Ley de Amparo Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación Consecuentemente, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y se toma conocimiento de lo informado, para ser considerado en el momento procesal oportuno. Ahora bien, en atención al contenido del oficio mediante el cual rinden su informe en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se requiere como autoridad vinculada al cumplimiento a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del ámbito de sus funciones, cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo que deberá informar a este Juzgado Federal dentro del plazo de cinco días, remitiendo para tal efecto las copias certificadas completas y legibles de los documentos que apoyen su dicho. No obstante, se requiere a la responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de cinco días, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Se apercibe a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a **** a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Vacaciones autoridades. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios que de este proveído se expiden se encuentren gozando del período vacacional, se comisiona al actuario de la adscripción para que, precisamente en el día en que éstas reanuden sus labores, entreguen los oficios respectivos sin necesidad de ulterior acuerdo a la central de notificadores correspondiente, mientras tanto, los oficios relativos deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad. Notifíquese.
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