Alejandro Ortíz Olea
Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alejandro Ortíz Olea
- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Ciudad de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, en que la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, por lo que una vez que transcurra el plazo concedido en auto de nueve de octubre pasado, se acordara lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del escrito por el cual el quejoso pretendió ampliar su demanda de amparo, hasta en tanto las autoridades responsables, remitieran copia certificada, completa y legible del expediente formado con motivo de la retención de la licencia de conducir del hoy quejoso, con Folio Único de Caso, mismas que se tuvieron por recibidas por auto de treinta de agosto del año en curso; en consecuencia, se procede a proveer lo conducente. Ahora bien, en ese sentido, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la ampliación de demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, en el caso en concreto de la ampliación de demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De lo anterior, se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis del escrito de mérito, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la tirilla de resultados técnicos número de serie T15213, del siete de abril de dos mil veintitrés. De lo anterior, es indudable que del análisis del citado acto reclamado, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, (interpretados a contrario sensu), por tratarse de un acto intraprocesal y no definitivo, además, no es de imposible reparación. Dichos preceptos que en lo que interesan textualmente disponen: En efecto, los incisos a) y b), fracción III del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: De la intelección de los artículos transcritos, se aprecia que, por regla general, el juicio de amparo indirecto únicamente resulta procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, esa restricción descarta la posibilidad fáctica y jurídica de que la instancia constitucional se incoe contra cualquier resolución o actuación que se dicte en el procedimiento, sino sólo contra aquellas que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se advierte que los actos de imposible reparación, son definidos en la Ley de Amparo como aquellos que afectan materialmente algún derecho sustantivo amparado por los derechos humanos que consagran la Constitución General de la República y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio. Contrario a ello, son actos susceptibles de ser reparados, aquellos que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal y cuya enmienda es factible que sobrevenga mediante el dictado de una resolución que sea acorde a los intereses de quien ejercitó la acción, pues los actos que fueron contemporáneos a la secuela procedimental tienden a extinguirse en el momento en que se concluye la instancia y sin que se hubiere consumado la afectación a los derechos fundamentales del gobernado con la consecuente afectación de su esfera jurídica. Ahora bien, en el caso concreto, el acto reclamado es un acto intraprocesal, pues no se trata de la tirilla de resultados técnicos número de serie T15213, del siete de abril de dos mil veintitrés, pues la misma fue emitida como prueba dentro del expediente formado con motivo de la Boleta de Remisión B420548, relativa al Folio Único de Caso, incoado en contra del aquí quejoso, ya que lo que reclama medularmente en su demanda de amparo es la retención de su licencia de conducir. Asimismo, el acto reclamado no es un acto de imposible reparación, atento a que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso protegido por la Constitución Federal o tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte. En efecto el acto reclamado, no lo priva en sus bienes, patrimonio, propiedades, honor, la libertad en sus diversas manifestaciones, sino que se trata de una mera violación intraprocesal. Máxime que por auto de treinta de agosto del año que transcurre, se dio vista al quejoso, para que manifestara su a su interés legal convenía ampliar su demanda y señalar como acto reclamado la resolución dictada por el Juez Cívico Itinerante cuatro (4) turno nocturno, de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México relativa a la Boleta de Remisión B420548, del Folio Único de Caso 03330-I-T-15213-02874-003, sin que lo hubiera hecho. Al respecto son aplicables las jurisprudencias de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que disponen: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." (No. Registro: 207343, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Página: 291) EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." (No. Registro: 231982, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Página: 827) En ese contexto, es claro que el acto consistente en la tirilla de resultados técnicos número de serie T15213, del siete de abril de dos mil veintitrés, es un acto intraprocesal, pues no se trata de la resolución definitiva que dirima el procedimiento relativo a la Boleta de Remisión B420548, del Folio Único de Caso; y no es un acto de imposible reparación, atento a que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso protegido por la Constitución Federal o Tratado Internacional del que el Estado Mexicano sea parte. En las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados a contrario sensu, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, el escrito de ampliación de demanda de amparo presentada por, por las razones expuestas. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Incidental
Ciudad de México, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio electrónico signado por la apoderada legal de la Universidad Autónoma Metropolitana, a través del cual, atento al requerimiento ordenado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, informa la imposibilidad que tiene para designar un perito en auxilio de este órgano en materia de topografía, por los motivos que expone; con fundamento en artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Subdirector Divisional de la Administración Tributaria en San Lázaro, respecto de la cuenta predial 423-238-01-065-0, Subdirector Divisional de la Administración Tributaria en San Borja, respecto de la cuenta predial 343-032-17- 000-7, Subdirector Divisional de la Administración Tributaria en Parque Lira, para que se pronuncie respecto de la cuenta predial 035- 095-21-000-7, y Subdirector Divisional de la Administración Tributaria en Taxqueña, en relación con la cuenta predial 060-491-90- 000-1 para que dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informen si las quejosas acudieron a recibir los contrarecibos correspondientes, apercibida, para el caso de ser omisas en desahogar la presente vista, se realizará el pronunciamiento que en derecho corresponda, con base en las constancias que obren en los presentes autos. 22/01/24 10:04:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR Notifíquese
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