Alejandro Ortega García

Expediente 977/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
977/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2016

Partes del expediente

  • Alejandro Ortega García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintisiete de octubre pasado en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por **********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoge el documento que exhibió; apercíbasele que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso ********* mediante el cual, en relación a la prevención realizada por esta potestad el veintiuno de los corrientes, refiere que el acto que el en concreto reclama de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público III de trámite común de esta localidad, es: ".LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO ****."A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano.En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, ha de rememorarse que la parte quejosa reclama ".LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO ****."; por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en base a los siguientes argumentos: En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 21 de la Constitución Federal, en razón de que la integración y trámite de la averiguación previa no constituyen actos de imposible reparación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley."El acto reclamado encuentra constitucionalmente su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial..."Dicha norma constitucional consagra como derecho de seguridad jurídica el consistente en que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función.La investigación de los delitos se manifiesta en dos periodos:a) El denominado de averiguación o investigación previa; yb) El relativo a aquél en que el Ministerio Público figura como parte en el procedimiento judicial. En el caso, el que importa es el periodo relativo a la averiguación previa, en la cual única y exclusivamente corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todas las diligencias necesarias para la comprobación de los elementos que constituyen la materialidad del delito y la probable responsabilidad del inculpado, para en su caso, ejercer la acción penal correspondiente, ya sea que solicite la orden de aprehensión o la apertura del procedimiento judicial, en que se resolverá la situación jurídica del inculpado, desde luego, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 constitucionales.En tales condiciones, podemos decir que el acto reclamado consistente en la integración del trámite de la carpeta de investigación referida, que pudiera tener como consecuencia el ejercicio de la acción penal en contra del quejoso, se encuentra dirigido a la investigación por parte del representante social de los hechos denunciados, probablemente delictuosos, lo cual es de interés público, ya que la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito y la persecución del delincuente.Bajo ese contexto, la actuación del Ministerio Público para la integración y tramitación de una carpeta de investigación, en sí misma, no causa un daño o perjuicio al gobernado, pues tal cuestión, en su momento, queda supeditada a la decisión del órgano jurisdiccional que, en su caso, conozca de la consignación respectiva, el cual puede o no librar la orden de aprehensión que se solicite, salvo que en la fase indagatoria se ordenaran actos que invadan la esfera jurídica del particular, como sería, entre otros, que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no se advierte haya sucedido.Con base en lo anterior, resulta inconcuso que el acto reclamado por el quejoso consiste en la integración y tramitación de la carpeta de investigación, y que pudiera tener como consecuencia el ejercicio de la acción penal, no afectan sus derechos; en razón de que es una obligación del representante social la investigación de delitos, de conformidad con el artículo 21 constitucional, además de que esos actos quedarán supeditados a la decisión del órgano jurisdiccional que llegue a conocer de la consignación que en su caso se realice.De manera que, como se ha establecido, tales actos no le causan un daño o perjuicio, al ser la carpeta de investigación, una cuestión de orden público, que en su caso, queda sometida a la calificación de procedencia del órgano jurisdiccional.Al respecto, resulta aplicable la tesis CXXXV/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, visible en la página 351, de rubro y texto siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."Por lo expuesto, se concluye, que contra ese acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 de la Constitución Federal; y lo que se impone es desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de la materia.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: A) Prevención. Vista la demanda de amparo formulada por XXXXXXXX, contra actos del Agente del Ministerio Público III de Tramitación Común en esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 977/2016-A2. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 108 fracción IV y 114 fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo aclare:  Aclare qué acto en concreto reclama, lo anterior en razón de que del apartado denominado "ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES", se desprende como tal ". EN QUE HA INICIADO EN MI CONTRA UNA CAPETA DE INVESTIGACIÓN." y en líneas posteriores refiere ". EN CONSECUENCIA PRIVARME DE MI LIBERTAD."; en tanto que de los antecedentes que narra y documental que adjunta se desprende el oficio citatorio UTC03/4515/2016. Además, de sus conceptos de violación se advierte ".SE PRETENDE EJERCITAR ACCIÓN PENAL EN MI CONTRA." y que ". SE HA PRETENDIDO EJECUTAR UNA IMPROCEDENTE ORDEN DE DETENCIÓN.". Y también refiere no solicitar la suspensión del acto reclamado. Datos anteriores que son requeridos porque no se obtienen de la lectura integral de la demanda, resultando necesarios conforme a la fracción IV del artículo 108 de la Ley de la materia, a fin de recabar el informe justificado a la autoridad responsable. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio promovente, no así por los profesionistas que señala en su escrito de demanda, toda vez que la aclaración de la demanda entraña el ejercicio de una acción de amparo, para lo cual solo está facultado el propio quejoso, no así por sus autorizados. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Debiendo exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio; ello para traslado a las partes; esto es, una para cada autoridad señalada como responsable, una para los terceros interesados y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley en cita. B) Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. C) Domicilio y autorizados. Téngase al quejoso señalado como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en XXXXXXXX en esta ciudad. Ahora, dado que el promovente no proporcionó dato alguno con el que se acredite que XXXXXXX, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tiene al nombrado como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. D) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la ley de la materia.

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