Alejandro Orlando Zavala Botello
Expediente 492/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Orlando Zavala Botello
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCICO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. veintisiete de octubre de dos mil veinte. En la ciudad de León, Guanajuato, veintisiete de octubre de dos mil veinte, la suscrita Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de uno de octubre del año en curso, ya feneció sin medio de impugnación alguno; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En la misma fecha se da cuenta a la Jueza, con el estado procesal de autos y con la certificación que antecede, a fin de que se sirva determinar lo conducente. Conste. León, Guanajuato, veintisiete de octubre de dos mil veinte. I. Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de uno de octubre de dos mil veinte, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. III. Requerimiento a la parte quejosa. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido, que en términos del artículo 11 de dicho Acuerdo, la notificación que se ordena de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. CGRH Carla Adriana Gallardo Rojas,
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. León, Guanajuato, uno de octubre de dos mil veinte. I. Desahogo de prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Héctor Enrique Ruiz Duron, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló en acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso; en el que se le previno para que acreditara con documento fehaciente la personalidad que ostentó en el escrito de demanda como apoderado legal de Alejandro Orlando Zavala Botello. Sin embargo, no ha lugar a tenerle por acreditada tal personalidad, toda vez que las cartas poder que exhibe para ese efecto fueron otorgadas con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en consecuencia se provee: II. Se desecha demanda de amparo. Acotado lo anterior y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción I, segundo párrafo, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se surte de un modo manifiesto e indudable, la causal prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, aplicados a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Héctor Enrique Ruiz Duron, quien se ostentó como apoderado legal de Alejandro Orlando Zavala Botello, señaló como acto reclamado el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado en autos del expediente laboral 1476/2020/E3/CF/IND, en el que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, acordó señalar para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Sin embargo, los artículos 1 y 6 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Ahora, de la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece como regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, que éste únicamente puede promoverse por aquella persona a quien perjudique la ley, tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto de autoridad; en caso excepcional, este principio puede cumplirse a través del representante del agraviado, su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 1 y 6 de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad, puede promover: 1. Quien tenga el carácter de representante del agraviado; 2. El defensor cuando se reclama un acto que corresponda a una causa criminal 3. Cualquier persona cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualquier otra pena inusitada y trascendental). Ahora bien, es de explorado derecho que el principal objetivo del juicio de garantías es dirimir cualquier controversia que se suscite por leyes o actos del orden público que violen los derechos humanos, y que éstas, como derechos subjetivos públicos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades pública. Dicho lo anterior, conviene señalar que el promovente comparece a instar el presente juicio de amparo en representación de Alejandro Orlando Zavala Botello, lo que de ninguna manera encuadra en la hipótesis del artículo 15 de la ley normativa del juicio de garantías, pues los actos que reclaman, no son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, segunda hipótesis en la que es válido que la petición de amparo pueda formularla cualquier otra persona en su nombre. Por lo tanto, al reclamarse actos que no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad persona fuera de procedimiento judicial, deportación, o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, además no derivan de un procedimiento penal, y que el solicitante de amparo Alejandro Orlando Zavala Botello, no está imposibilitado para ejercitar la acción constitucional; no es válido reconocerle al ocursante su legitimación procesal, para instaurar la presente demanda de amparo a favor del directo quejoso. Lo anterior es así, pues de las cartas poder con las cuales pretendió acreditar su personalidad, se advierte que las mismas fueron otorgadas el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que fue el veintiuno de septiembre del año en curso, tal y como se aprecia del sello de recepción. De lo anterior se advierte que si las cartas poder con el que pretendía acreditar su personalidad, fueron otorgadas con posterioridad a la presentación de la demanda de derechos humanos, se colige que el promovente, en ese momento carecía de legitimación y por ende, se encontraba impedido para solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, como poderdante del directo quejoso, pues, no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, en razón, de que como ya se dijo, las documentales que presenta para acreditar su personalidad como apoderado legal del amparista, fueron otorgadas con posterioridad a la presentación de la demanda y dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó. Tiene aplicación la jurisprudencia: 91/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XII, Septiembre de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." En las asentadas condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de los actos indicados con antelación. En el entendido, que en términos del artículo 11 del acuerdo 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación que se ordena de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Alejandro Nieto Bermudez644/2015
- Alejandro Noriega Andrade300/2018
- Alejandro Noriega Andrade935/2018
- Alejandro Noriega Martinez213/2015
- Alejandro Noriega Oliva9/2018
- Alejandro Ordaz Mendoza337/2016
- Alejandro Ornelas Armenta1452/2016
- Alejandro Padilla Alcala527/2014
- Alejandro Pedroza Pérez598/2022
- Alejandro Peña Bermudez1059/2023
- Alejandro Pérez Arce Navarro660/2020
- Alejandro Plascencia Bribiesca306/2021