Alejandro Ordoñez Gonzalez

Expediente 739/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 1 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
739/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
01/10/2020

Partes del expediente

  • Alejandro Ordoñez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Alejandro Ordoñez González, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Fiscalía Regional de Tecámac, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 23, constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 739/2020-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, de la lectura integral de la demanda que se provee, se advierte que la parte quejosa reclama destacadamente: «Se reclama del agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno del Centro de Justicia en Tecámac, Estado de México, Licenciado Josué Romero Delgado su reiterativa conducta omisiva respecto a judicializar la presente indagatorio y a dar contestación a diversas peticiones realizada a lo largo de varios meses.» Asimismo, de los hechos que constituyen los antecedentes del acto que por esta vía reclama se advierte lo siguiente: «(.) solicito se tome en cuenta que el Ministerio Público Josué Romero Delgado, en fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, hizo del conocimiento de mis abogados que archivaría definitivamente la carpeta en comento, escudándose en el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, dicha decisión jamás se nos fue notificada o entregada por escrito contraviniendo lo que estipula el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.» Una vez analizados los actos reclamados, se advierte que en la especie se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo; entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Así se advierte Alejandro Ordoñez González, reclama las omisiones del Ministerio Público en la etapa de Investigación en la carpeta de investigación NIC: ECA/ECA/00/MPI/397/07385/18/09, NUC: ECA/ECA/034/197864/18/19, abstención hecha por el licenciado Josué Romero Delgado, agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Fiscalía Regional de Tecámac, Estado de México, referente a la omisión de judicializar dicha indagatoria y con ellos ordenar su archivo definitivo, así como la omisión a dar contestación a sus peticiones. Sin embargo, la parte inconforme antes de acudir en demanda de amparo se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)" El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. De una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las aclaraciones y omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de la autoridad investigadora en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican una paralización de su función investigadora donde se incluye recibir las querellas presentadas ante él. Por lo tanto, la parte peticionaria de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra las omisiones de la autoridad investigadora que aquí controvierte. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. (S.J.F. Primera Sala, Décima Época, página 246). Así como la diversa también sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." (S.J.F. Décima Época, Primera Sala, página 392) En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alejandro Ordoñez González. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Toda vez que el domicilio que señala para para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal por medio de lista correspondiente, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Se tiene autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Libertad y Pilar Azalhia, ambos de apellidos Ordoñez Huerta y Lucio Ordoñez Chimal, en virtud de que cuentan con título de licenciado en derecho legalmente expedido. No obstante, se tiene a las diversas personas que menciona, autorizados sólo en términos de la última parte párrafo segundo, del precepto legal invocado, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Ahora bien, podrán tener acceso al expediente electrónico y hacer uso de su FIREL, únicamente el usuario: "11582920" -perteneciente a - Lucio Ordoñez Chimal -, toda vez que cumple con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; dejando el actuario judicial constancia de la consulta realizada, la cual, será digitalizada para el expediente electrónico y otra se agregará al presente expediente como constancia de notificación. Por lo que respecta a las direcciones de correo electrónico que indica, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante a contingencia por el virus COVID-19, se toman nota de los mismos, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor

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