Alejandro Octavio Avelar Rico
Expediente 378/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2021
Partes del expediente
- Alejandro Octavio Avelar Rico
Actuaciones
- Principal
El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la demanda de garantías signada por *, quien promueve en representación de *; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 378/2021. DESECHAMIENTO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el arábigo 6° de la ley de la materia, dispone: "*". Así también, el numeral 15 del ordenamiento legal citado en último término, dice: "*" Por su parte, el precepto 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "*" De los arábigos transcritos, se desprende que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada; por ello, la representación de quien acude a la vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos previamente anotados. En la especie, del análisis del ocurso de que se trata no se advierte que se dé alguno de los supuestos a que aluden los citados preceptos, para la procedencia de la interposición de la demanda a través de un tercero, pues si bien el arábigo 6° dispone que el juicio podrá ser promovido por conducto de representante, ello no debe entenderse de manera aislada, sino vinculada con el arábigo 15 de la ley de la materia, y toda vez que en el presente caso no se desprende que el quejoso se halle impedido para hacer valer la acción constitucional por sí mismo, es inconcuso que para efectos de su tramitación, quien suscribe el escrito no está legitimada para efectuarlo a nombre de *. Así es, del contenido íntegro del libelo inicial no se desprende que el directo inconforme tenga alguna imposibilidad para hacer valer la acción de amparo, ya que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Federal; circunstancias que efectivamente le permitirían que fuera diversa persona quien, en su representación, promoviera el presente juicio, esto, en apego irrestricto de los preceptos legales que se citaron en los párrafos que preceden, por lo que al no encontrarse impedido para redactar, firmar y hacer llegar a este órgano de control, por conducto de algún tercero, el escrito mediante el cual solicita la protección constitucional, es inconcuso que no se actualizan los extremos contemplados en el dispositivo 15 de la legislación de la materia. Máxime que el promovente tampoco acredita ser apoderado, representante legal, o bien, tener reconocida tal calidad ante la responsable, respecto de *, ya que en dichas hipótesis sí sería factible la promoción del juicio en su nombre. Consecuentemente, con fundamento en los preceptos 112 y 113, en relación con los arábigos 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO el ocurso de garantías de que se trata. Como lo solicita el promovente, bajo el nombre de usuario que proporciona "*"; como se corrobora de la impresión obtenida del Sistema Integral y Seguimiento de Expedientes, de la que se advierte que dicho usuario cuenta con la autorización para la consulta del expediente electrónico, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones aun las de carácter personal vía electrónica. Ello en apoyo a los lineamientos señalados en el Título Cuarto de los Servicios Electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, Capítulo Primero, ordinales 79, párrafo primero, 81, 82 y 83 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los procesos de Oralidad Penal en los Centro de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, cabe indicar que, en el presente caso surge la obligación de la parte quejosa de ingresar al sistema establecido para los fines aludidos, todos los días, con el objeto de obtener la constancia referida en el diverso 31, fracción III, de la Ley de Amparo, durante un plazo máximo de dos días, con el propósito de acreditar la práctica de esa diligencia, y en caso contrario, el actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional asentará la razón correspondiente en base al numeral 30, fracción II de la legislación referida. De igual forma, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a los profesionistas que menciona. Como lo pide el promovente, bajo el nombre de usuario que proporciona, se autoriza la consulta y promoción del expediente electrónico, a partir del día hábil siguiente de emisión de los acuerdos.
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