Alejandro Nolasco Morales
Expediente 1544/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1544/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Alejandro Nolasco Morales
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 8 a 14), por los motivos que expone, esto es, porque en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por la citada se negaron a recibir dicha notificación argumentando que no conocen a la parte quejosa ni a sus autorizados. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como la determinación de diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 8 a 14) y, las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se publica en este Órgano de Control Constitucional. ACUERDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DICIOCHO QUE DICE: Por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandro Nolasco Morales, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese como juicio de amparo 1544/2018. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente, en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en la carpeta administrativa 27/2018, mediante el cual declara improcedente la solicitud de exclusión de la prueba consistente en la motosierra marca Husquara Special, modelo trescientos sesenta y cinco (365), color naranja, barra metálica de cincuenta (50), centímetros, por haber sido obtenida -según el aquí quejoso-, de manera ilícita. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, inciso b), de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: - - - b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en la carpeta administrativa 27/2018, mediante el cual declara improcedente la solicitud de exclusión de la prueba consistente en la motosierra marca Husquara Special, modelo trescientos sesenta y cinco (365), color naranja, barra metálica de cincuenta (50), centímetros, por haber sido obtenida -según el aquí quejoso-, de manera ilícita; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del citado procedimiento; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una resolución favorable en la carpeta administrativa 27/2018, del índice de la Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al procedimiento natural; ello conforme a lo dispuesto en las fracciones X y XIX, del apartado B, del artículo 173 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una resolución favorable en la carpeta administrativa 27/2018, del índice del Juez responsable, toda vez que la materia del acto reclamado versa en esencia, en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en la carpeta administrativa 27/2018, mediante el cual declara improcedente la solicitud de exclusión de la prueba consistente en la motosierra marca Husquara Special, modelo trescientos sesenta y cinco (365), color naranja, barra metálica de cincuenta (50), centímetros, por haber sido obtenida -según el aquí quejoso-, de manera ilícita. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ya que se insiste, se trata esencialmente del acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en la carpeta administrativa 27/2018, mediante el cual declara improcedente la solicitud de exclusión de la prueba consistente en la motosierra marca Husquara Special, modelo trescientos sesenta y cinco (365), color naranja, barra metálica de cincuenta (50), centímetros, por haber sido obtenida -según el aquí quejoso-, de manera ilícita; y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia definitiva que se llegue a dictar a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en las fracciones X y XIX, del apartado B, del artículo 173 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo expuesto, el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano forme parte, pues el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en la carpeta administrativa 27/2018, mediante el cual declara improcedente la solicitud de exclusión de la prueba consistente en la motosierra marca Husquara Special, modelo trescientos sesenta y cinco (365), color naranja, barra metálica de cincuenta (50), centímetros, por haber sido obtenida -según el aquí quejoso-, de manera ilícita, afecta derechos adjetivos los cuales no se restringen en grado predominante o superior los derechos de la parte quejosa, y mucho menos se trata de determinaciones de las cuales dependa la suerte del juicio, habida cuenta que, precisamente al momento de dictarse la resolución definitiva correspondiente, la autoridad competente habrá de valorar todas las constancias que integran la causa de origen, a efecto de resolver si en el caso concreto se encuentra o no plenamente acreditado el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, así como la procedencia a la condena o no a la reparación del daño y, en su caso, el monto de los mismos, debiendo analizarse además, todos y cada uno de los medios de prueba admitidos y desahogados por las partes, a efecto de determinar si tienen o no el alcance demostrativo necesario de demostrar los extremos de la postura defensiva o teoría del caso, así como los planteamientos del Ministerio Público, y de la parte ofendida. Circunstancias las anteriores que conducen a la conclusión de que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio. Esto es así, porque, como ya se indicó, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, ello aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, dado que podría impugnarla en amparo directo, como ya se dijo en términos del artículo 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Alejandro Nolasco Morales, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Heriberto Gómez Hernández y Víctor Manuel Popoca Cortina, dado que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
- Principal
VI.- agréguense a los autos los oficios signados por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Hidalgo "1" en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de dicha dependencia, por medio del cual informa que mediante diverso oficio 400-30-00-01-01-2018-010510 se remitió para su control y cobro de la multa determinada por este juzgado de distrito copia certificada del diverso oficio 19703/2018 a la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2" y respecto del segundo oficio hace del conocimiento que el sancionado tiene su domicilio fiscal dentro de la circunscripción de la citada Administración "2" por tanto no pudo llevar a cabo ninguna gestión de cobro. Atento a lo anterior, si bien es cierto que mediante auto de dos de marzo del año en curso (fojas 347 a 350), éste juzgado impuso Salvador Camacho Aguirre en su carácter de Coordinador General de Centros Federales de la Administración Desconcentrada de Recaudación Hidalgo "1" con sede en Hidalgo, José Alberto Rodríguez Calderón quien fungía como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y Rodolfo Saab Chapa quien fungía como Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, una multa equivalente a cien veces la Unidad de Actualización vigente, sanción que fue determinada en pesos, es decir que asciende a la cantidad de $8,060 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que resulta de multiplicar $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) al haber sido demostrado el desacato al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto lo cierto es que este juzgado oportunamente remitió a la autoridad recaudadora los datos de identificación proporcionados por el superior jerárquico de las dependencias para la cual laboraba el antes citado. Por tanto, dado que dicha multa constituye un crédito fiscal determinado, el procedimiento coactivo de ejecución corresponde, a la autoridad recaudadora; por ende, se deja a su discreción el cobro correspondiente pues tiene expeditas sus facultades para investigar el domicilio donde puede hacer efectiva la aludida multa. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno.
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