Alejandro Nieto Guiverra

Expediente 964/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
964/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Nieto Guiverra

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, de las que se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintidós, a fin de desahogara la prevención realizada; sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminado el solicitante de amparo, por lo que se tiene como acto reclamado: La deducción de pensión por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), ello al carecer de fundamentación y motivación, ya que dicho concepto aplica exclusivamente en las pensión otorgadas en la Ley de Seguro Social (IMSS) así como en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, a partir de la quincena del dieciséis al treinta y uno de mayo del año en curso. DESECHAMIENTO Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que reclama la deducción del impuesto sobre la renta (ISR) en su pensión, por parte de las autoridades que señaló como responsables: Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios. Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios. Tesorería del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios. En el caso, quien resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, porque las citadas autoridades sólo retienen el impuesto sobre la renta, lo cual no les da el estatus de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues actúa como auxiliar de las autoridades hacendarias en la recaudación de las contribuciones, en virtud de que tienen la obligación legal ineludible de descontar o retener el impuesto sobre la renta y enterarlo a la autoridad hacendaria En efecto, los numerales antes citados a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---------- (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) " II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.(.)" Al efecto debe decirse que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. En tal sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que tiene origen en una relación de supra a subordinación. En ese tenor, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Así, este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Cabe recalcar que tratándose de las relaciones de coordinación, es común que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica. Esto se debe a que todos los contratos se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes; por tanto, los derechos y obligaciones son bilaterales, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación en favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades, lo que sucede, por ejemplo, cuando la institución bancaria suspende el uso de las tarjetas de crédito ante la falta de pago de sus deudores; la aseguradora interrumpe la cobertura del seguro ante el impago de las primas respectivas; las telefónicas inhabilitan el servicio del teléfono e Internet ante el impago de las mensualidades respectivas; las tintorerías retienen las prendas trabajadas por falta de pago. Derivado de lo anterior, cuando en el juicio de amparo, se reclama un acto, cuya naturaleza no corresponde a lo anteriormente precisado y por ende, se determina que no es de autoridad, entonces, aquél resultará improcedente. Ahora, tomando en consideración que la quejosa impugna como acto reclamado la retención del Impuesto Sobre la Renta, lo cual bastaría para apreciar que no se trata de una autoridad, sino la mera aplicación de una obligación que las normas tributarias le imponen al propio Estado; en efecto, pues dicha obligación emana de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su Título IV. En relación con la retención de impuestos, debe decirse que ésta consiste en la determinación y descuento del importe a cargo del contribuyente, por parte de un tercero, para su posterior entrega al fisco; esto es, la retención de impuestos es un instrumento de recaudación de la obligación tributaria principal que actúa en el momento en que se produce la renta gravable, por lo que el retenedor - que es una persona distinta del contribuyente y de la autoridad fiscal- tiene el deber de aplicar las disposiciones legales respectivas para llevar a cabo la retención adecuada, siendo, en consecuencia, un sujeto obligado frente a la administración tributaria. Esto es así, toda vez que el propio artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, lo señala como uno de los sujetos obligados de la deuda tributaria, al otorgarle el carácter de responsable solidario del contribuyente, como se advierte de la reproducción: "Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes: (.) I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. (.)" En ese orden de ideas, el retenedor no es una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues actúa como auxiliar de las autoridades hacendarias en la recaudación de las contribuciones, en virtud de que tiene la obligación legal ineludible de descontar o detraer la parte correspondiente al impuesto sobre la renta, para posteriormente enterarla a la autoridad hacendaria. Por tanto, la retención de la que se duele la peticionario de amparo del Impuesto sobre la Renta, con motivo del ingreso recibido por el pago de la quincena correspondiente del dieciséis al treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, a través del comprobante de percepciones y deducciones, número de folio del recibo en comento 1304466788 y con fecha de pago treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, no lo realizaron las responsables con carácter de imperio, sino que lo realizaron, en su carácter de patrón de la quejoso y, por ende, al respecto se encuentran desprovistos de su carácter de autoridad, pues, se insiste, se encuentran en un plano de subordinación con respecto a las autoridades hacendarias, toda vez que éstas, al utilizar diversos agentes económicos como recaudadores impositivos por su ubicación en los distintos actos que dan lugar al pago de las contribuciones, lo que busca es disminuir el costo de su actividad y percibir el monto de las contribuciones con más eficacia y celeridad que si fuera el obligado quien debiera ingresarlo directamente. Para lograr dicho objetivo, resulta necesario ubicar al retenedor en un plano de subordinación respecto a la autoridad hacendaria, a fin de que sea ésta quien vigile el debido cumplimiento de dichas disposiciones tributarias, como en el presente caso sucedió. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1797, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes." También resulta aplicable a lo anterior, por las razones que informan la tesis I.15o.A.145 A, de la Novena Época, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, del mes de octubre de 2010, página 3170, cuyo rubro y texto es: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS POR CONCEPTO DE JUBILACIONES O PENSIONES QUE REALIZA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 251, 270 y 291 de la Ley del Seguro Social, se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa con el carácter de autoridad, estableciendo una relación de supra a subordinación con los patrones y demás sujetos obligados, cuando como organismo fiscal autónomo determina y recauda las aportaciones de seguridad social; empero, también funge como particular, en un plano de igualdad con los gobernados, cuando en su carácter de ente asegurador sustituye a los patrones, como consecuencia del vínculo laboral que se establece entre trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; siendo en este carácter con el que realiza la retención a que se refiere el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de los ingresos de los beneficiarios por concepto de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que excedan de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por consiguiente, tal retención no constituye un acto de autoridad susceptible de reclamarse por vicios propios a través del juicio de amparo, dado que el citado instituto no la realiza en su carácter de organismo fiscal autónomo, sino como ente asegurador respecto de los conceptos a que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado y, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 113 y 118 de la citada legislación tributaria, actúa en auxilio de la administración pública en la recaudación de impuestos, pues está obligado a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, lo que representa una actividad que atañe al carácter de responsable solidario del tributo relativo." En ese sentido, al actualizarse la hipótesis normativa que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, en relación con el diverso numeral 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por ++++++++, regístrese bajo el número 964/2022-V-A. PREVENCIÓN. Ahora, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, en relación con el numeral 114, fracción I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, "bajo protesta de decir verdad", realice lo siguiente: Precise si en la presente demanda reclama la aplicación del artículo 93 fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; en caso de ser así, señale a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo de creación de dicha norma. Además, en el caso de señalar la aplicación de la norma, deberá indicar si lo hace en el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. Lo anterior, toda vez que tales datos resultan indispensables a fin de que este juzgado pueda fijar correctamente la litis. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe al promovente que de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados dentro del plazo que se le concede, admitirá la demanda únicamente en lo tocante al acto reclamado consistente en la deducción de pensión por concepto de impuesto sobre la renta (ISR). DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio alterno de comunicación" (no procesal), el correo electrónico que proporciona. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente ala parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano