Alejandro Nefi Ameneyro González

Expediente 770/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
770/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Nefi Ameneyro González

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara firme el auto en el que se desechó la demanda de amparo; archívese este asunto como total y definitivamente concluido, mismo que es susceptible de depuración y destrucción en los términos señalados. ®

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, notifico al quejoso el proveído de doce de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 770/2018-VI del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, proveído que dice: Visto el escrito de demanda signado por Alejandro Nefi Ameneyro González, por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México. Fórmese expediente y regístrese con el número 770/2018-VI, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E. A su vez, de conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por otro lado, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Conforme a este artículo, las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales la juzgadora se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Ello, porque el acto reclamado consiste en la interlocutoria de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de actualización de pensión alimenticia, promovido en el juicio 287/2014, seguido por Ma. Isabel Velázquez Hilario en contra de Alejandro Nefi Ameneyro González, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México. Con motivo de lo anterior se deduce como requisito indispensable para promover el juicio biinstancial, el atender al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en que el gobernado, previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Ello es así, ya que el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que tiene por objeto proteger al individuo de los actos arbitrarios de autoridad que afecten su esfera de derechos. Así, cuando ello ocurre y existen medios de impugnación previstos en la ley que rige el acto, la parte quejosa debe agotarlos, pues con ello puede ser revocado, modificado o nulificado el acto que vulnera su esfera jurídica, lo que de ser así, haría innecesario acudir a la instancia constitucional. Lo anterior, se encuentra contenido en el criterio jurisprudencial 44/2012, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, de la décima época, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por tanto, cuando se reclamen actos de los clasificados como de ejecución irreparable, dictados dentro de un juicio del orden civil, que derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. En ese orden, se desprende que antes de acudir a la instancia constitucional, el quejoso, al ser parte demandada formal y material en el juicio de origen, debió agotar el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México. En efecto, el artículo 2.164 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, establece: "Art. 2.164. Las resoluciones que decidan incidentes sobre la liquidación de sentencia son apelables sin efecto suspensivo. [.] Por tanto, al conceder la ley ordinaria un medio de defensa por virtud del cual pueda ser nulificado el acto reclamado, es inconcuso que el peticionario estaba obligado a agotarlo, previo a que acudiera a la instancia constitucional. De lo anterior se advierte que la disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." En las relatadas condiciones, resulta claro que al no haber agotado la parte quejosa previamente a la instancia constitucional, el recurso de apelación, incumple con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, máxime que en el caso que nos ocupa, no se está en presencia de un acto que implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por tanto, no se conculca en forma alguna, en perjuicio de la amparista, la garantía contenida en el artículo 16 Constitucional, hipótesis en los que no se exige agotar el principio de definitividad. Aunado a que como se advierte de las manifestaciones del quejoso, es parte formal en el expediente 287/2017, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México. Además de que, aun cuando el acto pudiera tratarse de aquellos que tuviesen una ejecución de imposible reparación, la parte quejosa estaba obligada antes de promover el juicio de amparo indirecto, a agotar el medio ordinario de defensa respectivo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 902, del tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de los actos precisados en el presente acuerdo.

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