Alejandro Muñoz Venegas
Expediente 866/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alejandro Muñoz Venegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a doce de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
SINTESIS.- VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 866/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Alejandro Muñoz Venegas, por derecho propio, mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutoras. Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Primera Agencia Investigadora. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Segunda Agencia Investigadora de Ciudad Renacimiento. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Tercera Agencia Investigadora de Costa Azul. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la agencia Investigadora de Barrios Históricos. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Garita. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia Investigadora de la Zapata. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Coloso. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Colonia Jardín. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia Investigadora de Mozimba. ACTO RECLAMADO "Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora, la ilegal orden de aprehensión, girada en mi contra y de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo la EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO que pretendan darle a dicha orden de aprehensión, la cual no tiene sustento ni fundamento legal, dado que sin haber cometido delito alguno se pretende privarme de mi libertad personal, y probablemente imputarme hechos delictuosos que no he cometido, de ahí que los actos reclamados vulneran totalmente las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los preceptos constitucionales que se precisan en esta demanda, para lo cual solicito sea analizado el acto que aquí se reclama para poder determinar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión girada en mi contra". SEGUNDO. En acuerdo de uno de septiembre de dos mil quince, se registró la demanda de amparo bajo el número 866/2016, se admitió a trámite dicha demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe precisar que al rendir su informe justificado el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, informó que el seis de septiembre de dos mil trece, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, libró orden de reaprehensión en contra del quejoso; por lo que mediante acuerdo de seis de septiembre del año en curso, con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, se dio vista al promovente del amparo, para que ampliara su demanda y manifestara su deseo de señalar o no como nuevo acto reclamado la resolución de seis de septiembre de dos mil trece, dictada en el toca 965/-VIII/2011, por la Sala mencionada. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, el diecinueve de septiembre del año en curso, Alejandro Muñoz Venegas, amplió su demanda y señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ACTO RECLAMADO: "Establezco que el acto que reclamo de la nueva autoridad señalada como responsable, es LA RESOLUCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DICTADA DENTRO DEL TOCA PENAL 965-VIII/2011, en donde se ordena una orden de reaprehensión en mi contra, la cual no tiene sustento ni fundamento legal, dado que sin haber cometido delito alguno se me pretende privarme de mi libertad personal y probablemente imputarme hechos delictuosos que no he cometido, para lo cual solicito sea analizado el acto que aquí se reclama para poder determinar la inconstitucionalidad de la orden de reaprehensión girada en mi contra". Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por ampliada la demanda respecto del acto que y autoridad antes mencionada, por lo que la cual se solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diversos diferimientos, se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto privativo de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda y su ampliación, en relación con las demás constancias que obran en autos se precisa que el peticionario del amparo reclama: La orden aprehensión girada en su contra por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares; y, La resolución de seis de septiembre de dos mil trece, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, derivado de la causa penal 05-I/2011, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, instruida en contra del quejoso y otros, por el delito de fraude específico cometido en agravio de Deacero Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se libra orden de reaprehensión en contra del promovente del amparo. TERCERO. Los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron los actos que se les reclaman. Tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, el quejoso no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia del acto que les reclama y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por dichas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquello tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en este considerando, y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO. Por su parte, la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. Sin embargo, dicha autoridad manifestó que en ese Juzgado se radicó la causa penal número 005-1/2011 en contra del quejoso por el delito de fraude específico en agravio de Deacero, Sociedad Anónima de Capital Variable; y que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 934/2012-I, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, el seis de septiembre de dos mil trece, la Segunda Sala Penal dictó resolución en el toca VIII-965/2011, derivado de la causa penal 005-1/2011, instruida en contra de Alejandro Muñoz Venegas y otros, por el delito de fraude específico cometido en agravio de Deacero, Sociedad Anónima de Capital Variable. En esa tesitura y previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado al Juez Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, señalado en el inciso a) del segundo considerando, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme con la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver en el asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión atribuida al Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal número 005-1/2011, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación, dicha orden de aprehensión, efectivamente, fue librada en su contra el quince de febrero de dos mil once, por el delito de fraude específico, y el uno de junio de dos mil once, le decretó auto de formal prisión, lo que define su situación jurídica como procesado. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir el fondo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó con el dictado del auto de formal prisión, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, mientras que el auto de formal prisión ya se había decretado en contra del quejoso. En ese tenor, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en virtud de que los actos reclamados, se circunscriben ahora a uno diverso, lo que imposibilita el examen constitucional de la retención tildada de inconstitucional, sin afectar la nueva situación derivada, de modo que las violaciones cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado al Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Primera Agencia Investigadora, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Segunda Agencia Investigadora de Ciudad Renacimiento, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Tercera Agencia Investigadora de Costa Azul, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la agencia Investigadora de Barrios Históricos, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Garita, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia Investigadora de la Zapata, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Coloso, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Colonia Jardín, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia Investigadora de Mozimba, al no haberles sido reclamado por vicios propios. QUINTO. Son ciertos el acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, precisado en el inciso b), del considerando segundo de esta sentencia, pues aunque su Magistrado Presidente, fue omiso en manifestar la certeza o no de los actos reclamados, informó -en lo que aquí interesa- que pronunció resolución el seis de septiembre de dos mil dieciséis, en el toca penal VIII-965/2011, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo 934/2012-I emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. Existencia que debe hacerse extensiva respecto del acto reclamado al Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Primera Agencia Investigadora, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Segunda Agencia Investigadora de Ciudad Renacimiento, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Tercera Agencia Investigadora de Costa Azul, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la agencia Investigadora de Barrios Históricos, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Garita, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia Investigadora de la Zapata, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Coloso, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora de la Colonia Jardín, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia Investigadora de Mozimba, quienes al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, atendiendo a las funciones que tienen encomendadas, es decir, dar cumplimiento en cualquier momento a las órdenes de captura libradas por las autoridades judiciales competentes, y de la certeza del acto reclamado a la autoridad ordenadora Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, debe tenerse como cierto. SEXTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se estima que, como lo manifiesta la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado fue materia de estudio en diverso juicio constitucional. Ahora bien, el artículo en mención dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Conforme con lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que han sido materia de una sentencia de amparo, promovido por el mismo quejoso, mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Juicio en el que se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por vía de amparo se reclaman; o cuando, precisada la existencia de éste se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya efectuado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado. Es importante mencionar que la causa de improcedencia solo aplica cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en diversos criterios, que la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica sobre lo decidido. Asimismo, se precisa que todo juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, se instituye a través de una serie de actos procesales, que sólo preparan el pronunciamiento de una sentencia; por lo que, cuando ésta se dicta y queda firme, implica la validez de la secuencia de tales actos, cuya existencia persiste hasta la emisión de ese fallo (que es la razón de su existencia y trascendencia); por tanto, adquiere el carácter de inmodificable e irrevocable, ya que constituye la verdad legal de la litis que se dirimió ante la autoridad. La doctrina define la cosa juzgada como el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las sentencias (punto de vista formal). En el sentido material, consiste en la verdad legal. Es una verdad definitiva que ya no puede ser rebatida desde ningún punto de vista y en ninguna oportunidad. Desde un punto de vista formal o procesal, se ha sostenido que la cosa juzgada significa la imposibilidad de impugnación de una sentencia (se identifica con la firmeza o definitividad que adquieren determinadas resoluciones); y conforme al punto de vista material o de fondo, la autoridad de la cosa juzgada alude al carácter irrebatible o inmodificable de la decisión jurisdiccional a que se ha llegado (se identifica con la verdad legal o eficacia de la decisión en el tiempo). Para la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, se requiere -como se adelantó- que exista identidad de partes (quejoso y autoridades responsables) y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores extremos, en el caso quedan comprobados, como se advierte de las constancias que integran la causa penal 005-1/2011 y el toca de apelación VIII-695/2011 (tomos I a VII de pruebas), remitidas por las responsables, de las que se desprenden -en lo que aquí interesa- los siguientes antecedentes: El diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Agente del Ministerio Público Investigador Número dos en delitos patrimoniales del primer Distrito Judicial en Monterrey, Nuevo León, consignó averiguación previa sin detenido, de la que conoció el Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, en la que ejercitó acción penal en contra de Alejandro Muñoz Venegas y otros, por el delito de fraude específico, radicándose en auto de dieciocho de noviembre de esa anualidad. En proveído de siete de diciembre de dos mil diez, el Juez Segundo antes mencionado, se declaró legalmente incompetente y ordenó remitir el original del expediente al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de su entidad, a fin de que por su conducto se remitieran los autos al Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. El diecinueve de enero de dos mil once, se remitió el expediente al Juez en turno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, correspondiendo su conocimiento al Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, quien por auto de veinticinco de enero de dos mil once aceptó la competencia y ordenó su radicación bajo el número 05-1/2011. El quince de febrero de dos mil once, el Juez de Primera Instancia, libró orden de aprehensión en contra de Alejandro Muñoz Venegas y otros, por el delito de fraude específico cometido en agravio de la moral Deacero, Sociedad Anónima de Capital Variable. El veintiséis de mayo de dos mil once, comparecieron los inculpados, entre ellos Alejandro Muñoz Venegas, ante el Juez instructor, mediante los efectos de la suspensión provisional que le fue concedida, por lo que en esa fecha se decretó su detención virtual; rindió su declaración preparatoria, solicitando la ampliación del término constitucional, y al fenecer el término, el primero de junio de dos mil once, dictó auto de formal prisión en contra de los indiciados por el delito de fraude específico cometido en agravio de Deacero, Sociedad Anónima de Capital Variable. Inconformes con dicho auto, los procesados interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, registrándose con el número VIII-965/2011, resuelto en sentencia de cuatro de julio de dos mil doce, en la que la responsable determinó revocar el auto de formal prisión de uno de junio de dos mil once y dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Alejandro Muñoz Venegas y otros. En contra de dicha resolución, la agraviada Deacero, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió demanda de amparo indirecto, de la que conoció el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, registrándose con el número de amparo 934/2012-I, resuelta el veintiuno de enero de dos mil trece, concediendo la protección constitucional solicitada. En acatamiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 934/2012-I, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, el seis de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia en la que dejó insubsistente la resolución de cuatro de julio de dos mil doce, respecto a Alejandro Muñoz Venegas, Fidel Salgado Basilio y Melchor García Patricio; por lo que confirmó el auto de formal prisión de primero de julio de dos mil once, dictado por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 05-I/2011 y ordenó librar orden de reaprehensión en contra de los indiciados. Alejandro Muñoz Venegas, promovió demanda de amparo en contra de actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en la orden de reaprehensión y/o aprehensión, demanda que se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número 847/2013, resuelto el nueve de agosto de dos mil trece, sobreseyendo en el juicio de garantías. Alejandro Muñoz Venegas, promovió demanda de amparo en contra de actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en la orden de reaprehensión y/o aprehensión, radicándose ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número 936/2013, resuelto en ejecutoria de veintiuno de enero de dos mil catorce, sobreseyendo en el juicio de garantías, en tanto que el acto reclamado (orden de reaprehensión ordenada en resolución de seis de septiembre de dos mil trece), se dictó posteriormente a la presentación de la demanda que dio origen a dicho juicio de garantías; inconforme con la ejecutoria de amparo mencionada, el indiciado interpuso recurso de revisión resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, bajo el número 60/2014, en el que fue confirmada la sentencia de amparo recurrida. Alejandro Muñoz Venegas, promovió demanda de amparo en contra de actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en la orden de reaprehensión, pronunciada en los autos del toca penal VIII-934/2012, demanda que se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número 626/2014-III, resuelto el veintitrés de septiembre de dos mil quince, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada. En dicha ejecutoria, el Juzgador Federal, precisó que el acto destacado lo constituyó la resolución de seis de septiembre de dos mil trece, en la que, en cumplimiento a la sentencia de amparo 934/2012-I, se confirmó el auto de formal prisión de uno de junio de dos mil once, lo que dio origen a la orden de reaprehensión reclamada, en contra de Alejandro Muñoz Venegas, y en suplencia de la queja, realizó el estudio del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso por el delito de fraude específico cometido en agravio de la moral Deacero, Sociedad Anónima de Capital Variable. Inconforme con la sentencia de amparo, Alejandro Muñoz Venegas, interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, registrado con el número 387/2015 y resuelto en sesión de catorce de abril de dos mil dieciséis, el sentido de confirmar la resolución recurrida. Finalmente, Alejandro Muñoz Venegas, promovió demanda de amparo en contra de los actos consistentes en la orden de aprehensión y/o reaprehensión, que atribuyó al Juez Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares y a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, radicada ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, registrándose con el número 481/2016-I, resuelta el cinco de julio de dos mil dieciséis, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la diversa fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, causando ejecutoria el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Como se advierte de los antecedentes reseñados, el quejoso promovió diversos juicios de amparo, en contra del acto que atribuyó a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, consistente en la resolución de seis de septiembre de dos mil trece, en la que se confirmó el auto de formal prisión de uno de junio de dos mil once, lo que dio origen a la orden de reaprehensión, específicamente los juicios de amparo números 626/2014-I y 481/2016; luego, si en ambos juicios de garantías el quejoso reclama el mismo acto, y se lo atribuye a la misma autoridad, es inconcuso que se actualiza la causal de sobreseimiento que se analiza, porque de la confrontación entre el juicio de amparo en que se actúa (866/2016) y los diversos 626/2014-I y 481/2016-I, radicados ante el Juzgado Tercero de Distrito en Estado de Guerrero, se advierte que: 1. Existe identidad del quejoso, dado que ambos fueron promovidos por Alejandro Muñoz Venegas. 2. Hay coincidencia en las autoridades responsables; ya que en ambos juicios se señalaron como autoridades ordenadoras al Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; y, como autoridades ejecutoras al Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Primera Agencia Investigadora; así como los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial adscritos a los Sectores Renacimiento, Costa Azul, Barrios Históricos, Garita, Zapata, Coloso, Jardín y Mozimba, 3. Concurre el mismo acto reclamado la resolución dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, el seis de septiembre de dos mil trece, por la que se confirmó el auto de formal prisión de uno de junio de dos mil trece, dictado por el Juez de Primera Instancia; y la cual dio origen a la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso Alejandro Muñoz Venegas, por el delito de fraude específico en agravio de Deacero, Sociedad Anónima de Capital Variable. En esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 40/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 286, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." Determinación que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se reclaman del Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Primera Agencia Investigadora; así como los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial adscritos a los Sectores Renacimiento, Costa Azul, Barrios Históricos, Garita, Zapata, Coloso, Jardín y Mozimba, porque no ser reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios invocados en el presente asunto no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 866/2016, promovido por ALEJANDRO MUÑOZ VENEGAS, por su propio derecho, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, asistido por Maria del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas de la causa penal 005-1/2011 y del toca penal 965-VIII/2011 del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado los tomos de pruebas II, III, IV, V, VI y VII relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado mediante proveído de veinte de septiembre pasado, a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, para efecto de que rinda su informe de justificado respecto de la ampliación de demanda formulada por la parte quejosa, como se advierte de la constancia de notificación del oficio 25251/2016 (foja 109), por medio del cual se le solicito; por lo tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, según la certificación de cuenta, se difiere para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Alejandro Márquez Solís545/2023
- Alejandro Mendiola Laurel189/2017
- Alejandro Moreno Ozuna709/2022
- Alejandro Mota Cipres496/2021
- Alejandro Mota Cipres653/2021
- Alejandro Mota Cipres482/2020
- Alejandro Ollua Hernández540/2020
- Alejandro Ollua Hernández10/2020
- Alejandro Oscos Alvarado66/2019
- Alejandro Oscos Alvarado43/2019
- Alejandro Padrón Torres946/2019
- Alejandro Patiño Solís1032/2016