Alejandro Muñoz Trejo
Expediente 1336/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandro Muñoz Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de ser destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la determinación del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, glósense los cuadernos incidentales y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, remitiendo los cuadernos incidentales relativos a su juicio de amparo 997/2021-VI. Acúsese de recibo vía interconexión. Finalmente, fórmense las carátulas respectivas de los incidentes que se reciben para que obren por cuerda separada. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez de Control Especializado en Órdenes de Cateo y Aprehensiones en Línea del Estado de México, y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1336/2021-III. Por otro lado, toda vez que el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, remitió dicha demanda por conocimiento previo, este Juzgado convalida todas las actuaciones que realizó en su juicio de amparo 997/2021-VI y atendiendo que dicho juzgado federal tramitó por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado por el quejoso, se le solicita de la manera más atenta y respetuosa que de no tener inconveniente para ello, se sirva remitir los cuadernos incidentales, garantía que en su caso se haya integrado y exhibido. Ahora, de las constancias que se reciben, se desprende que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión del tres de mayo de dos mil quince, emitida en la carpeta administrativa **********, por el hecho delictuoso de homicidio calificado (por haberse cometido con premeditación y ventaja). En ese aspecto, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Lo anterior, dado que resulta como hecho notorio para el suscrito que la parte quejosa, acto reclamado y autoridad responsable en el presente asunto y el diverso 506/2015-VII del índice de este juzgado, son idénticos, dado que en este último, fue promovido por **********, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, donde se reclamó la orden de aprehensión del tres de mayo de dos mil quince, emitida en la carpeta administrativa **********, por el hecho delictuoso de homicidio calificado (por haberse cometido con premeditación y ventaja). Asimismo, el veinticinco de agosto de dos mil quince, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; sentencia que fue confirmada por ejecutoria del tres de diciembre de dos mil quince, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el amparo en revisión principal 263/2015. Por tanto, el acto reclamado en el presente asunto ha sido materia de una resolución ejecutoriada en otro juicio de amparo (506/2015-VII), que impide que sea nuevamente atacado mediante la acción de amparo conforme al principio de cosa juzgada, que inspira la fracción XI, del precepto legal aludido. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, materia Constitucional, Común, página 1107. "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia". Así como, la tesis VII.2o.C.25 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, materia Constitucional, Común, página 3530. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia". En consecuencia, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al actualizarse la causa de improcedencia mencionada. Determinación que, desde luego impide analizar las cuestiones de fondo propuestas por la parte quejosa, como se advierte de la Jurisprudencia 1027 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible la página 115 del Tomo IX, Común, Enero de 1992, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con el número de registro 220,705, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Se tiene la lista electrónica para oír y recibir notificaciones, ya que el domicilio indicado se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. Sin embargo, por única ocasión notifíquese esta determinación de forma personal en la dirección señalada en el escrito inicial. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que así lo ameriten; en el entendido de que para la práctica de las mismas, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Se tiene por autorizadas a las personas que señala para los efectos que indica. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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