Alejandro Mugica Prado

Expediente 19/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
19/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Mugica Prado

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón levantada por la Actuaria de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído dictado el once de enero del año en curso, ya que al constituirse en legal y debida forma en el domicilio señalado para tal efecto, se entrevistó con una persona del sexo femenino que no quiso proporcionar su nombre, a quien le preguntó por la quejosa y sus autorizados, y ésta le informó que solamente conoce al licenciado Brasil Cuadra Duarte, ya que anteriormente dicha persona tenía su despacho en ese domicilio, pero hace aproximadamente cinco años dejó el inmueble, sin saber a dónde se haya cambiado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle por lista el proveído de dieciocho de enero de la presente anualidad, así como las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Sin que sea el caso ordenar notificar el auto de once de enero del año en curso, toda vez que ya desahogo el requerimiento que ahí se le formuló. NOTIFÍQUESE; y personalmente a la parte quejosa el auto de dieciocho de enero del año en curso (lista).

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PROCEDO A NOTIFICAR AL QUEJOSO ALEJANDRO MUGICA PRADO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO EN LA PÁGINA DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL PROVEÍDO DE DATA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Uruapan, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el escrito de cuenta, téngase al promovente Omar Moreno Munguia quien se ostenta apoderado jurídico de Alejandro Mugica Prado, cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de once de enero del año en curso, para lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que comparece en cuanto apoderado jurídico de Alejandro Mugica Prado, carácter que señala le fue reconocido ante la autoridad responsable, con el poder general para pleitos y cobranzas otorgado ante la fe del Notario Público Número Treinta y Nueve, con ejercicio y residencia en Sahuayo, Michoacán, que señala es copia íntegra del documento que en original se encuentra exhibido dentro del juicio oral mercantil 164/2020 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima que en el presente asunto se surte plenamente la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo cuerpo de leyes, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para la procedencia del juicio que nos ocupa. Así, el examen relacionado de esas disposiciones legales revela, como regla general, que en contra de actos violatorios de derechos fundamentales suscitados en el juicio es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, pero cuando se trate de actos pronunciados en el juicio natural cuya ejecución sea de imposible reparación o, bien, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de igual índole, procede el juicio de amparo indirecto. Para determinar cuándo se está en presencia de actos fuera del juicio que son de imposible reparación, la Ley de Amparo, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance jurídico del extremo de que se trata, que no es otro más que el de imposible reparación, desde luego, para efecto de la procedencia del juicio de amparo. La primera de ellas se encuentra ubicada en el artículo 107, fracción IV, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos derivados fuera de juicio o después de concluido. La segunda de esas precisiones se observa en la fracción V del propio precepto legal, cuya vocación es la de normar la misma hipótesis de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dicho. Con lo anterior queda claro que el legislador otorgó mayor seguridad jurídica en torno a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal fijó su propósito de que tanto en procedimientos en forma de juicio, como en los procedimientos judiciales propiamente dicho, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación para el efecto de la procedencia del juicio de amparo, no exclusivamente necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan de manera actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, sino que también deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionándose bienes jurídicos cuya fuente no derive únicamente de las leyes adjetivas aplicables. Por lo tanto, no hay duda de que para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos reclamados deben tener una ejecución de imposible reparación, lo que se surte cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma actual o presente, sin duda, antes del dictado del fallo definitivo y, a su vez, la afectación recae sobre derechos que revisten la característica de sustantivos. Ahora, de un análisis integral de la demanda se advierte que los actos reclamados en concreto consisten en audiencia preliminar de trece de diciembre de dos mil veintidós, en la cual no se admitieron los incidentes de falta de personalidad y personería así como el de caducidad de la instancia, y el acuerdo de fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, el cual no admite incidente de caducidad de la instancia, todos dentro del Juicio Oral Mercantil 164/2020; audiencia anterior, en la que entre otras cosas, se dijo al quejoso que se negaba su admisión porque no se encontraba en la etapa de depuración del procedimiento y que no era la etapa procesal oportuna; y por lo que respecta al acuerdo de cinco de enero de este año, se negó la admisión del incidente de caducidad de la instancia en virtud de que estuviera a lo dispuesto por el artículo 1390 bis 40 del Código de Comercio. Una vez precisado lo anterior, es evidente que el acto reclamado no afecta de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa, como puede ser la vida, la libertad, la propiedad o posesión de sus bienes, etcétera, pues si bien argumenta que con la emisión de la audiencia y proveído dentro del juicio natural, resiente una afectación que ello trastoca el procedimiento, dejando a la parte quejosa en estado de indefensión; lo cierto es que, es evidente que dichas violaciones tienen el carácter de procesales, por lo que el peticionario de amparo, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracciones II y XII, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. Es así, porque no es posible determinar si con el reconocimiento de la personalidad de la parte contraria en el juicio natural y la secuela procesal del mismo, en sentencia definitiva se decida contra sus intereses. De ahí que no exista afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano sea parte, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, que se vea afectado de manera directa y real, con que en la audiencia preliminar de trece de diciembre de dos mil veintidós, no se haya admitido los incidente de falta de personalidad y personería así como el acuerdo de fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, el cual no admitió incidente de caducidad de la instancia, en el entendido de que la audiencia y auto reclamados dictados en el juicio de origen, de momento, no priva al solicitante de garantías del derecho de audiencia y defensa, ya que si bien no se admitieron dichos incidentes, tal actuación puede llegar a ser intrascendente al momento del dictado de la sentencia correspondiente, en razón de que puede obtener una resolución favorable a pesar de que dichas actuaciones le hayan sido adversas, por lo que no cabe duda que dichos actos únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales; lo cual lleva a concluir que los actos reclamados en este juicio no pueden impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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