Alejandro Moreno Rico
Expediente 106/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 40 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Moreno Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el magistrado Propietario que integra la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato capital, con el cual solicita se informe el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa. Ahora, como lo solicita la autoridad oficiante, hágase de su conocimiento que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y en el archivo de este juzgado Federal.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso mediante el cual solicita la devolución de la póliza que exhibió para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el recurso de revisión 209/2018, relativo al presente Juicio de Amparo, en la cual entre otros se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso; por tanto, como lo solicita el promovente por carecer de objeto la retención de la póliza de fianza que exhibió para garantizar la suspensión definitiva que se le concedió, se le requiere para que dentro del término de TRES DIAS contado a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, pase a recibirla a este Juzgado Federal, debiendo comparecer debidamente identificado para tal efecto, con documento oficial vigente con fotografía, apercibido que en caso de no hacerlo así; dicha Póliza será devuelta vía oficio a la afianzadora para su cancelación. Por último, se hace de su conocimiento a las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la nueva Titular de este Órgano de Control Constitucional es la Jueza ***, conforme al oficio SEADS/1412/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, la suscrita Juzgadora Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional fue decretada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el Testimonio de la resolución dictada en el Amparo en Revisión Penal ***, para el siguiente efecto: Procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que la autoridad responsable: 1.- Deje insubsistente la resolución dictada el veintinueve de enero de dos mil dieciocho y, en su lugar, 2.- Valore la totalidad de las constancias de autos, en particular, aquellas que impliquen una disminución en el adeudo en el juicio ejecutivo mercantil o su garantía y, por tanto, en el daño a reparar con la conducta reprochada y, con base en ello, 3.- Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución conforme en derecho proceda, sin que pueda agravar la situación jurídica del quejoso". En razón de lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio 9935, la autoridad responsable remite copia certificada de la resolución de fecha trece de noviembre del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, dando así cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato. Ahora bien, este Órgano de Control Constitucional, estima que la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en el Estado de Guanajuato, ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el recurso de revisión ***, relativo al presente Juicio de Amparo, pues modificó la parte del auto combatido respecto del monto estimado para garantizar el posible pago de la reparación del daño en favor del ofendido, que constituyó el acto reclamado y emite una nueva resolución, dentro del Proceso Penal ***, del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, instruido en contra del aquí quejoso y otros; por tanto de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo; por lo que una vez transcurrido dicho término se procederá a archivar física y materialmente el expediente. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atento al sentido de la sentencia dictada en este Juicio de Amparo, de conformidad con el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, como lo que precisa el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de dos mil doce, el expediente en que se actúa será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue concedida la suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.
- Principal
Agréguese a los autos que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, signado por Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato y adjunta copia certificada de la resolución de trece de noviembre actual; consecuentemente, se procede a dar vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexo, para que en el término de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación a dicho cumplimiento y, una vez transcurrido dicho término, este Tribunal Federal, se pronunciará al respecto.
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