Alejandro Moreno Morales

Expediente 370/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
370/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Moreno Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de trece de mayo de la presente anualidad; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. El presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra de actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Como se advierte, el precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo promovido en contra de las resoluciones dictadas en el trámite de los juicios de amparo o en ejecución de los mismos. En ese contexto, de la demanda que nos ocupa, se aprecia que la parte quejosa reclama del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala los acuerdos de veinticuatro de marzo y treinta de abril, ambos de dos mil veintiuno, dictados en el juicio de amparo *** del registro estadístico de dicho órgano jurisdiccional. En mérito de lo anterior, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de referencia, debido a que el motivo de reclamo de la parte quejosa, fue dictado en el trámite del referido juicio de amparo, el cual aún no ha sido concluido, tal como se advierte de una consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo cual constituye un hecho notorio. Por tanto, se colige que no es factible la impugnación de dichos actos a través del juicio de amparo indirecto, pues la vía constitucional tiene por objeto proteger y preservar dicho régimen, mediante la protección de los derechos fundamentales (prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano forma parte), sin que sea dable estimar que en los actos u omisiones acontecidas dentro un procedimiento de amparo biinstancial, se violen tales derechos en perjuicio de los gobernados, pues se insiste, la protección y preservación de los mismos es precisamente la función que se ejerce mediante el juicio de amparo. Además, atendiendo a la naturaleza jurídica de la autoridad señalada como responsable, cabe destacar que los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo, ejercen función de control constitucional, por la investidura que les otorga la ley, por lo que no es jurídicamente factible combatir mediante este medio de control actos u omisiones derivados de otro juicio de derechos fundamentales, porque, de lo contrario, se desnaturalizaría la única vía establecida para ejercer la reclamación de inconstitucionalidad de actos, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Sin que al estimarlo así, se vulnere el derecho humano a un recurso eficaz, dado que admitir lo contrario generaría inseguridad jurídica, derecho humano también reconocido en la norma fundante, pues el propósito del establecimiento de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las resoluciones u omisiones acontecidas en un juicio de amparo diverso, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. Sin que pase desapercibido que en el caso en particular, el promovente haya manifestado bajo protesta de decir verdad que no forma parte en el sumario constitucional *** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, si no que únicamente fue llamado con el carácter de testigo, y que es posible que con motivo de las determinaciones dictadas en dicho sumario constitucional, se vean afectados personalmente. No obstante, tales determinaciones pueden ser materia de impugnación a través del medio de defensa que al efecto establezca la ley de amparo, sin que sea óbice el que el quejoso no tenga el carácter de parte sino de auxiliar, ya que la facultad exclusiva de las partes de promover recursos, excepcionalmente puede hacerse extensiva. Sobre esa base, por cuanto hace a los actos que reclama del Actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ya que si bien el aludido numeral ***, establece expresamente que la instancia constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de ellas, lo cierto es que la razón jurídica de la improcedencia establecida en esa fracción, es la imposibilidad de que un acto o resolución emitidos en un juicio de amparo, pueda ser materia de impugnación en otro de la misma naturaleza. Ello, con independencia de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, porque a los Jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; lo contrario implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional y se harían interminables los juicios constitucionales, con solo impugnar sus resoluciones las partes o un tercero, desnaturalizando así su esencia. Por ello, en todo caso, si los Jueces Federales al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, estas constituyen violaciones a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que su propia ley establece. Sin que pase desapercibido que las notificaciones que se reclaman, hayan sido realizadas por el actuario judicial, toda vez que tal funcionario tiene el carácter de auxiliar dentro de la tramitación del juicio de amparo, y por tanto, deviene innegable que se trata de un acto realizado en auxilio de la Justicia Federal, por lo que se surte la causa de improcedencia de referencia, en virtud de que no es jurídico que en contra de un acto realizado en un juicio de amparo, proceda otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Máxime que contra las notificaciones realizadas en un sumario constitucional, procede el incidente de nulidad de notificaciones. De esta forma es inconcuso que si bien el quejoso no tiene el carácter de parte sino únicamente de testigo, lo cierto es que de conformidad con el transcrito numeral se encuentra facultado para interponer el incidente de nulidad de notificaciones, ya que dicho dispositivo no limita la procedencia de dicho medio de impugnación a las partes, sino a cualquier persona agraviada con motivo de la indebida notificación. Finalmente, si bien el quejoso también reclama del Administrador Local de Recaudación de Tlaxcala del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actos de ejecución, reclamando expresamente las gestiones necesarias que dicha autoridad esté efectuando con la finalidad de hacer efectiva en contra del impetrante del presente sumario la multa impuesta por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, lo cierto es que tales actos los reclama en vía de consecuencia y no por vicios propios. Máxime que, de las documentales que acompaña el promovente a su demanda de amparo, se aprecia que el referido juzgador determinó que se girara oficio a la autoridad exactora una vez que quedara firme la determinación mediante la cual estimó imponerle la referida medida de apremio; lo que en la especie no se aprecia que haya acontecido1. Por tanto, aun en el supuesto de que dichos actos de ejecución se reclamaran por vicios propios, lo cierto es que constituyen de realización incierta, y por tanto, se actualizaría la causal de improcedencia. El primer precepto transcrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses jurídicos o legítimos del peticionario de garantías; y, los restantes disponen que solo podrá promoverlo la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, siendo que tendrá la calidad de quejoso, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos previstos, esto es, que produzca un afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. No obstante, los actos de ejecución que se reclaman, no tienen carácter de definitivos, atento a que su realización está condicionada a dos eventos, a saber: que no se recurra el auto mediante el cual se decretó la multa, dentro del término legal, y que en caso de no recurrirse, y de que este cause estado, que se giren los oficios correspondientes a la autoridad fiscal responsable. En este orden de ideas, se concluye que los actos de ejecución que se reclaman, por el momento no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, dado que su materialización es un acto futuro e incierto. En consecuencia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. En otro ámbito, téngase como autorizado en términos amplios, a ***, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y solo para oír y recibir notificaciones a la personas restante, por no contar con dicho registro. Ahora bien, toda vez que el domicilio señalado por el promovente para oír y recibir notificaciones no se encuentra dentro de los municipios que integran la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco; y en atención a que el correo electrónico no es propiamente un medio para recibir notificaciones; téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas electrónicas. No obstante, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene al quejoso señalando como correo electrónico la cuenta *** a efecto de que por dicho medio, este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen. Ahora bien, atendiendo a la trascendencia de la presente determinación, se faculta al actuario judicial adscrito a este juzgado federal para que por única ocasión notifique personalmente a la parte promovente el presente proveído, en el domicilio que señaló como personal, ubicado en ***. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información. Sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, la RESOLUCIÓN de fecha TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano