Alejandro Montes De Oca Vázquez
Expediente 1655/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 42 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1655/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 21/10/2016
Partes del expediente
- Alejandro Montes De Oca Vázquez
- Segundo Turno de la Agencia del Ministerio Público Especializadaa en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen recurrido la resolución emitida en el presente asunto, por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo en el presente asunto; en consecuencia; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo solicitado; asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destruirse, pues se negó la medida cautelar solicitada; y respecto del duplicado del incidente de suspensión, procédase a la destrucción, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones pertinentes, así como en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió el Visitador General con sede en Toluca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Finalmente, respecto al ocurso de cuenta, por medio del cual el quejoso desiste del presente juicio; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda, en razón de lo acordado en esta data. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1655/2015, promovido por Alejandro Montes de Oca Vázquez, por propio derecho, contra actos de los Agentes del Ministerio Público del Primero, Segundo y Tercer Tuno de la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en esta Ciudad, Alejandro Montes de Oca Vázquez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades Responsables. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables: --- A).- PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN CALLE ALDAMA S/N EN EL POBLADO DE SAN MATEO OXTOTITLAN, EN TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. --- B).- LIC. OFELIA ESPERANZA CRUZ MONTAÑEZ FISCAL DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. CON DOMICILIO EN JOSE MARIA MORELOS NÚMERO 1300, COLONIA SAN SEBASTIAN EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. --- C).- PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE CON DOMICILIO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ ESQUINA CON PASEO TOLLOCAN, SIN NÚMERO, COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. --- D).- DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN AVENIDA LERDO ORIENTE, NÚMERO 909, COLONIA SECTOR REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. --- E).- ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR "4" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 10, PISO 26, COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAHUTEMOC (SIC), MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. Actos Reclamados. "IV.- ACTO RECLAMADO: --- A).- De los agentes del Ministerio Público, adscrito al PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo el aseguramiento del inmueble ubicado en la calle de SALVADOR DÍAZ MIRON, NUMERO 800, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLAN, EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, realizado de forma ilegal en fecha 24 de septiembre del año 2015. --- De la LIC. ESPERANZA CRUZ MONTAÑEZ, FISCAL DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo LA NEGATIVA DE DAR INFORMACIÓN Y ACCESO AL SUSCRITO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 595210430258015 iniciada como consecuencia del ilegal aseguramiento del inmueble ya referido con anterioridad. --- C).- De la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo la ilegal orden de visita de fecha 24 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DIAZ MIRON, NUMERO 800, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO por no estar realizada conforme a lo establecido por el artículo 7 y 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. --- D).- De la DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MÉXICO, se reclama la orden de verificación de fecha 23 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DIAZ MIRON, NUMERO 800, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO por no estar realizada conforme a lo establecido por el artículo 7 y 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como la SUSPENSIÓN TEMPORAL de mi negocio realizada en fecha 24 de septiembre del año 2015. --- E).- De la ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR "4" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, la visita realizada en de (sic) fecha 24 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DÍAZ MIRON, NUMERO 800, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLAN en Toluca Estado de México, por excederse en sus facultades que le confiere la ley y sin fundamentar sus determinaciones." SEGUNDO. El solicitante del amparo señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de garantías a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, cuyo titular mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil quince (fojas 24 a 25), previa prevención y su desahogo, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil quince (fojas 88 a 90); se tuvo por ampliada la demanda de amparo en cuanto a conceptos de violación, así como de los actos y autoridad que a continuación se enuncian: Autoridad responsable: Jesús Mendoza Ortega, Agente del Ministerio Público adscrito a las Mesas de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Toluca-Naucalpan, con sede en Toluca, Estado de México. Acto reclamado: negativa de dar acceso a la carpeta de investigación, dar trámite a la investigación, recabar datos de prueba y negativa de devolver el inmueble asegurado. QUINTO. Durante la secuela procesal, mediante auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó la separación de autos, determinándose que el presente juicio de amparo se resolvería sobre las autoridades señaladas como: Agentes del Primero, Segundo y Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, y respecto de la Lic. Ofelia Esperanza Cruz Montañez, Fiscal de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; teniéndose como actos reclamados: a. El aseguramiento del inmueble ubicado en calle Salvador Díaz Mirón, número ochocientos, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, en Toluca, Estado de México; y, b. La negativa de dar información y acceso a la carpeta de investigación 595210430258015. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. II. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal contexto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, de la ampliación de la misma, y de los informes justificados se obtiene que la parte quejosa reclama: De los agentes del Primero, Segundo y Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: - El aseguramiento de su negocio comercial ubicado en calle Salvador Díaz Mirón, número ochocientos, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca Estado de México, realizado el veinticuatro de septiembre de dos mil quince. De la Lic. Ofelia Esperanza Cruz Montañez, Fiscal de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca; y de Jesús Mendoza Ortega, Agente del Ministerio Público adscrito a las Mesas de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Toluca-Naucalpan, con sede en Toluca, Estado de México, ambas autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: La negativa de dar información y acceso a la carpeta de investigación 595210430258015, el trámite de la investigación, recabar datos de prueba; el aseguramiento y negativa de devolver el inmueble asegurado. Es aplicable la jurisprudencia número 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, sirve sustento la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. Certeza del acto reclamado. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." a).- Actos existentes. Son ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa 5 de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pues no obstante que al rendir su informe con justificación refiere que no fue él quien aseguró el inmueble, su certeza se advierte de las constancias que conforman la carpeta de investigación 595210430258015, que en copia certificada anexó con el oficio 213200001-2551-2016, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí, que deban tenerse por ciertos los actos que se le reclaman, consistentes en el aseguramiento del negocio del quejoso, el trámite de la carpeta de investigación en cita, y el recabar los datos de prueba respectivos. Se estima aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario." b).- Actos inexistentes. El agente del Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de Toluca, Estado de México (foja 38), negó la existencia del acto que se le reclama. Por su parte la Fiscal Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 95), negó la existencia del acto reclamado consistente en: la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación y la negativa de devolver el inmueble asegurado. El Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa 5 de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, negó el acto reclamado, consistente en: la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación En tales circunstancias, y dado que dicha negativa no fue desvirtuada con prueba en contrario por parte del quejoso, lo que procede es decretar el sobreseimiento al respecto, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Ahora, no se inadvierte que el quejoso ofreció como prueba de su parte un disco compacto que contiene una videograbación de la que dijo, se advierten alteraciones en las fechas del libro de atención a usuarios de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de Toluca, empero, dicho medio de convicción es insuficiente para acreditar que se le ha negado el acceso a la carpeta de investigación. Además, en la especie, no hay evidencia de que el aquí quejoso, hasta antes del quince de octubre de dos mil quince, hubiese comparecido ante la Representante Social responsable y ésta le haya negado el acceso a las constancias que conforman la carpeta de investigación 595210430258015, así como tampoco se encuentra acreditado que haya solicitado la devolución del inmueble asegurado. Y sí, por el contrario, como se advierte de la carpeta de investigación en cita, el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Representante Social responsable hizo constar que se presentó en sus oficinas el quejoso Alejandro Montes de Oca, quien se identificó y solicitó se le permitiera el acceso a la carpeta de investigación, a fin de imponerse de la misma, por lo que, el Fiscal le facilitó dicha carpeta, misma que fue revisada por el compareciente. IV. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causas de improcedencia se analizan de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo o en caso de que las partes invoquen alguna de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de la materia. En ese tenor, se advierte de oficio que respecto de los actos reclamados consistentes en: el trámite de la investigación de la carpeta 595210430258015, y el recabar datos de prueba, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa carece de interés jurídico y legítimo para reclamar dichos actos. En efecto, los artículos 61, fracción XII, y 5°, fracción I de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.].". Por su parte, el artículo 6° de la propia Ley de Amparo, preceptúa que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de la demanda de garantías, informes justificados y pruebas aportadas en el juicio se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veinticinco, del Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Pero además, es muy importante tomar en cuenta el momento en que se resuelve el juicio, lo anterior en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías o derechos reconocidos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En el caso que nos ocupa, la pretensión consiste en impugnar el trámite de la investigación de la carpeta 595210430258015, y el recabar datos de prueba, sin embargo, el quejoso no tiene interés jurídico para reclamar dicho acto. En efecto, cabe precisar que la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 Constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la indagatoria en sí misma no es un acto que vulnere la esfera de derechos del quejoso ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al citado precepto constitucional, al estar interesada la sociedad en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social. De consiguiente, como en la especie se reclama el trámite y el ejercicio de las facultades de investigación del Ministerio Público, para la obtención de los datos de prueba que permitan arrojar los elementos suficientes para justificar, racionalmente, que, en su caso, el imputado sea presentado ante el Juez de Control; el juicio de amparo en su contra deviene improcedente, ya que el indiciado no tiene ningún derecho reconocido por la Constitución o por alguna ley secundaria, que lo faculte a oponerse al trámite de una indagatoria o carpeta de investigación. Sirve de ilustración por identidad de razón a lo antes expuesto, el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, tomo XXIX, enero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y sinopsis siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica.". Jurisprudencia que si bien versa sobre la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclama un acto por el que se ordena continuar con la tramitación de una averiguación previa, dicho criterio no es incompatible al caso concreto, en el que se reclama la integración de una carpeta de investigación, pues en ambos casos se trata de la actividad investigadora del Ministerio Público, y la diferencia sustancial en lo que respecta a los elementos que debe contener una averiguación previa, en relación con los datos de prueba contenidos en una carpeta de investigación, consistente en el nivel de reforzamiento de los elementos probatorios arrojados para establecer las razones que permiten presumir la existencia de un hecho delictivo, pero ambos persiguen el mismo fin que es la investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito. Además, los efectos de la tramitación de la investigación no son de imposible reparación, pues bien el quejoso podrá desvirtuarlos o contrarrestarlos a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo; o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la imputación, determine en un momento que resulta procedente librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente su esfera jurídica. Por otro lado, el quejoso tampoco tiene interés legítimo para impugnar dicha determinación, pues su situación especial frente al acto reclamado, que se traduce en que es objeto de investigación, no se ve afectada con la actividad del Ministerio Público tendiente a indagar al delito y al delincuente; habida cuenta que de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, llegado el momento procesal y de ser el caso, el quejoso, de llegar a tener el carácter de imputado, en su momento, conocerá todos los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, teniendo oportunidad de refutarlos. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 47/2013 (10a.), en la que se sostuvo que el indiciado en la averiguación previa tiene interés legítimo para promover juicio de amparo en contra del acuerdo del Ministerio Público que determina la reserva. No obstante ello, dicho criterio no es aplicable al caso concreto, pues el supuesto que ahí se aborda, no es el mismo que la litis que se analiza en la especie. En la jurisprudencia se explicó que el acuerdo que ordena la reserva de la indagatoria puede ser impugnado en el amparo por el inculpado, ya que esa determinación supone una carga para el indiciado derivada de una imposibilidad material imputable al Estado, que genera un estado de incertidumbre en relación con la situación jurídica en la que se encuentra, ya que el acuerdo de reserva no tiene una temporalidad. Por lo que se consideró que dicha situación se traduce en el desconocimiento del tiempo que durará la reserva y, en general, en un claro estado de inseguridad para el indiciado al no saber si finalmente será consignado o se dictará el acuerdo de archivo. Por tanto, se concluyó que el inculpado tiene interés legítimo para comparecer al juicio de amparo, porque el acuerdo de reserva afecta directamente su esfera jurídica, de tal suerte que si llegara a concederse la protección constitucional, podría traducirse en un beneficio jurídico a su favor, porque dejaría de estar afectado por un estado de incertidumbre permanente, por no saber en qué momento se determinará su situación legal, y sabría perfectamente en qué situación se encuentra. Ahora bien, en el caso concreto no se analiza la procedencia de la demanda de amparo en relación con el acuerdo que autoriza la reserva, pues la indagatoria no se encuentra en ese estado procesal, como se trató en la jurisprudencia de referencia, sino que la litis versa en establecer si las facultades de investigación del Ministerio Público durante el trámite de la investigación, que implica el recabar datos de prueba, afectan o no la esfera jurídica del quejoso, ya de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo que no sucede en la especie, pues como quedó explicado en párrafos precedentes, la parte quejosa no tiene reconocido algún derecho para reclamar dicha determinación y tampoco tiene ningún tipo de interés legítimo que lo faculte para acudir al juicio de amparo, pues su situación frente al acto reclamado -que consiste en que es objeto de investigación y se están recabado datos de prueba-, no se ve afectada. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ha lugar a sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la propia legislación. Agotado el tópico de las causas de improcedencia, y al no apreciarse diversa que deba ser analizada, se procede al estudio de fondo del presente sumario constitucional. V. No transcripción de los conceptos de violación. Los conceptos de violación se contienen en la demanda, que no se transcriben en virtud que la Ley de Amparo no contiene dispositivo legal que así lo ordene; además, esa cuestión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VI. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los motivos de disenso expresados aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. El promovente del amparo básicamente afirma que se infringen los preceptos constitucionales que cita, dado que es ilegal el aseguramiento de su establecimiento comercial, ya que hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de diligencias por parte de la autoridad responsable tendentes a esclarecer los hechos que se investigan. Previo al estudio de fondo, se precisan los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante oficio de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, el Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "1", del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo del conocimiento de la Fiscal Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, que derivado de la orden de visita domicilia CVD1900195/15, contenida en el oficio 110-04-01-00-00-2015-996, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, en el domicilio ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 800, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Código Postal 50160, Toluca de Lerdo, Estado de México, en donde se comercializa mercancía consistente en "autopartes" de origen y procedencia extranjera, se localizaron "autopartes usadas", y toda vez que no se acreditó su legal posesión, hizo del conocimiento de dicha fiscalía tales hechos para efectos de su competencia. 2. En la misma data se apertura la carpeta de investigación 595210430258015, ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, por el delito de encubrimiento. 3. En la misma fecha, el Agente del Ministerio Público Adscrito al Segundo Turno de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, se constituyó en el negocio de venta de "autopartes" y/o "deshuesadero" denominado "las Torres", ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 800, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán; por lo que se entrevistó con el dueño del negocio de nombre Alejandro Montes de Oca Vázquez, en presencia de su abogado particular licenciado Julio Erick Vilchis Torres, informándole sobre la visita que realizó el Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "1", solicitándole el acceso a su negociación con el fin de verificar las autopartes que tenía para la venta en dicho lugar, por lo que ingresó al inmueble con el apoyo del perito en materia de criminalística de campo Verónica Martínez Colín, así como de los policías ministeriales del Grupo de Recuperación de Robo de Vehículo Toluca, asentando lo siguiente: ".SE PUDO APRECIAR QUE DICHO INMUEBLE TIENE APROXIMADAMENTE DE OCHO A DIEZ METROS DE ANCHO POR VEINTE METROS DE PROFUNDIDAD, LUGAR EN EL CUAL SE APRECIA DIVERSOS VEHÍCULOS DE DISTINTAS MARCAS Y MODELOS SECCIONADOS, SIENDO EL POLICÍA MINISTERIAL VICTOR MANUEL MARTINEZ MORALES, QUIEN EXAMINA UN MEDALLON DE VEHICULO UBICADO ENCIMA DE OTRAS AUTOPARTES APILADAS EN LA PARTE INFERIOR DEL INMUEBLE DEL LADO IZQUIERDO, SIENDO DICHO MEDALLON CON EL ENGOMADO NUMERO PVH 1932, EL CUAL AL MOMENTO DE SER CONSULTADO EN LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS, FUE INFORMADO QUE ESTE CUENTA CON REPORTE DE ROBO RELACIONADO CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA NUMERO CRV/010/06090/97-09, DE IGUAL MANERA FUE ENCONTRADA EN UN VEHÍCULO TOPAZ EN LA GUANTERA UNA TARJETA DE CIRCULACIÓN CON CLAVE DE FOLIO VEHICULAR NUMERO 0050307, LA CUAL PERTENECE A UN VEHICULO DE LA MARCA VOLKSWAGEN, TIPO GOL, MODELO 1992, CON SERIE NUMERO 1HNM901601, MOTOR NUMERO AAM00329, CON PLACAS ACTUALES 564 HMR Y ANTERIORES 693 MYK, SIENDO LAS PLACAS ACTUALES LAS QUE ARROJO QUE CUENTA CON REPORTE DE ROBO RELACIONADA CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA FGAM/GAM-8/T1/01282/15-09, PROCEDIENDO EL PERITO EN MATERIA DE CRIMINALÍSTICA A REALIZAR LA CADENA DE CUSTODIA DE DICHOS OBJETOS, DE IGUAL MANERA SE ASIENTA EN LA PRESENTA ACTA DE INSPECCIÓN QUE NO FUE PRESENTADO POR EL ENCARGADO DEL NEGOCIO ALUDIDO CON ANTELACION, LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO Y RESGO (SIC) AMBIENTAL, Y CON ELLO PUDIERA ESTAR INCURRIENDO EN ALGUNA RESPONSABILIDAD PENAL, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 228, FRACCION X, DEL CODIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO, Y NO HABIENDO NADA MÁS QUE ASENTAR SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE PROCEDIÓ A CERRAR Y ASEGURAR EL INMUEBLE MENCIONADO CON ANTELACIÓN DENTRO DE LA NOTICIA CRIMINAL NÚMERO 595210279415, COLOCANDO DOS SELLOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON NÚMERO DE FOLIO 770, DE IGUAL MANERA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO COLOCO LOS SELLOS NÚMERO 150/15 Y 151/15. ASIMISMO, A CONSIDERACIÓN DEL SUSCRITO, EN BASE A LOS HECHOS ANTES REFERIDOS ESTA FISCALÍA CONSIDERA QUE SE CUENTA CON INDICIOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUE EN DICHO LUGAR SE DESARROLLAN ACTIVIDADES QUE SE DERIVAN DE CONDUCTAS DELICTIVAS DEL ORDEN COMÚN COMO LO ES EL DE ROBO EQUIPARADO Y ENCUBRIMIENTO, FUNDANDO DICHA MEDIDA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64, 258, 259 Y 262 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, 3.62 Y 3.63 DEL ACUERDO GENERAL DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, SUSTENTANDO DICHA PROVIDENCIA CON LAS SIGUIENTES TESIS: (Cita datos de localización) "INSTRUMENTOS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO DE. AUTORIDAD A QUIEN CORRESPONDE LA DETERMINACIÓN DE SU DESTINO." (Se transcribe). ASI COMO EL DIVERSO CRITERIO SUSTENTADO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO (cita datos de localización) "ASEGURAMIENTO DEL BIEN RELACIONADO CON EL DELITO. AFECTACIÓN PROVISIONAL." (Se transcribe). DE IGUAL FORMA SIRVIENDO DE SUSTENTO, POR IDENTIDAD DE RAZÓN JURÍDICA LO MENCIONADO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO (Cita datos de localización) "ASEGURAMIENTO DE BIENES DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA." (Se transcribe) TENIENDO APOYO EN LA TESIS JURISPRUDENCIAL P.CXLV/2000 (cita datos de localización) "INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO." (Se transcribe). ASÍ COMO EN LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P.XII/293, (cita datos de localización) "ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO, MEDIDAS PARA EL. NO ES DECOMISO." (Se transcribe). Y LA P.XIII/293, (Cita datos de localización) "ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO, MEDIDAS PARA EL." (Se transcribe). DE IGUAL FORMA CON LA TESIS XXXIX/2000 (Cita datos de localización) "INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO DE." (Se transcribe). ASIMISMO Y TODA VEZ QUE YA SE HA GENERADO UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CON MOTIVO DE LOS PRESENTES HECHOS, ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL RATIFICA EL ASEGURAMIENTO QUE SE REALIZO DEL INMUEBLE MULTICITADO DENTRO DE LA NOTICIA CRIMINAL NUMERO 595210430258015. POR LO TANTO, SE ORDENA ASEGURAR CON FINES DE INVESTIGACIÓN EL NEGOCIO DE VENTA DE AUTOPARTES Y/O DESHUESADERO DENOMINADO "LAS TORRES" UBICADO EN AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON, NUMERO 800, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EN ATENCIÓN A QUE SE TRATA DE UN INSTRUMENTO DEL DELITO, EN DONDE SE LLEVAN A CABO DIVERSAS CONDUCTAS DELICTIVAS, PARA EFECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVITAR QUE SE CONTINÚE COMETIENDO HECHOS DELICTIVOS DEL ORDEN COMÚN, AUNADO A QUE POR PARTE DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO DE DICHO NEGOCIO, NO PRESENTO DOCUMENTO ALGUNO CON EL CUAL SE ACREDITARA LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, PARA GUARDAR, COMERCIAR, DEPOSITAR O ALMACENAR VEHÍCULOS DE DESECHO O AUTOPARTES USADAS, POR LO TANTO PDUIERA (SIC) ESTAR INCURRIENDO EN ALGUNA RESPONSABILIDAD PENAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 228, FRACCIÓN X DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR." Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, como se adelantó, los conceptos de violación aun suplidos en su deficiencia devienen infundados, como se explica. En efecto, en principio debe precisarse que el acuerdo de aseguramiento reclamado no constituye un acto privativo, sino de molestia; y por tanto, su emisión no está sujeta a la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ciertamente, dicho precepto constitucional tutela la garantía de audiencia, para cuyo respeto, se comprende la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que, conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, los gobernados ejerzan debidamente el derecho fundamental de defensa antes del acto privativo. De manera que si tales requisitos no son respetados, es evidente que no se cumple con la garantía de audiencia consagrada en el citado precepto constitucional. Con relación a esa garantía, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 14 Constitucional, ha estimado que la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia; y que para ello, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad; esto es, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada a su debida fundamentación y motivación; por el contrario, si esa restricción es definitiva, entonces se trata de un acto de privación, para lo cual, se debe respetar la garantía de audiencia. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 40/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, de rubro y texto, siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En la especie, se afirma que el acuerdo de aseguramiento de inmueble -que constituye aquí el acto reclamado- no transgrede la garantía de audiencia previa, debido a que se trata de un acto de molestia y no privativo, ya que no restringe en definitiva el derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número ochocientos, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, en Toluca, Estado de México -lugar donde se ubica el establecimiento del local comercial cuya defensa pretende el quejoso-, pues sólo lo limita de manera provisional, en tanto que el aseguramiento dura el periodo de la investigación; etapa que, una vez agotada, hace que nazca la obligación de tal autoridad de poner los bienes a disposición de la autoridad judicial, a quien en todo caso corresponderá determinar su destino final, en esa virtud, es de concluirse que se está frente a actos de molestia. Ilustra lo anterior, la tesis XII/93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 62, tomo 61, enero de mil novecientos noventa y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO, MEDIDAS PARA EL. NO ES DECOMISO. El decomiso es la privación coactiva, definitiva y sin indemnización de una parte de los bienes de una persona, por razones de interés, seguridad, moralidad o salud públicos y constituye una pena establecida en la ley, consistente en la pérdida de los instrumentos con los cuales se comete un delito o de los bienes que son objeto o producto del mismo. Las medidas que dicta el Ministerio Público para el aseguramiento de los bienes producto del delito, no constituyen un decomiso, pena cuya aplicación compete sólo al órgano jurisdiccional. Los artículos 24 y 40 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y los artículos 123 y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales no facultan a la autoridad investigadora a aplicar penas". Por tanto, lo aseverado por el quejoso encaminado a combatir el acto reclamado resulta infundado desde la perspectiva de las formalidades esenciales del procedimiento, ya que el aseguramiento es de carácter provisional, dado que a dicha autoridad no le compete resolver en definitiva sobre el destino de ese bien, y por ello, atendiendo los fines que se persiguen en la indagación de los hechos delictuosos, puede decretarla sin importar que no se tenga consentimiento de sus legítimos poseedores o propietarios; esto es, que previamente deba otorgar la garantía de audiencia de que se habla. Resulta aplicable, en lo conducente, por identidad jurídica sustancial, la tesis P.X/93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, enero de mil novecientos noventa y tres, que dice: "ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. EL ARTICULO 40 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, Y LOS ARTÍCULOS 123 Y 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO ESTABLECEN, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Los artículos mencionados que facultan al Ministerio Público a dictar medidas para asegurar bienes del indiciado, no infringen la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Aunque estas medidas se dictan sin audiencia previa de la parte a la que pudieran perjudicar, no implican privación definitiva de derechos, puesto que son medidas provisionales que constituyen únicamente actos de simple molestia y para decretarse, no requieren cumplir los requisitos que para los actos de privación de derechos establece el artículo 14 constitucional". A mayor abundamiento debe decirse que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]" En relación con el tema que nos ocupa, puede establecerse que el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de las Policías que actuaran bajo su conducción y mando inmediato; así, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que a nivel federal como local tiene la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas, haya resentido la sociedad y esta actuación del Ministerio Público no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. Así el precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la integración de la carpeta de investigación o de la averiguación previa; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esa institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que, por ahora, descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, la probable responsabilidad del imputado. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación de los delitos" debiendo para ello, necesariamente buscar y presentar los datos de prueba que acrediten la probable responsabilidad de los imputados. Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos de prueba que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el indiciado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito. De manera que, si por disposición constitucional a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias para los fines indicados, entonces el aseguramiento de los bienes que a su consideración sean objetos materiales del delito, constituye una de esas diligencias, sin que para ello tenga que otorgar la garantía de previa audiencia a su legítimo poseedor o propietario. Es aplicable, por identidad sustancial, la tesis CXLV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, septiembre de dos mil, que señala: "INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE SU ASEGURAMIENTO, NO VIOLA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales que prevé el aseguramiento practicado por el Ministerio Público, de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, no transgrede el artículo 21 de la Constitución Federal. Ello es así, porque dicho aseguramiento se asemeja a una medida precautoria, en atención a que tiene por finalidad proteger los instrumentos y objetos con que se cuenta para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, evitando que éste los oculte o destruya; impedir que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, así como garantizar la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte, lo que evidentemente no contraviene lo dispuesto por el citado numeral de la Carta Magna, pues tal medida está comprendida dentro de la facultad de investigación y persecución de los delitos que dicho dispositivo otorga al Ministerio Público. Por tanto, la facultad conferida al aludido representante social implica la realización de todas aquellas diligencias necesarias para que el autor de un delito no evada la acción de la justicia y se le apliquen las consecuencias o sanciones fijadas en la ley, y dentro de dichas diligencias se encuentra la conservación de la prueba a que hace referencia el artículo 181 del código adjetivo en mención". De igual forma, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer, en el sentido de que se viole el artículo 16 Constitucional, pues de la lectura del acto reclamado, se advierte que éste se dictó acorde con lo dispuesto en dicho artículo, el cual establece entre otras garantías para la protección de los derechos humanos de los gobernados, la de motivación de los actos de autoridad, además de la fundamentación, razón por la cual es determinante exigir a los órganos competentes del Estado que al emitir actos imperativos que generan molestias al gobernado en virtud de su fuerza coercitiva, se encuentren debidamente motivados. Lo anterior, es así, pues toda autoridad debe invocar de manera precisa los fundamentos y motivos del mismo, a efecto de que el gobernado esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, a fin de que no quede en estado de indefensión. En efecto, no asiste razón al quejoso en tanto señala que el acuerdo de aseguramiento, está indebidamente fundado y motivado, pues de manera correcta se sustentó en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 258, 259 y 262 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, 3.62 y 3.63 del Acuerdo General del Procurador General de Justicia del Estado de México; asimismo, citó los criterios jurisprudenciales que estimó aplicables. Ahora, en el caso el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se recibió en la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, el oficio número 110-04-01-2015-6200, signado por el Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "1", que con motivo de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, inició visitas domiciliarias en Toluca, Estado de México, en donde se comercializa mercancía consistente en "autopartes" de origen y procedencia extranjera, por lo que durante el recorrido realizado en el domicilio ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 800, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, derivado de la orden de visita domiciliaria CVD1900195/15, contenida en el oficio 110-04-01-00-00-2015-966 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, se localizaron mercancías consistentes en "autopartes usadas", respecto de las cuales no se acreditó su legal posesión. Ante tal noticia criminis, en esa misma fecha, el Ministerio Público se constituyó en el citado domicilio, localizando "autopartes" de diversos vehículos, respecto de los cuales cuentan con reporte de robo, por lo cual se procedió a realizar la respectiva cadena de custodia, además de que el encargado o dueño del establecimiento comercial no presentó la autorización de impacto y riesgo ambiental. Asimismo, obran en la carpeta de investigación los oficios: a. CIRDVR-213-07-S/N-15, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, suscrito por el encargado de la Coordinación para la Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, quien informó que las placas de circulación PVH1932, cuentan con reporte de robo en la averiguaciones previas CRV/010/06090/97-09 y FGAM/GAM-8/T1/01282/15-09. b. Oficio 20801A000/595/2015, de fecha nueve de octubre de dos mil quince, signado por el Director General de la Secretaría de Desarrollo Económico, del Gobierno del Estado de México, quien informó que el establecimiento con giro de deshuesadero y razón social "Las Torres", ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 800, Colonia Santa Ana Tlapaltitlan, no cuenta con el dictamen de factibilidad comercial automotriz, ni con el sistema de registro interno de autopartes. Entonces, contrario a lo sostenido por el quejoso, el acuerdo de aseguramiento reclamado, no es trasgresor de derechos fundamentales, pues como quedó reseñado, sí se encuentra correctamente fundado y motivado, en la medida de que la autoridad responsable no sólo se limitó a exponer los dispositivos legales que le sirvieron de sustento para acordar en el sentido en que lo hizo, sino que igualmente precisó con claridad y sin lugar a dudas, las razones, motivos y razonamientos necesarios para establecer la correspondencia entre tales numerales legales, y su adecuación al caso concreto, y si bien es cierto, citó varios artículos de la legislación penal, también lo es que en el acuerdo reclamado se dieron a conocer las razones para proceder de tal manera. Aunado a ello, expuso que el bien inmueble se aseguró a fin de preservarlo y evitar que se siguieran cometiendo hechos delictivos del orden común, aunado a que por parte del propietario y/o encargado del negocio, no se presentó documento alguno con el cual acreditara la autorización de impacto y riesgo ambiental, para guardar, comerciar, depositar o almacenar vehículos de desecho o autopartes usadas. En consecuencia, es legal la determinación que decreta el aseguramiento el bien inmueble afecto, puesto que la autoridad responsable no sólo citó los preceptos legales en los cuales basó su determinación, sino que también expuso cuáles fueron las causas, razones y motivos que consideró para arribar a la conclusión de que debía estar asegurado el inmueble que nos ocupa y las consecuencias y trámite legal que procedía en vista de la imposición de dicha medida provisional, así que sobre el particular, no existe violación por reparar. Asimismo, debe decirse que el aseguramiento no exige ninguna responsabilidad penal ni situación específica del poseedor o propietario de los bienes materia de la medida, esto es, para el aseguramiento de bienes no se exige que el poseedor o propietario del bien sea responsable de algún delito o se encuentre sujeto a proceso, puesto que la medida es provisional y en caso de no resultar responsabilidad penal, la autoridad quedará obligada a devolver el bien asegurado. Lo anterior, como lo puso de relieve la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 31/2009, publicada en la página 5, del tomo XXIX, junio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ASEGURAMIENTO DE BIENES PERTENECIENTES O EN POSESIÓN DE UN TERCERO AJENO A LA CAUSA PENAL. PARA DECRETARLO NO ES NECESARIO QUE ÉSTE SEA RESPONSABLE POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO O QUE SE ENCUENTRE SUJETO A PROCESO. El aseguramiento de bienes previsto en el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente los bienes sobre los que recae, ya que no constituye un fin en sí mismo sino que pretende proteger los bienes materia de la medida para garantizar un futuro y posible decomiso o la eventual reparación del daño, así como asegurar la comprobación del cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del inculpado, protegiendo la subsistencia de los posibles medios de prueba; de ahí que no prejuzga ni tiene relación con la responsabilidad penal del poseedor o propietario del bien respectivo. Lo anterior distingue dicha medida del decomiso, que es una pena, cuya afectación sobre el bien es definitiva y se impone en razón de la responsabilidad penal del sentenciado, sea por el delito de la causa penal o por el diverso de encubrimiento. En congruencia con lo anterior y en virtud de que, por un lado, el referido artículo 181 sólo requiere que los bienes asegurados sean instrumentos, objetos o productos del delito, o que contengan huellas o puedan tener relación con éste, sin exigir que el poseedor o propietario se encuentre en alguna situación específica y, por el otro, que el artículo 40 del Código Penal Federal no establece algún requisito al respecto, se concluye que para decretar el aseguramiento de bienes pertenecientes o en posesión de un tercero ajeno a la causa penal, no es necesario que éste sea responsable del delito de encubrimiento o que se encuentre sujeto a proceso, sino que basta con atender a los extremos previstos en el indicado artículo 181." En ese contexto, al haber resultado infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, y no haberse evidenciado la ilegalidad del acuerdo de aseguramiento del inmueble reclamado, al haberse reunido para su emisión los requisitos y formalidades que para tal efecto establecen las leyes aplicables al caso concreto, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Es aplicable, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 186, tomo I, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Montes de Oca Vázquez, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Alejandro Montes de Oca Vázquez, por propio derecho, respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el licenciado José Jiménez Sarmiento, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa lo siguiente: Vista la cuenta que antecede, se advierte que la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1655/2015, se llevó a cabo a las diez horas con diez minutos del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis; atento a esa circunstancia, fórmese el cuadernillo correspondiente, que deberá ser integrado al expediente principal cuando termine el engrose respectivo sin necesidad de ulterior pronunciamiento. En ese orden, de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Alejandro Montes de Oca Vázquez, mediante el cual manifiesta desistir del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, para proveer lo conducente referente al desistimiento, requiérase al promovente, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificado del presente proveído, comparezca debidamente identificado con documento original y vigente que acredite su identidad, a fin de ratificar el escrito de cuenta; apercibido que de no dar cumplimiento en los términos indicados y dentro del plazo establecido, se tendrá por no presentado el escrito de referencia con las consecuencias legales que ello implica.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta mediante los cuales el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, acusa recibo de las misivas 5864/2016, 5863/2016 y 5862/2016 acompañadas de los testimonios del expediente 1655/2015 con motivo de la separación de demanda amparo por los diversos actos reclamados, fueron registrados con los números de orden 3239/2016, 3241/2016 y 3242/2016, respectivamente; asimismo, adjunta impresión de las boletas de turno de las cuales se colige que fueron remitidas a este órgano jurisdiccional y registradas con los números de amparo indirecto 642/2016, 643/2016 y 644/2016 de la estadística de éste juzgado; circunstancia de la que queda enterado este órgano de control constitucional.
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