Alejandro Montes Burgos

Expediente 311/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
311/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Montes Burgos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, once de junio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre el acuse de recibo del oficio 19208-IV-B, con los que les fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio al Comisario General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017 (10a.), que dice: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal1. Asimismo, la tesis sin número emitida por la mencionada Segunda Sala de la Máxima Tribuna del País, de título y contenido siguientes: REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta2. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, 1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS: 2013630. 2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Quinta Época, Tomo CXXX, página 676, Semanario Judicial de la Federación, registro IUS: 316096. destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito registrado con número de folio 66883, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa cita, comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s].

  2. Incidental

    Cúmplase.

  3. Principal

    iudad Madero, Tamaulipas, once de junio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre el acuse de recibo del oficio 19208-IV-B, con los que les fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio al Comisario General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017 (10a.), que dice: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal1. Asimismo, la tesis sin número emitida por la mencionada Segunda Sala de la Máxima Tribuna del País, de título y contenido siguientes: REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta2. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, 1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS: 2013630. 2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Quinta Época, Tomo CXXX, página 676, Semanario Judicial de la Federación, registro IUS: 316096. destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito registrado con número de folio 66883, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa cita, comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s].

  4. Principal

    "...S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso Alejandro Montes Burgos, contra los actos reclamados a la[s] autoridad[es] responsable[s] Juez de Control de la Sexta Región del Segundo Distrito Judicial, con sede en Altamira, Tamaulipas, Comisario General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia, en Ciudad Victoria, Tamaulipas; en los términos precisados en el considerando segundo de la presente resolución..."

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