ALEJANDRO MONREAL TORRES y Otros.

Expediente 879/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
879/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • ALEJANDRO MONREAL TORRES y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste.San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que la parte quejosa, exhibió en el presente asunto, un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueven Alejandro Monreal Torres, Roberto Sánchez Rodríguez, Juan Carlos Hernández Hernández, Salvador Muñiz Rivera y Aarón Arciniega Martín, contra el acto reclamado del Secretario de Seguridad Pública del Estado y/o Presidente de la Comisión de Promoción y Ascensos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 879/2019-V, y fórmese el expediente respectivo. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos al primero mencionado. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Por otra parte, partiendo de la premisa de que una omisión de autoridad consiste en una abstención o un no hacer y que -en cambio- una negativa consiste en un hacer por parte de la autoridad, quien resuelve (incluso verbalmente) acerca de lo pedido de manera desfavorable a los intereses de quien formuló la petición. Y teniendo en cuenta que en los antecedentes que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, afirmó que el uno de agosto del año en curso, se presentaron en la oficialía de partes de la Secretaria de Seguridad Publica, a fin de entregar cada uno un escrito donde le solicitaban al Comisario Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Presidente de la Comisión de Promoción y Ascensos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, que se les otorgara el grado correspondiente obtenido mediante la promoción de ascensos de dos mil diez, sin embargo éstos no les fueron recibidos por una orden superior. Y que en el único concepto propuesto aducen que al ser los promoventes un grupo de individuos acreedores al derecho de petición comprendido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que el uno de agosto del año en curso, intentaron ejercerlo, sin que la autoridad responsable los haya recepcionado, aun cuando debió actuar en esos términos y posteriormente emitir un acuerdo en breve término. De lo cual se advierte que se atribuye a la autoridad responsable una conducta de hacer, consistente en negarse a recibir los aludidos escritos. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que no obstante la parte quejosa denomine como "omisión" al acto reclamado, se tiene que éste lo constituye la negativa verbal de la autoridad responsable de recibir los escritos presentados por los aquí quejosos el uno de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ahora bien, quien aquí provee, estima que respecto de la negativa reclamada se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la materia, para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, los quejosos reclaman del Secretario de Seguridad Pública del Estado y/o Presidente de la Comisión de Promoción y Ascensos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, la negativa verbal de recibir los escritos presentados el uno de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sobre el particular cabe señalar que de los antecedentes que los quejosos vierten bajo protesta de decir verdad en su ocurso de demanda, se desprende que respecto de dicho acto tuvieron conocimiento desde el uno de agosto de dos mil diecinueve, pues fue en ésta data en la que se apersonaron en las instalaciones de la autoridad responsable con el fin de presentar las misivas aludidas, sin embargo ello no fue posible toda vez que se les informó que no se las podrían recibir por órdenes de un superior. Se patentiza lo anterior con la siguiente transcripción: ".2.- Así las cosas, bajo protesta de decir verdad, en fecha 01 de agosto de 2019, nos presentamos a la oficialía de parte de la Secretaria de Seguridad Publica, para la entrega de un escrito personal, donde le solicitamos al Comisario Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Presidente de la Comisión de Promoción y Ascensos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, que nos sea otorgado el grado correspondiente obtenido mediante la promoción de ascensos 2010, en fecha 25,26, 27, 28 y 29 de octubre de 2010. 3.- No obstante que los escritos está dirigido al Comisario Jaime Ernesto Pineda Arteaga, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Presidente de la Comisión de Promoción y Ascensos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, NO nos fueron recibidos los escritos, que por orden superior. El personal de la Oficialía de Partes de la Secretaria de Seguridad Publica, le hablo a personal de la Coordinación de Control y Gestión de la Secretaria de Seguridad Publica, saliendo una persona del sexo femenino quien nos informó que ese no era el procedimiento, señalando que debíamos de entregar el escrito a la Dirección General de seguridad Pública del Estado. Le hicimos la aclaración de que el escrito iba dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Presidente de la Comisión de Promoción y Ascensos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. Aunado a que nos debería de contestar nuestra petición en donde nos señalara el procedimiento correcto. Y también le señalamos que deberían de recibir los escritos y debía de darnos la debida contestación a una petición formulada de forma escrita, de manera pacífica y respetuosa". Tales manifestaciones constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Norma el criterio anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así como la tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, Tomo 193-198, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por consiguiente, si los aquí quejosos tuvieron conocimiento pleno del acto que aducen les afectan sus derechos humanos desde el uno de agosto de dos mil diecinueve, entonces el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo respecto de tales actos comenzó a computarse el día hábil siguiente, que lo fue el dos de agosto siguiente. Ante lo cual, dicho término transcurrió del dos al veintidós de agosto de dos mil diecinueve, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el dos de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que ya había transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, primer párrafo, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata. Respecto a su petición de que se autorice consultar el expediente electrónico a través del usuario "rbanda"; dígase al promovente que se le autoriza para consultar el expediente electrónico en la forma propuesta; realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Por otro lado, no ha lugar a tener a los quejosos por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 439/2018, señaló que la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso que quisiera ser notificado por medios electrónicos de expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. En ese tenor, tomando en consideración que los propios quejosos solicitaron a este órgano de control constitucional, le fueran practicadas las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que no ha lugar a tenerlos por señalando domicilio para tal efecto, pues será precisamente a través de dicho sistema (electrónico) que se le practicarán las notificaciones personales en este asunto. La contradicción de tesis en cita, dio lugar a la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 2247, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Incluso deviene pertinente destacar que de tener a los quejosos señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, implicaría que se pudieran duplicar las notificaciones a la propia parte quejosa, ordenándolas tanto vía electrónica como en su domicilio. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte quejosa a designar como único medio para oír y recibir notificaciones personales el domicilio que indica, en cuyo caso deberá solicitar que quede sin efectos la designación que hizo previamente para recibirlas vía electrónica. En diversa tesitura, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no proporcionan los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto por los artículos 13 y 14 del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Por otro lado, como lo solicitan los quejosos, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que menciona, para reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.T.15 K (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, página 1560, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.

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