Alejandro Molina Carmen

Expediente 882/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
882/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Molina Carmen

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO JOSÉ LUIS GARCÍA PALMA.- Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 386/2019; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito de demanda presentado el veinticinco de abril de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnada a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, por razón de turno, el veintiséis de abril siguiente, ****************** Bautista solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades responsables que se precisarán en el considerando respectivo. Además, la quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y refirió que los derechos fundamentales que considera transgredidos son los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve se radicó la demanda de amparo bajo el registro 386/2019, y se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita. TERCERO. Emplazamiento de terceros interesados. En acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve se ordenó el emplazamiento de 1) ******** García Palma, 2) ************** Jarquín Valencia y 3) *************** Vargas, en su carácter de terceros interesados; emplazamiento que se realizó, al primero de los nombrados, mediante lista de acuerdos, el cinco de junio de dos mil diecinueve y, a los restantes, el veintinueve de mayo de ese año. CUARTO. Forma de desahogo de testimonial. Después, en proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, atento a las condiciones de salud en el país así como la forma de trabajo dispuesta en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se ordenó que el desahogo de las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte quejosa, se desahogarían por el método de videoconferencia, a través de la aplicación Cisco Webex. QUINTO. Incidente de objeción. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a María Reyna Concepción Jarquín Valencia (representante común de la parte tercera interesada), promoviendo incidente de objeción de documento falso, respecto a la documental consistente en la constancia de posesión firmada por Víctor Amado López Hernández, en su calidad de presidente Municipal Constitucional de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, a favor de Catalina Yolanda Bautista, respecto al inmueble ubicado en Riveras del Río Atoyac, margen izquierda, colonia Granjas y Huertos de Brenamiel en el municipio de San Jacinto Amilpas, centro Oaxaca, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y seis, que exhibió la parte quejosa como prueba. En audiencia de trece de octubre de dos mil veinte se admitió a trámite la referida incidencia y, previos los trámites relativos, se tuvo únicamente a Jasiel Rendón Bravo, perito oficial, discerniéndose del cargo y, posteriormente, remitiendo el dictamen relativo a la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, mismo que fue ratificado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, y con el cual el nueve de junio siguiente se dio vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. SEXTO. Audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno se señaló hora y fecha para el desahogo de la continuación de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia civil, y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; donde este órgano de control constitucional en materia mixta ejerce competencia, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, del análisis integral de la demanda, con independencia de la forma en que se fijó, se advierte que la quejosa Catalina Yolanda Bautista reclama lo siguiente: ? La sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 100/2017, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del distrito judicial de Centro, Oaxaca (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca). Atribuida al a) juez Octavo de lo Civil del distrito judicial de Centro, Oaxaca. ? La ejecución de la referida sentencia. Atribuida al b) ejecutor llevador del expediente 100/2017 (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable a) actuaria judicial adscrita al referido Juzgado, al rendir su informe justificado, negó en la existencia del acto que se le atribuye; pues, al efecto, en la parte sustancial refirió que la aquí quejosa no tiene carácter alguno reconocido en autos del juicio 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; aunado a que ese asunto aún no había llegado a la etapa de ejecución. De lo anterior, se deduce que el acto reclamado, consistente en la ejecución de la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 100/2017, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del distrito judicial de Centro, Oaxaca (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca), dado el estado procesal del referido expediente en la fecha de presentación de la demanda de amparo, es inexistente. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. La diversa responsable b) juez Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se le reclama. Lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias del juicio sumario especial de desahucio 100/2017, de la estadística del extinto Juzgado Octavo Civil (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (tomo I); actuaciones con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°. QUINTO. Incidente de falsedad de documento. Por razón de método y técnica jurídica que rige el dictado de las sentencias de amparo, previo al estudio de la procedencia de este juicio, se resolverá el incidente de objeción de documento falso que realizó la tercera interesada María Reyna Concepción Jarquín Valencia, respecto a la documental consistente en la constancia de posesión firmada por Víctor Amado López Hernández, en su calidad de presidente Municipal Constitucional de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, a favor de Catalina Yolanda Bautista, respecto al inmueble ubicado en Riveras del Río Atoyac, margen izquierda, colonia Granjas y Huertos de Brenamiel en el municipio de San Jacinto Amilpas, centro Oaxaca, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y seis, que exhibió la parte quejosa como prueba; incidencia que fue admitida a trámite en audiencia de trece de octubre de dos mil veinte. Es oportuno precisar que el artículo 122 de la Ley de Amparo faculta para que se aprecie la falsedad o autenticidad de los documentos que las partes presenten, con base en las pruebas ofrecidas, sin embargo, ello sólo se contrae a establecer si los mismos son falsos o auténticos, pero no para determinar la veracidad de su contenido, y mucho menos para prejuzgar la comisión de algún delito en su confección. En ese contexto, en el trámite del referido incidente, la tercera interesada María Reyna Concepción Jarquín Valencia ofreció como prueba la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, misma que se tuvo por anunciada en auto de treinta de noviembre de dos mil veinte y fue desahogada en sus términos, pues aun cuando la referida tercera interesada no presentó a su perito en la hora y fecha designada en auto de cinco de marzo de este año para discernirse del cargo, el perito oficial aceptó el cargo que le fue conferido, exhibió su respectivo dictamen y lo ratificó. En este caso, la quejosa reclama, con la calidad de persona extraña, la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 100/2017, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del distrito judicial de Centro, Oaxaca (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca). Como línea argumentativa básica de sus motivos de disenso, expone que es propietaria y poseedora de una fracción de terreno ubicado en Riveras del Río Atoyac margen izquierda, actualmente marcado con el número doscientos cinco (205), en la colonia Granjas y Huertos de Brenamiel, en San Jacinto Amilpas, Oaxaca y, para respaldar su argumento, remitió, entre otras documentales, una constancia de posesión firmada por Víctor Amado López Hernández, en su calidad de presidente Municipal Constitucional de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, respecto al inmueble ubicado en Riveras del Río Atoyac, margen izquierda, colonia Granjas y Huertos de Brenamiel en el municipio de San Jacinto Amilpas, centro Oaxaca, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y seis. Por cuanto hace a esa constancia, la tercera interesada María Reyna Concepción Jarquín Valencia objetó de falsa la firma que calza y, como se precisó, ofreció como prueba, para demostrarlo, la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, misma que en el juicio de amparo se desahogó con el dictamen emitido por el perito oficial. En ese sentido, previo a resolver juicio de amparo, es necesario determinar el valor que corresponde al dictamen que conforma esa prueba pericial, pues sólo con el resultado de la justipreciación de ese medio de prueba, podrá establecerse si la firma objetada que obra en la referida constancia es o no falsa; conclusión que no es determinante para la procedencia de esta instancia constitucional, así como para conceder o negar el amparo por vulneración al derecho fundamental de audiencia que aquí se reclama, dado que ello se analizará con base en las constancias que obran en el juicio sumario especial de desahucio 100/2017, de la estadística del extinto Juzgado Octavo Civil (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca), las cuales no fueron cuestionadas por las partes. En efecto, en relación a la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, que ofreció la referida tercera interesada, a fin de acreditar que la firma que aparece como del presidente Municipal Constitucional de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, es falsa, debe decirse que en relación a dicho medio de prueba, de acuerdo con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el juez debe valorarlo según su prudente arbitrio, toda vez que debe sustentar su análisis en las reglas de la lógica para examinar la opinión de los peritos y, en atención al contexto probatorio dentro del que se ubica la pericial, a fin de determinar el alcance sobre la convicción del propio juez acerca de los hechos debatidos, que debe tener la opinión pericial. Es oportuno precisar que la prueba pericial en el juicio de amparo cumple con una doble función, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan al común de la gente; por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juzgador sobre tales hechos, y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Pero, esa asistencia no comprende la dilucidación de puntos jurídicos, en los que el operador jurídico encargado de decir el derecho en el caso controvertido es docto. En ese sentido, para que el peritaje pueda ser estimado por el juzgador, debe ser auténticamente ilustrativo, es decir, lo que en éste se exponga ha de ser accesible o entendible para que constituya eficazmente un auxilio para aquél; además, para que produzca efectos legales, debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga, pues de no cumplirse, será una prueba imperfecta. Al respecto, en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles se establece un sistema libre para valorarla, que consiste en la facultad otorgada al juez para disponer de los medios de pruebas conducentes, y para valorarlos conforme a los dictados de su conciencia y a la responsabilidad que debe tener en el cumplimiento de su función. En otras palabras, los dictámenes son opiniones técnicas en alguna especialidad, orientadoras del arbitrio de la autoridad a quien corresponda valorarlo, por tanto, para estimarse en términos positivos la prueba de peritos, en su conformación, deben cumplirse determinadas condiciones que, vía revestimiento de formalidades esenciales, se erigen como criterios objetivos básicos en la eficacia de la probanza en cuestión. Tales criterios, enunciativamente, son: a) Credibilidad. Es todo aquello que se manifiesta en el peritaje que resulte creíble en relación al conocimiento que sobre un hecho, objeto o circunstancia se exprese, a efecto de otorgarle la fe que podría inspirar, ya por lo racional o lo relativo que su profundidad y contenido provoquen. b) Ausencia de error. Exige que el peritaje deba estar alejado del error; la observación cotidiana sobre algo determinado elimina esa posibilidad; por tanto, la opinión de los peritos debe escapar a esa eventualidad. c) Certeza. Es la forma de exposición sobre lo que se dice o afirma, y que provoca en el ánimo de la autoridad la certeza de ello, por lo que no puede un perito ser contradictorio o dubitado; requiere necesariamente expresar sus opiniones con determinación exhaustiva, lógica y racional. d) Determinación. Implica que la autoridad que habrá de valorar el dictamen requiere tener conocimiento de la forma en que se han producido las conclusiones a que llegó el perito, por lo que éste debe dar la causa razonada y lógica de su conocimiento, exponiendo con claridad los medios o técnicas que utilizó para concluir en el sentido en que lo hizo; así, de ser necesaria la comprobación de los mismos, pueda arrojar igual resultado, en tanto que de los motivos racionales de sus afirmaciones, ese peritaje adquiere mayor relevancia jurídica. En la inteligencia de que si un dictamen pericial se elabora en desatención de los elementos indispensables de valoración relacionados, ello, es causa suficiente para restarle alcance demostrativo, pues, para que una opinión pericial alcance el resultado que con su desahogo se buscó, es preciso que en su confección se expongan, pormenorizadamente, las razones, argumentos y demás cuestiones analíticas que llevaron al experto dictaminador a concluir en tal o cual sentido. También es importante mencionar que si bien es cierto que la eficacia demostrativa de la prueba pericial se apreciará de acuerdo a las circunstancias de cada caso, es decir, según la prudente apreciación del que juzga, ello de ninguna manera exime a quienes emiten su dictamen, de la obligación de expresar claramente los motivos que determinan cada apreciación, puesto que la facultad de libre valoración en materia probatoria, tendrá en todo caso que justificarse a través de los elementos objetivos en que se sustenten y del respectivo razonamiento lógico jurídico. En el caso, Jasiel Rendón Bravo, perito oficial designado por este Juzgado de Distrito demostró tener conocimiento y experiencia en las materias de grafoscopía y documentoscopía; siendo que emitió dictamen concluyendo lo siguiente: "Única: si existe correspondencia entre la firma que obra en la constancia de alineamiento (licencia de alineamiento), número doscientos cinco (205), de fecha 15 de enero de 2014 y la firma que obra en la constancia de posesión de fecha 13 de enero de 1996 firmadas a nombre de VICTOR AMADO LÓPEZ HERNÁNDEZ en calidad de Presidente Municipal Constitucional." En esas condiciones, en uso del arbitrio para apreciar la prueba técnica desahogada, se considera con eficacia probatoria el dictamen rendido por el perito oficial, al considerar que es objetivo, explícito e ilustrativo en su emisión, como enseguida se expone. Dicho experto Jasiel Rendón Bravo describe pormenorizadamente los elementos que tomó en consideración para emitir su dictamen, y los puntos de comparación entre las firmas, además que responde de manera congruente a cada uno de los puntos sobre los que versó la prueba pericial. Máxime que la finalidad de la prueba pericial es aportar al Juzgador los elementos auxiliares que le permitan encontrar la verdad respecto del problema planteado, con equidad, lógica y justicia que deben regir las sentencias. Apoya lo anterior el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial del Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Octava Época, Página 414, cuyo rubro dice: "DICTÁMENES PERICIALES. SU VALOR QUEDA AL ARBITRIO DEL JUZGADOR". Así como la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Distrito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, visible en la página 780, que a la letra señala: "PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes periciales." El perito oficial correctamente señaló que no era posible considerar como elemento de cotejo el formato de "detalle de ciudadano" a nombre de Víctor Amado López Hernández, remitido por el vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral de Oaxaca, al ser un documento en copia, por lo que únicamente tomó como documento indubitable la constancia de alineamiento respectiva. Asimismo, en el apartado comparativo de la firma cuestionada con la indubitable (constancia de alineamiento), expresó los resultados del orden general del documento A y B, del grupo de gestos gráficos del documento A y B y realizó una confrontación de las características de ambos documentos. Además, expuso que del estudio realizado sobre las firmas motivo de estudio a nombre de Víctor Amado López Hernández en los documentos "A" y "B" se observan notables semejanzas gráficas entre ellas. De ahí que se le otorga plena convicción y, por tanto, se le concede valor probatorio pleno en términos de los numerales 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al peritaje del experto Jasiel Rendón Bravo (perito oficial), dado que dio la causa razonada y lógica de su conocimiento, y expuso con claridad los medios y técnicas para llegar a su conclusión. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que la firma estampada en la constancia de posesión firmada por Víctor Amado López Hernández, en su calidad de presidente Municipal Constitucional de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, a favor de Catalina Yolanda Bautista, respecto al inmueble ubicado en Riveras del Río Atoyac, margen izquierda, colonia Granjas y Huertos de Brenamiel, en el municipio de San Jacinto Amilpas, centro Oaxaca, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y seis, que exhibió la parte quejosa como prueba, proviene del puño y letra de su suscriptor, puesto que el perito oficial expuso claramente las coincidencias existentes entre la firma cuestionada y la indubitable, en cuanto a los aspectos generales y gestos gráficos. Por tanto, el dictamen en cuestión, es congruente y preciso en sus descripciones, aunado a que se expresan las razones y circunstancias en forma detallada, que se tomó en consideración para llegar a la conclusión indicada, la que, se estima, es apegada a la realidad, pues, como se dijo, los datos y elementos que se analizaron orientan de tal manera que se constituyen en una guía para advertir con claridad las similitudes destacadas, de acuerdo con la sana crítica, las reglas de la lógica y la apreciación directa de las constancias de autos, que ponen en relieve una exacta descripción con la realidad. Sin que ello implique que se pretenda rebasar el conocimiento común o general e invadir un campo de conocimientos técnicos, ya que la constatación de los razonamientos periciales de mérito, por la forma en que fueron expuestos, permiten que con base en el sentido común se realice dicha constatación, además que no fue objetado el dictamen rendido por el perito oficial. Por lo expuesto, se declara infundada la objeción planteada por la tercera interesada María Reyna Concepción Jarquín Valencia, en relación a la firma de la documental consistente en la constancia de posesión firmada por Víctor Amado López Hernández, en su calidad de presidente Municipal Constitucional de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, a favor de Catalina Yolanda Bautista, respecto al inmueble ubicado en Riveras del Río Atoyac, margen izquierda, colonia Granjas y Huertos de Brenamiel en el municipio de San Jacinto Amilpas, centro Oaxaca, de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y seis. Enseguida, se procede a realizar el estudio de fondo de los actos reclamados. SEXTO. Improcedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en la especie, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no es parte en el juicio de origen y, además, no acredita su interés jurídico, como se verá enseguida. Se estima que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa, en la medida de que no exhibió prueba eficaz y suficiente tendiente a acreditar el interés respecto de la posesión del inmueble materia del juicio de origen, consistente en una fracción de terreno con construcción con vista a las Riveras del Río Atoyac, del inmueble ubicado en Riveras del Río Atoyac, número diez (actualmente ciento diez), colonia Granjas y Huertos de Brenamiel, San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca; por ende, la parte quejosa carece del interés jurídico para promover este juicio. En efecto, el precepto legal aludido, en su fracción invocada, dispone: "Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; --- (.)" Para determinar lo anterior, se toman en consideración los siguientes elementos: Ciertamente, la quejosa aduce que se vulneraron en su perjuicio las garantías individuales (sic) consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que sin haber sido oída ni vencida en juicio, se le pretende privar de la posesión, en su calidad de propietaria y poseedora, de una fracción de terreno ubicado en Riveras del Río Atoyac margen izquierda, actualmente marcado con el número doscientos cinco (205), en la colonia Granjas y Huertos de Brenamiel, en San Jacinto Amilpas, Oaxaca; de ahí que considere que le asiste un derecho en relación a la propiedad referida, susceptible de ser protegido por el juicio de amparo. Ese de precisarse que los supuestos que debe de acreditar el gobernado para ser objeto del amparo y protección de la justicia federal son: a) Que es tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados; y, b) Que la posesión del inmueble proviene de una causa legitima reconocida por la ley. El primer supuesto quedó acreditado en autos, con las copias certificadas de las constancias del juicio de origen, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que fueron remitidas por la juez Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, con apoyo a su informe justificado, relativas al juicio sumario especial de desahucio 100/2017, de la estadística del extinto Juzgado Octavo Civil (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca), promovido por María Reyna Concepción Jarquín Valencia y Mauro Álvaro Vargas o Álvaro Vargas Zárate, contra José Luis García Palma, por lo que es dable establecer que la quejosa no forma parte del juicio de origen y, en consecuencia, es ajena a la relación procesal de la cual deriva el acto reclamado. El segundo supuesto, consistente en demostrar que la posesión que detenta la quejosa respecto del bien inmueble materia del juicio 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en una fracción de terreno con construcción con vista a las Riveras del Río Atoyac, del inmueble ubicado en Riveras del Río Atoyac, número diez (actualmente ciento diez), colonia Granjas y Huertos de Brenamiel, San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca; proviene de una causa legitima reconocida por la ley, que no quedó demostrado en autos, en virtud de que aquélla únicamente aportó como prueba documental la consistente en: a) Copia simple de la sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 100/2017, relativo al juicio especial de desahucio, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. b) Copia certificada de la constancia de posesión de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y seis, firmada por el presidente Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. c) Copia certificada del acta de diligencia de apeo y deslinde de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete. d) Original de la licencia de alineamiento, número oficial (205) y uso de suelo de fecha quince de enero de dos mil catorce, firmada por el presidente Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. e) Original del comprobante de pago de consumo de energía eléctrica, relativo al inmueble ubicado en Riveras del río Atoyac, numero doscientos cinco, San Jacinto Amilpas, Oaxaca . f) Copia simple del instrumento notarial número veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve, volumen trecientos veinticinco pasado ante a la fe del notario público setenta y cuatro del Estado de Oaxaca . Así como: g) Pericial en topografía y agrimensura, admitida en acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y desahogada mediante el dictamen en materia de agrimensura emitido por el ingeniero Javier Cortes Nicolás, perito oficial, de fecha siete de febrero de dos mil veinte, el cual fue debidamente ratificado en auto de veintiséis de febrero siguiente. h) Testimonial a cargo de los atestes Gabriel Agustín Valencia González y Blas Armando Velasco. Medios de convicción que son ineficaces para los fines que pretende la parte quejosa, en razón de lo siguiente: La a) sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 100/2017, relativo al juicio especial de desahucio, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, sólo acredita la existencia de una determinación en la que las partes procesales son distintas a la quejosa. En la b) constancia de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y seis, firmada por el presidente Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, se asienta que tiene en posesión por más de veinte años, a título de dueña, en forma pública, pacífica, continua, ininterrumpida y de buena fe el bien inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en Riveras del Río Atoyac margen izquierda, en la colonia Granjas y Huertos de Brenamiel en el Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, sin que haga constar el documento con el que se acredita la propiedad. En el c) acta de diligencia de apeo y deslinde de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, solicitada por la parte quejosa, únicamente se refiere que esa persona acredita la propiedad del inmueble cuyo deslinde solicita, con las documentales que se presentan en original y copia simple para cotejo; sin embargo, las mismas no fueron acompañadas por la quejosa como prueba de su parte, por lo que, en su caso, se estima que sólo acredita que solicitó el deslinde respecto de un bien pero no que sea la propietaria o poseedora legítima del mismo. La d) licencia de alineamiento, número oficial (205) y uso de suelo de fecha quince de enero de dos mil catorce, firmada por el presidente Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, únicamente acredita el otorgamiento de alineamiento y uso de suelo de un bien y en relación al e) instrumento notarial número veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve, volumen trecientos veinticinco, pasado ante a la fe del notario público setenta y cuatro del Estado de Oaxaca; se estima que no acredita algún derecho a favor de la parte quejosa, al constar en dicho instrumento la rectificación de medidas y colindancias respecto de diverso bien inmueble. Finalmente, la g) pericial en topografía y agrimensura, admitida en acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve y desahogada mediante el dictamen en materia de agrimensura emitido por el ingeniero Javier Cortes Nicolás, perito oficial, de fecha siete de febrero de dos mil veinte, el cual fue debidamente ratificado en auto de veintiséis de febrero siguiente y la prueba h) testimonial a cargo de los atestes Gabriel Agustín Valencia González y Blas Armando Velasco, tampoco generan algún derecho a favor de la parte quejosa, pues, en el caso, el referido dictamen en materia de agrimensura únicamente identifica, en todo caso, el bien inmueble que en él se hace mención; y, por lo que hace al dicho de los referidos atestes en la prueba desahogada, éstos resultan ineficaces, pues no justifican válidamente la razón de su dicho, al no exponer cómo les consta que es la dueña o poseedora del bien inmueble que defiende, es decir, si son vecinos o colindantes, si conocen su título de propiedad o si saben, en concreto, la causa generadora de su posesión; pues al dar la razón de su dicho únicamente refirieron, respectivamente, lo siguiente: "8. Que diga el testigo la razón de su dicho. Respuesta: Me consta porque la señora Catalina Yolanda Bautista la conozco y tiene más veinte años viviendo ahí. 8. Que diga el testigo la razón de su dicho. Respuesta: Pues porque la conozco más de quince años, porque vendía de comer y yo le compraba comida". Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia VI.2o.J/350, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Núm. 86, Febrero de 1995, página 38, registro digital 209209, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TESTIGOS. INEFICACIA PROBATORIA DE LA DECLARACION DE LOS. Si los testigos afirman que han visto u oído determinados hechos o expresiones, pero no manifiestan en qué circunstancias o por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron, o bien, como razón de su dicho, expresen medios o circunstancias que lógicamente no pueden llevar al ánimo del juzgador la convicción de que realmente les constan esos hechos, tal probanza, por sí sola, carece de eficacia probatoria." Por lo anterior, las pruebas ofrecidas, por sí solas, carecen de valor probatorio pleno para tener por acreditado el interés jurídico de la quejosa; pues, en el caso, es necesaria la existencia de un documento (título) que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho posesorio, esto es, la causa generadora de la posesión. La exigencia de probar fehacientemente la causa generadora de la posesión, consiste en acreditar con circunstancias de modo, tiempo y lugar, el hecho por el cual entró en posesión del bien. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tesis: P./J. 1/2002, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 187733) que es del tenor: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.- En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". (Lo subrayado es propio de este Juzgado) Por tanto, dado que la quejosa no exhibió documento alguno que acreditara su interés jurídico, respecto del inmueble que refiere y, por ende, el interés jurídico que aduce tener que la legitime para promover este juicio de amparo, el que debe ser acreditado en forma fehaciente, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tesis: 2a./J. 16/94, 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro 206,338, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con fundamento, además, en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 74, fracción VI, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por ***************, contra la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, en el expediente 100/2017, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del distrito judicial de Centro, Oaxaca (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca), y su ejecución, atribuida al a) juez Octavo de lo Civil del distrito judicial de Centro, Oaxaca y b) ejecutor llevador del expediente 100/2017 (ahora 135/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca), respectivamente; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional

  2. Principal

    pral.882/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo depositada el dieciocho de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnada a este Juzgado en la misma fecha, promovida por**** por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el registro 882/2021. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, *** Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - - - [.]" Párrafo del que se aprecia que los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, así como aquellos criterios que emitan sus Salas. Caso concreto. Precisado lo anterior, es menester indicar que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso Alejandro Molina Carmen manifiesta en el capítulo de "HECHOS" de su demanda de amparo, que: El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno presentó ante la autoridad responsable una demanda de "pensión por ascendencia" al Instituto Mexicano del Seguro Social. **** Lo anterior, alega, constituye una violación a su derecho de impartición de justicia pronta y tutela jurídica efectiva, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal; de ahí que el acto que reclama de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con independencia de los términos en que lo plantea en la demanda, se traduce en: La omisión de acordar el escrito presentado el nueve de julio del año en curso, dentro del juicio laboral J.32/0338/2021; mediante el cual cumplió con las prevenciones necesarias para admitir a trámite su demanda laboral. c) Actualización de improcedencia. En esas condiciones, es necesario destacar que, al resolver la contradicción de tesis 294/2018 entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó,*** Plazo que se estableció así para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento, tomando en cuenta que es precisamente el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo contempla para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. - - - (...)." Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el uno de marzo de dos mil diecinueve, bajo el registro 2019400, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que,**** Por tanto, se puede afirmar que el juicio de amparo no será procedente en los casos en que la dilación no exceda los cuarenta y cinco días naturales a que alude la jurisprudencia de observación obligatoria antes transcrita. En el caso, de los antecedentes que narra la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte, como ya se reseñó, que presentó demanda laboral el veintiuno de mayo de este año, a la que recayó el acuerdo de catorce de junio del mismo año, en el que se le previno para que la aclarara; requerimiento que cumplió mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el nueve de julio de dos mil veintiuno, sin que después de esa data exista actuación posterior de la Junta a la que se señala como responsable. **** Plazo que evidentemente no ha fenecido, pues de la boleta de turno se observa que la demanda de amparo se presentó el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por lo que es dable concluir que no existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total que haga procedente el juicio de amparo. **** "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Resolución. Por las consideraciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Alejandro Molina Carmen, por propio derecho. Acceso a la justicia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión al peticionario de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no atienda en el plazo legal para ello el escrito de nueve de julio de dos mil veintiuno, el quejoso podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. Sin que pase desapercibido para este Juzgado, que el quejoso refiere ser un adulto mayor, de setenta y cuatro años y que, por ello, debe aplicarse en su favor la tesis aislada de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO PROMOVIDO CONTRA LA DEMORA DE PROVEER CON OPORTUNIDAD PROMOCIONES FORMULADAS POR ADULTOS MAYORES EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAUDO FAVORABLE"; sin embargo, en primer lugar, **** Además, se precisa que la actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica vulnerar el derecho humano de acceso a la justicia, ya que se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo cual, la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Asimismo**** Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, conforme lo dispone la fracción I, del numeral 27, de la Ley de Amparo, el que indica en su demanda; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la misma ley, al licenciado *** Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de la parte promovente que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia y adicionado por su similar 9/2021. Exhortación para trámite de juicio en línea mediante uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general en cita, se exhorta a la parte quejosa para que, **d*de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ****+ 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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