Alejandro Mogollán Castillo

Expediente 537/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
537/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Mogollán Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con el numeral 21, inciso d, del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipula tal disposición. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de diecinueve del mes en curso, por los motivos ahí expuestos. En ese sentido, dado que no se advierte diverso domicilio en que pueda practicarse dicha diligencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista tal acuerdo, así como las subsecuentes determinaciones. Cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo se notifica a la parte quejosa el auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno: Ciudad de México, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso **** en atención a su contenido, téngase como defensor del justiciable al licenciado **** para que lo asista en la sustanciación del presente juicio. Ahora, en cuanto a los correos electrónicos y número telefónico que se proporcionaron, ténganse como medios de contacto para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. I. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que el justiciable reclama: ".EL TRASLADO DE CENTRO PENITENCIARIO CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP 1) AL CENTRO PENITENCIARIO CERESO 17 CON RESIDENCIA EN MICHOACÁN. 2) así como la falta de un procedimiento seguido por la autoridad administrativa, ante el Juez de Ejecución competente del cual debieron notificar al quejoso, en el actuar de las autoridades responsables sin que exista un razonamiento lógico jurídico, violentado así mis derechos humanos y garantías, dejándome en estado de indefensión". Acto(s) que atribuye(n) a las siguientes autoridades: "Comité Técnico del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP 1), con sede en el Reclusorio Norte. -Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP 1). -Subdirector Jurídico del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP 1). -Jefe de Unidad Departamental de Seguridad y Custodia del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (CEVASEP 1)". II. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, es conveniente precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.- Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" . Asimismo, es necesario citar los preceptos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: "Artículo 52. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 117. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente (.). Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada". En torno al acto reclamado, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, dispuso: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." (Énfasis propio). III. En relación con los actos reclamados consistentes en ".EL TRASLADO DE CENTRO PENITENCIARIO CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP 1) AL CENTRO PENITENCIARIO CERESO 17 CON RESIDENCIA EN MICHOACÁN. - 2) así como la falta de un procedimiento seguido por la autoridad administrativa, ante el Juez de Ejecución competente del cual debieron notificar al quejoso, en el actuar de las autoridades responsables sin que exista un razonamiento lógico jurídico, violentado así mis derechos Humanos y garantías, dejándome en estado de indefensión", si el quejoso no agotó previamente el medio de defensa ordinario denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o anulado el referido acto que reclama, y no se actualiza ningún supuesto de excepción, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del mismo ordenamiento. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda. En otro aspecto, agréguense a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, y anexo de cuenta, de cuyo contenido se advierte que se devuelve sin diligenciar el exhorto **** de este orden. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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