Alejandro Miguel Martinez
Expediente 1779/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1779/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2016
Partes del expediente
- Alejandro Miguel Martinez
Actuaciones
- Principal
III. Toluca, Estado de México; treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, devuelve diligenciado el exhorto 911/2016 (orden 911/2016), a través del cual se solicitó se notificara al quejoso George Khoury Layón, el acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciséis. Atento su contenido, a la autoridad oficiante acúsese el recibo de estilo y en el Libro de Gobierno asiéntense las anotaciones correspondientes; asimismo, téngase por notificado al quejoso del auto de referencia. Ahora, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal al quejoso privado de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal le conveniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, la determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de veintitrés de noviembre del presente año, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia 573, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, con número de registro 392690, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa, por medio de lista, la notificación del proveído de mérito y las subsecuentes aun las de carácter personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe. EN CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO EN EL ACUERDO QUE ANTECEDE SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL DICE: VII. Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandro Miguel Martínez, contra actos de la Junta Especial número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1779/2016-Vll. En principio, cabe puntualizar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Sobre tal tópico, el artículo 34 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Ahora, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 34, 47 y 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandro Miguel Martínez, contra actos de la Junta Especial número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y, estima debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno. Lo anterior, pues el artículo 47 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. .". De igual modo, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos, resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa entre ellos, o que se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.". Así, es claro que los preceptos legales transcritos en párrafos precedentes, contienen los requisitos de procedencia del juicio de garantías en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente precisar que por esta vía se tilda de inconstitucional: El auto de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral J.5/484/2012, por la Junta Especial número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por el cual se ordenó mandar al archivo el citado expediente, como asunto total y definitivamente concluido. De lo antes expuesto, es claro que si el juicio se inicia para los efectos estrictamente del amparo, con la presentación de la demanda ante la potestad judicial y concluye con el dictado de la sentencia definitiva o resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, el acto reclamado en esta vía constitucional, encuadra en la hipótesis prevista en el numeral 170 de la Ley de Amparo, porque el auto dictado el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, puso fin al juicio natural y, corresponde el conocimiento del asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito y no a un juez de Distrito. Es aplicable la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 83, del Tomo II, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a diciembre 1988, Octava Época, con número de registro 229764, que establece: "AMPARO DIRECTO, PROCEDENCIA DEL. RESOLUCIONES DEFINITIVAS. ARTICULO 46 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme con lo previsto por el artículo 46 de la Ley de Amparo, el amparo directo es procedente contra sentencias definitivas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; sentencias definitivas dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubiesen renunciado expresamente a la interposición del recurso, así como contra resoluciones que ponen fin al juicio o sea aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; por ende, si el proveído reclamado es recurrible ante la autoridad responsable, no constituye una resolución que ponga fin al juicio y no es susceptible de reclamarse en amparo directo.". Así como la jurisprudencia 1016, publicada en la página 699, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: "SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hayan motivado la litis contestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada." En esa tesitura y tomando como punto de partida el hecho de que la lectura integral de la demanda en cuestión, se desprende que la parte quejosa reclama el auto de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral J.5/484/2012, por la Junta Especial número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por el cual se ordenó mandar al archivo el citado expediente, como asunto total y definitivamente concluido, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declara carecer legalmente de competencia para conocer de la demanda de amparo, y estima debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno. Máxime que de los antecedentes narrados no se advierte la emisión de algún laudo que pudiese poner fin al juicio, por lo contrario, con el auto reclamado es con el que se concluyó el juicio sin decidir el fondo. Por tanto, remítase el presente expediente así como las copias de la demanda de amparo; de igual modo, solicítese de manera atenta y respetuosa a la superioridad, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva informar la determinación tomada respecto a la legal competencia planteada. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes. Domicilio. En conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en el proemio de la demanda. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizados a las personas citadas en el escrito de demanda que se atiende para los efectos ahí precisados, siempre y cuando cuenten con el registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se tendrán únicamente para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VIII. En términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, manifiesta la imposibilidad para designar perito en la materia solicitada por este órgano jurisdiccional, por las manifestaciones vertidas. Atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de diez de octubre del año actual (foja 628) y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, el estado procesal de los autos evidencia que mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 613 y 614), se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de topografía y agrimensura, a efecto de poder determinar si el predio motivo de la litis, produce afectación a los bienes defendidos por la parte quejosa en el presente asunto. Al efecto, se requirió al Delegado en el Estado de México de la Procuraduría General de la República, con residencia en Toluca, propusiera un experto en la materia respectiva, para fungir como perito oficial; sin embargo, mediante comunicado recibido el tres de octubre del año en curso (foja 619), el Delegado Estatal de esa institución informó la imposibilidad de realizar tal designación. Por auto de auto de tres de octubre de dos mil dieciséis (foja 621), se requirió al Director General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, proporcionara un experto en la materia de referencia, para fungir como perito oficial; en atención a tal requerimiento se recibió un oficio el siete de octubre del año actual (foja 626), mediante el cual comunicó la imposibilidad de realizar la designación solicitada. Asimismo, en auto de diez de octubre pasado (foja 628), se requirió al Tribunal Superior Agrario y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para que proporcionaran un experto en la materia indicada, para fungir como perito oficial; en atención a dicho requerimiento el trece de octubre de dos mil dieciséis (foja 633), la Directora General de Gestión y Apoyo a la Función Jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de México, informó la imposibilidad de efectuar dicha designación. Lo anterior, evidencia que se han realizado las gestiones necesarias con el objeto de lograr la designación de un perito sin causar erogación al Poder Judicial de la Federación, cuyo objetivo no fue logrado. A fin de evitar mayores dilaciones procesales, Ahora, en atención a que para la legal substanciación del presente juicio se requiere la designación de un experto que auxilie en materia de topografía y agrimensura al suscrito, se estima pertinente acotar lo siguiente: El artículo 120 de la Ley de Amparo, reseña: "Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que se deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisiorio de la prueba..". El contexto del dispositivo que antecede, así como la adecuada intelección del mismo, refiere que a quien corresponde efectuar la designación de perito con el objeto de solventar la necesidad de desahogar una prueba de esa índole, corresponde insoslayablemente al juez de Distrito; esto es, que la prueba pericial radica, específicamente, en la necesidad que posee el juzgador de arribar al conocimiento de algún hecho en base a la opinión calificada de un profesional que posea los conocimientos suficientes como para dilucidar una parte de la cuestión debatida en el juicio constitucional; en tal contexto, se ha sostenido insistentemente, que la peritación es una actividad procesal desarrollada a virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. Por tanto, ha sido de uso procesal reiterado en la substanciación de los juicio de amparo, que el Poder Judicial de la Federación, en este caso a través de los juzgados de Distrito, se auxilie de alguna dependencia oficial que cuente con peritos que dependan laboral y económicamente de esa institución, para de entre ellos, designar al perito que fungirá a favor del órgano de control constitucional; sin que para ello sea óbice, que la fracción XXIX del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, obligue a la formación de una lista anual con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, pues ello obedece a determinados parámetros de procedencia de los casos en los que se podrá solicitar el auxilio de tal listado. En efecto, el artículo 20 del Acuerdo General 34/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó el diverso 37/2001 en relación con las formalidades para el nombramiento de peritos en los órganos jurisdiccionales, así como el procedimiento de pago, establece en la parte conducente: ".a) Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales, que dentro de los procedimientos de su competencia, pretendan nombrar como perito a alguno de los señalados en la lista, una vez recabada la cotización de honorarios correspondiente, deberán solicitar la autorización respectiva de la comisión, acreditando en forma fehaciente que después de haber realizado los trámites necesarios, por lo menos ante dos dependencias gubernamentales o instituciones públicas de educación superior o colegios de profesionistas para que se les proporcionara en forma gratuita el perito correspondiente, no obtuvieron respuesta favorable.". A lo anterior, se debe sumar el contenido de la tesis publicada en la página 130, del Volumen 133-138 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que reza: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO.- La prueba pericial en el amparo tiene características diferentes de la que se rinde en los juicio federales. En efecto, en el amparo no se integra fundamentalmente con un perito de cada parte, si no se ponen de acuerdo en la designación de uno solo, y con un tercero en discordia, en caso de discrepancia. Conforme al artículo 151 de la Ley de Amparo la prueba se integra, en principio, por un solo perito que debe designar el Juez, se da a las partes el derecho a designar un perito que se asocie con el del Juez o que dictamine por separado. En principio, sería deseable que el Poder Judicial de la Federación tuviese una plantilla de peritos, para tales designaciones, o una asignación presupuestal para requerir los servicios de los peritos que fuesen necesarios. Eso sería lo mejor para una recta y buena administración de justicia. En forma imparcial hasta donde es posible. Pero en México no existen plazas para peritos del Poder Judicial Federal, ni se le otorga un presupuesto para solicitar servicios técnicos periciales, por lo que no queda sino solicitarlos de la Procuraduría General de la República, o a otra dependencia gubernamental. Por otro lado, el procurador no hace la designación del perito formalmente, sino que la hace el Juez, al que el procurador sólo proporciona el nombre del perito. Y aunque en el fondo quien realmente viene a hacer la designación sí es el procurador, esto se atenúa en alguna forma en parte si se considera que, aunque pertenece al Poder Ejecutivo Federal, el Ministerio Público que es parte en todos los amparos en principio interviene en los juicios como amicus curiae, en forma teóricamente imparcial y desinteresada, con miras sólo al bien común.". En las condiciones acotadas, se requiere al Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal a fin de que proporcione un experto en materia de topografía y agrimensura que funja como perito oficial en el presente juicio de amparo.
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