Alejandro Mendoza Flores
Expediente 254/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2021
Partes del expediente
- Alejandro Mendoza Flores
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así con la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, para que realizaran adiciones a los cuestionario e interrogatorios ofrecido para el desahogo de las pruebas periciales en materia de agrimensura y topografía, así como de valuación inmobiliaria, ofrecida por el Subdirector Contencioso, en representación de la autoridad responsable Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla. En las anotadas circunstancias, se hace efectivo el apercibimiento decretado a las partes por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; por consiguiente, se tiene por precluido ese derecho y se hace del conocimiento a las partes que las pruebas periciales de mérito se desahogarán al tenor del cuestionario ofrecidos por el oferente y las adiciones de la parte quejosa Evangelina Teresita González Martínez. Por tanto, se precisa que el oferente de la prueba (Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla), así como las diversas autoridades responsables no designaron perito de su parte, por lo tanto, se les tiene por conformes con el dictamen que emita el perito oficial designado por este juzgado. Asimismo, se tiene a la parte quejosa designado como perito de su parte a Miguel Ángel Arellano Ortega, y en razón de que mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, ofreció el dictamen pericial correspondiente a las periciales en comento, se requiere al referido experto por conducto de la parte quejosa, para que comparezca a este órgano jurisdiccional a protestar el cargo conferido y ratificar el dictamen presentado en este órgano jurisdiccional, en el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá a la quejosa conforme con los dictámenes que al efecto emita el perito oficial. Para dar lugar a lo anterior, en términos del artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, al ser este juzgado federal quien requiere la presencia física del perito de la parte quejosa, se procedió a generar la cita respectiva, misma que se obtuvo para las once horas del siete de mayo de dos mil veintiuno, generándose el Código QR folio: 37494/2021, que permitirá que él y, en su caso, otra persona autorizada en el presente juicio, ingresen a las instalaciones que ocupa este órgano para el único fin de aceptar el cargo conferido y ratificar el dictamen en comento. En tal sentido, hágase del conocimiento de Miguel Ángel Arellano Ortega, por conducto de la parte quejosa, que el día y hora señalados deberá comparecer, con identificación oficial vigente, a protestar el cargo conferido como perito en materia de agrimensura y topografía, así como de valuación inmobiliaria, debiendo exhibir el Código QR folio: 37494/2021 que le permitirá el acceso, mismo que le será entregado en el acto en que se le notifique el presente acuerdo. Igualmente, en términos del artículo 7 del aludido acuerdo, se le exhorta para que acuda puntualmente a la cita programada (misma que durará un máximo de 25 minutos) y cumpla con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubre boca en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Del mismo modo, se hace saber al perito en cita que de encontrarse en una situación de vulnerabilidad frente al Covid-19, así lo deberá manifestar, ya sea al momento de la notificación del presente auto, o bien, mediante escrito, para que este juzgado reprograme la cita generada, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto haya establecido la administración del edificio sede. Por otro lado, del estudio integral del presente asunto, se advierte que mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mismo que fue notificado el dieciséis de marzo del año en curso, se requirió a la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Delegación en Puebla para que designará perito para fungir como tal por parte de este juzgado federal, en las pruebas periciales en materia de agrimensura y topografía, así como de valuación inmobiliaria, empero, ha sido omisa dar cumplimiento al citado requerimiento. En consecuencia, se requiere por última ocasión a la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Delegación en Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de que reciba la notificación del presente auto, dé cabal cumplimiento al auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, esto es, designe perito en materia de agrimensura y topografía, así como de valuación inmobiliaria, o en su caso, manifieste su imposibilidad para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tengan para tal efecto se les impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual, remite copia certificada del auto de siete de abril de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral D-6/44/2019 de su índice, del que se advierte que tuvo por desahoga la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, se toma conocimiento de lo manifestado, sin que haya lugar a requerir nuevamente a la autoridad oficiante en virtud que mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que la autoridad responsable remitió en cumplimiento al fallo protector, por lo que se encuentra transcurriendo el término concedido para ello, máxime que no obra en autos la constancia de notificación correspondiente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. agréguese a sus autos el escrito de Mercedes Solís Sánchez apoderada legal de la persona quejosa moral denominada Compañía Industrial Papelera Poblana, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en atención a su contenido, con una copia del mencionado escrito, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído informe el cumplimiento al fallo protector de garantías, en el entendido que deberá seguir los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora; asimismo, se hace de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en autos, para el caso de incumplimiento. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destacan las Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, signadas -electrónicamente- por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, relativa a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 al 17 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mediante las cuales se decretó que del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en la referida circular en la fracción II, numeral 16 se determinó que Puebla (Sexto Circuito), deberá de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, V, VI y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional y se procede a dictar la resolución que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. En consecuencia, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue el auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en el juicio laboral D-320/2005, que desechó por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor, ahora quejoso Alejandro Eleazar Trujillo Castellanos. Por resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Alejandro Eleazar Trujillo Castellanos, contra los actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para los siguientes efectos 1. Deje sin efectos el auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral D-320/2005, mediante el cual desechó por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor, ahora quejoso Alejandro Eleazar Trujillo Castellanos, a través de su apoderado, contra la notificación del laudo emitido en ese controvertido; y, en su lugar, 2. Dicte un nuevo auto, en el que dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión, se señale día y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental en la que, con plenitud de jurisdicción, deberá resolver el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el actor, ahora quejoso Alejandro Eleazar Trujillo Castellanos, a través de su apoderado, contra la notificación del laudo emitido en ese controvertido...". En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintisiete de octubre de dos mil veinte la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, mediante oficio 2782/2020 de los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, recibido en la oficialía de este Juzgado el tres de diciembre de dos mil veinte, remitió el auto de treinta de noviembre del citado año, emitido en el juicio laboral D-320/2005 de su índice, del que se advirtió que dejo insubsistente el proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte y señaló fecha para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia incidental. Luego, por diverso 153/2021 signado por los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, remitieron copia certificada de la resolución de ocho de enero de dos mil veintiuno, en el incidente de nulidad de actuaciones relativo al juicio laboral D-320/2005 de su índice. Por lo anterior, el veinte de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por el Tribunal responsable, el cual se notificó a la quejosa el veintiocho de enero de dos mil veintiuno; y a la parte tercera interesada el veintidós de enero del corriente año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que el treinta de noviembre del dos mil veinte, dejo insubsistente el proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte y el ocho de enero de dos mil veintiuno, dictó la resolución en el incidente de nulidad de actuaciones relativo al juicio laboral D-320/2005 de su índice; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Y, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
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