Alejandro Méndez Reyes
Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Alejandro Méndez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de veintiséis de octubre pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, en el presente juicio, no obran documentos aportados por la parte quejosa, tanto de los catalogados como originales, como de los catalogados como no originales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra constancia de notificación a las autoridades responsables Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala y Diligenciario de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala y tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Zacatelco, Tlaxcala, del proveído de veintiséis de octubre del presente año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por lo que, mediante atento oficio que al efecto se gire notifíqueseles el proveído de referencia acompañando a dicho oficio copia del proveído de veintiséis de octubre del actual, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de los presentes autos se advierte que no obra la constancia de notificación vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, como esta ordenado mediante proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad; por lo que pásense los autos al actuario de la adscripción a fin de que realice la notificación correspondiente. Notifíquese; y vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación el proveído de veintiséis de octubre del actual. SE INSERTA RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DEL 2021. Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por sí y por el Diligenciario adscrito a dicho tribunal, por el que niegan el acto reclamado, y anexo que acompaña; atento a su contenido, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Sin que haya lugar a dar vista a las partes con su contenido ya que del mismo se advierte una causa notoria e indudable de improcedencia, como a continuación se verá. Se actualiza causal de improcedencia. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que en el presente juicio de amparo sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explicará enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está´ surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejo´ huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora bien, en el presente asunto, la demanda de amparo se presentó el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la responsable dentro del expediente *********, por el que solicitó se continuara con la fase de ejecución de la resolución administrativa dictada en dicho expediente; y la falta de notificación del acuerdo que recaiga al mismo. Luego, si de las copias certificadas que remitió el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, como justificante de sus actos, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; se advierte que el diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, se dictó en el expediente ********, de su índice el acuerdo por el cual se pronunció respecto al escrito presentado por el hoy quejoso el nueve de agosto del presente año y ordenó girar oficio a la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, para que proceda a remitir ante la responsable el cheque de caja a nombre de ********** por la cantidad de 359,058.20 (trescientos cincuenta y nueve mil cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N. Asimismo, remitió la notificación practicada al quejoso el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del mencionado proveído. En ese orden de ideas, es evidente que se dio respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso en su escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la responsable dentro del expediente ***********, por el que solicitó se continuara con la fase de ejecución de la resolución administrativa dictada en dicho expediente, al haber ordenado requerir a la Institución Bancaria poner a disposición el cheque de caja a nombre de ********** por la cantidad de 359,058.20 (trescientos cincuenta y nueve mil cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N. Por otra parte, consta en autos que la demanda de amparo fue presentada el siete de septiembre de dos mil veintiuno, fecha posterior a la notificación del proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen. Con lo anterior, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues en al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las diez horas con tres minutos del cinco de noviembre del presente año, en la que tendría verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público adscrito vía electrónica y a las autoridades responsables por oficio o por correo electrónico.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por sí y por el Diligenciario adscrito a dicho tribunal, por el que niegan el acto reclamado, y anexo que acompaña; atento a su contenido, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Sin que haya lugar a dar vista a las partes con su contenido ya que del mismo se advierte una causa notoria e indudable de improcedencia, como a continuación se verá. Se actualiza causal de improcedencia. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que en el presente juicio de amparo sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explicará enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...) De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está´ surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejo´ huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora bien, en el presente asunto, la demanda de amparo se presentó el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la responsable dentro del expediente *********, por el que solicitó se continuara con la fase de ejecución de la resolución administrativa dictada en dicho expediente; y la falta de notificación del acuerdo que recaiga al mismo. Luego, si de las copias certificadas que remitió el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, como justificante de sus actos, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; se advierte que el diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, se dictó en el expediente ********, de su índice el acuerdo por el cual se pronunció respecto al escrito presentado por el hoy quejoso el nueve de agosto del presente año y ordenó girar oficio a la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, para que proceda a remitir ante la responsable el cheque de caja a nombre de ********** por la cantidad de 359,058.20 (trescientos cincuenta y nueve mil cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N. Asimismo, remitió la notificación practicada al quejoso el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del mencionado proveído. En ese orden de ideas, es evidente que se dio respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso en su escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la responsable dentro del expediente ***********, por el que solicitó se continuara con la fase de ejecución de la resolución administrativa dictada en dicho expediente, al haber ordenado requerir a la Institución Bancaria poner a disposición el cheque de caja a nombre de ********** por la cantidad de 359,058.20 (trescientos cincuenta y nueve mil cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N. Por otra parte, consta en autos que la demanda de amparo fue presentada el siete de septiembre de dos mil veintiuno, fecha posterior a la notificación del proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen. Con lo anterior, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues en al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las diez horas con tres minutos del cinco de noviembre del presente año, en la que tendría verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público adscrito vía electrónica y a las autoridades responsables por oficio o por correo electrónico.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por sí y por el Diligenciario adscrito a dicho tribunal, por el que niegan el acto reclamado, y anexo que acompaña; atento a su contenido, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Sin que haya lugar a dar vista a las partes con su contenido ya que del mismo se advierte una causa notoria e indudable de improcedencia, como a continuación se verá. Se actualiza causal de improcedencia. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que en el presente juicio de amparo sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explicará enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está´ surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejo´ huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora bien, en el presente asunto, la demanda de amparo se presentó el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la responsable dentro del expediente *********, por el que solicitó se continuara con la fase de ejecución de la resolución administrativa dictada en dicho expediente; y la falta de notificación del acuerdo que recaiga al mismo. Luego, si de las copias certificadas que remitió el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, como justificante de sus actos, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; se advierte que el diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, se dictó en el expediente ********, de su índice el acuerdo por el cual se pronunció respecto al escrito presentado por el hoy quejoso el nueve de agosto del presente año y ordenó girar oficio a la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, para que proceda a remitir ante la responsable el cheque de caja a nombre de ********** por la cantidad de 359,058.20 (trescientos cincuenta y nueve mil cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N. Asimismo, remitió la notificación practicada al quejoso el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del mencionado proveído. En ese orden de ideas, es evidente que se dio respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso en su escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la responsable dentro del expediente ***********, por el que solicitó se continuara con la fase de ejecución de la resolución administrativa dictada en dicho expediente, al haber ordenado requerir a la Institución Bancaria poner a disposición el cheque de caja a nombre de ********** por la cantidad de 359,058.20 (trescientos cincuenta y nueve mil cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N. Por otra parte, consta en autos que la demanda de amparo fue presentada el siete de septiembre de dos mil veintiuno, fecha posterior a la notificación del proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen. Con lo anterior, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues en al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las diez horas con tres minutos del cinco de noviembre del presente año, en la que tendría verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público adscrito vía electrónica y a las autoridades responsables por oficio o por correo electrónico.
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