Alejandro MejìA Salinas

Expediente 725/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
725/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Alejandro MejìA Salinas
  • 1. Fiscal Regional de ApatzingàN, MichoacàN de Ocampo.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del tres al dieciséis de febrero de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por medio de lista el uno de febrero del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes, dentro del juicio de amparo indirecto número 725/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.3 Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las doce horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintidós el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 725/2021, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente, la demanda e informes justificados. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el Juez determina: Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse a la representación social, formulando sus alegatos, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 725/2021, promovido por Alejandro Mejía Salinas, contra actos del Fiscal Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Alejandro Mejía Salinas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.-Fiscal Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 2.-Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 3.-Departamento de Agentes de la Región de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 4.-Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 5.-Director de Seguridad Pública del municipio de Paracuaro, Michoacán de Ocampo. 6.-Comandante de la Policía Municipal de Paracuaro, Michoacán de Ocampo. ACTOS RECLAMADOS: "En los términos del presente escrito vengo a solicitar el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de las autoridades responsables y por la ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y/O ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ILEGAL DETENCIÓN del suscrito." La parte quejosa expuso que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14, 16, 18,19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por admitida la demanda de amparo; requirió de las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Órgano de Control Constitucional es legamente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado surte sus efectos dentro del territorio en el que este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión, localización, presentación y/o ilegal detención, girada contra el ahora quejoso; y, su ejecución. De las siguientes autoridades ordenadoras y ejecutoras: 1. Fiscal Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 2.-Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 3.-Director de Seguridad Pública del municipio de Paracuaro, Michoacán de Ocampo. 4.-Comandante de la Policía Municipal de Paracuaro, Michoacán de Ocampo. No se soslaya que el quejoso señaló como autoridades responsables al "Departamento de Agentes de la Región de Apatzingán, Michoacán de Ocampo y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo"; sin embargo, por lo que se refiere a dichas autoridades, por auto de doce de enero de dos mil veintidós, se tuvo a éstas como autoridades inexistentes. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. En relación con el acto materia del presente considerando, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, las autoridades responsables Fiscal Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo; Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. De igual manera, no son ciertos los actos reclamados al Director de Seguridad Pública y Comandante de la Policía Municipal, ambos del municipio de Parácuaro, Michoacán de Ocampo, pues no obstante a que no hayan rendido sus informes justificados, en su calidad de autoridades ejecutoras, resulta evidente que no pueden cumplimentar una orden inexistente, ello al haber negado el acto la autoridad ordenadora. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existen los actos reclamados, lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Cobra aplicación, la Jurisprudencia que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación, el criterio, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Mejía Salinas, contra el acto que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Incidental

    ACTA DE AUDIENCIA INCIDENTAL En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, en el presente incidente de suspensión 725/2021, de conformidad con lo dispuesto en el AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, el secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el Juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO 1. Se hace relación de los informes rendidos por las siguientes autoridades: Fiscal Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. No obra el informe previo de las siguientes autoridades responsables: Director de Seguridad Pública del municipio de Parácuaro, Michoacán de Ocampo. Comandante de la Policía Municipal de Parácuaro, Michoacán de Ocampo. Ahora, de la razón actuarial se hace constar la inexistencia de las autoridades responsable que el quejoso denominó como: Departamento de Agentes de la Región de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Téngase por hecha la relación de los informes previos que rindieron las autoridades responsables antes mencionadas y se tienen por omisas a las referidas autoridades responsables. Asimismo, téngase como inexistente a las autoridades señaladas, y se ordena suspender toda comunicación con ellas. PRUEBAS 2 El Secretario da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. ALEGATOS 3 Se da cuenta que las partes no formularon alegatos. Por tanto, se cierra esta etapa. Finalmente, el juez procede a dictar la siguiente interlocutoria: VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. En su demanda de amparo la parte quejosa Alejandro Mejía Salinas, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. TRÁMITE. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El quejoso solicita la suspensión provisional respecto de la posible orden de aprehensión, localización, presentación o detención en su contra. TERCERO. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA NO QUEDÓ ACREDITADA. Las autoridades responsables Fiscal Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo; Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. De igual manera, no son ciertos los actos reclamados al Director de Seguridad Pública y Comandante de la Policía Municipal, ambos del municipio de Parácuaro, Michoacán de Ocampo, pues no obstante a que no hayan rendido sus informes previos, en su calidad de autoridades ejecutoras, resulta evidente que no pueden cumplimentar una orden inexistente, ello al haber negado el acto la autoridad ordenadora. Por tanto, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por lo que corresponde a las mencionadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente, la que no contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Alejandro Mejía Salinas, en los términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al juez, con un oficio registrado bajo el folio 936, dentro del juicio de amparo indirecto número 725/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos, el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en su atención, téngasele formulando alegatos que a esa representación social corresponden, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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