Alejandro Mauricio Navarro Pizaña

Expediente 1837/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1837/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Alejandro Mauricio Navarro Pizaña

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de cinco de diciembre dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, que actúa con la Secretaria Berónica Farías Contreraz, quien da fe.omav

  2. Principal

    Colima, Colima, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el promovente del amparo ALEJANDRO MAURICIO NAVARRO PIZAÑA, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en el auto que antecede, y entre otras cuestiones refiere que el auto de formal prisión que pretende reclamar en sede constitucional fue notificado el nueve de octubre del año en curso. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por lo que se desecha de plano la misma en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de la narrativa del acto reclamado que hace consistir en el auto de formal prisión emitido por el Juez Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima, dentro de la causa penal 313/2015, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de pornografía, refiere que le fue notificado el nueve de octubre de dos mil dieciséis. En tanto que, el numeral 13 de la Ley de Amparo, antes transcrito, señala que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y del documento que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De ahí que el suscrito juez, estima es improcedente la tramitación del juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." La causal en comento consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Bajo esa tesitura, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 13, 139-144 primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los siguientes requisitos: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, el primero se colma del contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, y de la que se desprende que el acto reclamado en la demanda que se analiza, resulta ser el auto de formal prisión y sus consecuencias, dictado por la autoridad responsable el nueve de octubre de dos mil dieciséis y que le fuera notificado con esa misma data. El segundo, que le cause un agravio a los quejosos, éste quedó satisfecho, pues refieren que en la fecha señalada en el párrafo que antecede, el Juez Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima, decretó auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de pornografía, dentro del expediente penal 313/2015, lo que indiscutiblemente le agravia. Siguiendo con el análisis, en lo que respecta al tercer requisito, que establece que los agraviados se hayan conformado con el acto reclamado, esto es, que no hayan instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 citado, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente de aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; a aquél en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, a aquél en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente de aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente de aquél que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente de aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Aquí debe aclararse que el promovente del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de octubre de dos mil dieciséis, cuando le fue notificado el auto de formal prisión que pretende combatir en sede constitucional, de ahí que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este expediente que fue hasta el dieciocho de noviembre siguiente, en que fue depositado en las oficinas de correos del Servicio Postal Mexicano - dato que se obtiene del sello impuesto por el departamento de Administración Postal de Manzanillo, Colima-, transcurrieron con exceso los quince días hábiles para la procedencia del juicio de garantías en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, el acto que reclaman en modo alguno se trata de aquéllos que se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días, dado que no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, así también, dicho acto reclamado no involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Y tampoco se trata de una sentencia definitiva o laudo y resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente para el juicio y se encuentre fuera del lugar del mismo pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Finalmente, tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal para que la demanda se promueva en cualquier tiempo, o contra los derechos individuales de ejidatarios o comuneros. En mérito de lo anterior, se actualizan los presupuestos contemplados en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por ello, lo procedente es desechar la demanda de garantías, al evidenciarse de manera plena la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, ambos de citada ley. Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, Tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". Notifíquese personalmente al promovente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, quien da fe.

  3. Principal

    Colima, Colima, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa, al cual anexa el oficio del Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en Culiacán Rosales, Sinaloa; constancias que se ordena agregar a los autos para que surta los efectos legales consiguientes; de la segunda de las comunicaciones se desprende que remite los autos del juicio de amparo número 1290/2016, integrado en un tomo que contiene la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, un cuaderno de pruebas y un disco compacto. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes la llegada de los autos, y notifíquese personalmente el contenido de la sentencia dictada que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege en el juicio de amparo 1290/2016-I-GIS promovido por ********************en representación de su menor hija ********************, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los razonamientos contenidos en el apartado cuarto y para los efectos precisados en el último punto de este fallo. Glósense las actuaciones relacionadas con la remisión del presente expediente al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) secretario(a), Berónica Farías Contreraz, quien autoriza y da fe.omav

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