Alejandro Martinez Saldaña

Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
34/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Martinez Saldaña
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, queda firme la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21 del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se desechó la presente demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos de los preceptos 20 y 21, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, agréguese a los autos el escrito del quejoso Alejandro Martínez Saldaña, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que se exhibieron con la demanda de amparo; al respecto, devuélvanse los mismos por conducto de actuario judicial, con excepción del escrito de demanda, ya que el mismo es parte integrante del presente asunto y por ende, no procede su devolución. Notifíquese personalmente en el lugar de su reclusión. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandro Martínez Saldaña, contra actos del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Fijación del acto reclamado: Previo al análisis de la procedencia o no de la demanda de amparo, de la lectura efectuada al escrito de demanda, se desprende que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: El acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte (sic), dictado en el expediente SIPE 222/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se dejó sin efectos la fecha de compurga de la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se canceló el cómputo de la prisión preventiva y se desechó el incidente de libertad "de descuento de prisión preventiva y compurga simultanea de la pena". El acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, dictado en el expediente SIPE 222/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se realizó el cómputo de compurgación de la pena. El memorando número DG/DJ-403/2020, de nueve de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Encargado de la Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Psicosocial, mediante el cual se dio respuesta a la petición del quejoso relativa a la preliberación por criterios de política penitenciaria. El memorando número SSPC/PRS/CGCF/CEFEREPSI/DG-6877/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Director Administrativo en suplencia por ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Psicosocial, mediante el cual se hizo del conocimiento del quejoso el contenido del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y se negó su excarcelación, por encontrarse a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en la Ciudad de México. Estudio sobre la procedencia de la demanda de amparo: I. Desechamiento de la demanda por no agotar el principio de definitividad previsto en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Respecto a los actos reclamados precisados en este acuerdo con las letras A y B, este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. El procedimiento de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Es decir, para que se actualice la causal en estudio deben presentarse los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente. En ese sentido, si el justiciable pretende controvertir los actos que reclamada del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con residencia en la Ciudad de México, debe agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 131, en relación con el diverso 132 fracciones I y II de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales disponen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas.". Del precepto anterior se desprende que el recurso de apelación procede, entre otras, contra de las resoluciones que desechen las solicitudes de los sentenciados, y aquellas relacionadas con la modificación o extinción de penas. En ese sentido, si a través de los actos reclamados que se estudian, el juez responsable se pronunció respecto a la fecha de compurgación de la pena y además, desechó la solicitud del quejoso consistente en el incidente de libertad "de descuento de prisión preventiva y compurga simultanea de la pena", es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 132 fracciones I y II de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con base en lo anterior, este juzgador considera que el quejoso no agotó el principio de definitividad que se comenta, ya que no acudió al medio de defensa previsto en ley en contra del auto dictado por el juez responsable, por virtud del cual puede nulificarse, revocarse o modificarse el acto reclamado. De ahí que este órgano de control constitucional se encuentre impedido, hasta este momento, para entrar al estudio del acto señalado como reclamado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número I. 4o. C. J/25, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 361, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Así, de lo expuesto es de concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. II. Desechamiento de la demanda por no agotar el principio de definitividad previsto en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado precisado con la letra C de este acuerdo, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. El precepto transcrito establece el principio de definitividad tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese sentido, si el justiciable pretende controvertir el acto reclamado en análisis, debe agotar la controversia prevista en el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dispone: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". El artículo anterior establece la obligación del director del Centro de resolver en un término de cinco días las peticiones administrativas que le sean planteadas. Ahora, cuando estas peticiones sean resueltas en un sentido que no favorezcan a los intereses del peticionario, este podrá formular controversia ante el juez de ejecución. En ese orden de ideas, si a través del acto reclamado se negó la petición del justiciable consistente en la "preliberación por criterios de política criminal", resulta procedente controvertir esa decisión a través de la controversia que establece el artículo 114 transcrito en líneas anteriores. Circunstancia que la propia autoridad penitenciaria hizo del conocimiento del quejoso que, de considerarlo necesario, podría formular esa controversia ante el juez de ejecución dentro del plazo de diez días. En consecuencia, este juez de distrito no puede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto señalado como reclamado, toda vez que no se ha agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. III. Desechamiento de la demanda por no agotar el principio de definitividad previsto en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado precisado con la letra D de este acuerdo, este juzgador considera que en el caso también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la cual fue estudiada en líneas precedentes. Esto se afirma, toda vez que la autoridad competente para conocer y resolver respecto a las controversias que se susciten con motivo de la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, es el juez de ejecución. Esto con fundamento en los artículos 116 fracción IV y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: (.) IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y.". Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Del último de los preceptos invocados se desprende, en lo que interesa, que la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia relacionada con la modificación, duración o extinción de la pena. De este modo, los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, establecen el procedimiento jurisdiccional ante el juez de ejecución, preceptos que a continuación se transcriben para pronta referencia: Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. Artículo 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; II. El defensor público o privado; III. El Ministerio Público; IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; V. El promovente de la acción o recurso, y VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Cuando se trate de controversias sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad, sólo podrán intervenir las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV y VI, del presente artículo y en este último caso respecto de la reparación del daño. Cuando el promovente no sea la persona privada de la libertad, el Juez de Ejecución podrá hacerlo comparecer a la audiencia si lo estima necesario. Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. Artículo 125. Reglas de la audiencia Previo a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código. Artículo 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia. Artículo 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Artículo 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. De los artículos anteriores se advierte que el procedimiento jurisdiccional ante el juez de ejecución consiste en lo siguiente: 1) Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, que se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales, mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe, quien podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuencia de un derecho fundamental. 2) En los procedimientos ante el juez de ejecución podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia: i) la persona privada de la libertad; ii) el defensor público o privado, iii) el ministerio público; iv) la autoridad penitenciaria, el director del centro o quien lo represente; v) el promovente de la acción o recurso; y, vi) la víctima o su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. 3) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 4) Una vez recibida la solicitud se registrará la causa y se turnará al juez competente, el juez de ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para admitir, prevenir o desechar; en caso de prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud y en caso de no hacerlo se desechara de plano; admitida la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata, sin que pueda exceder el término de veinticuatro horas, en caso de que no se notifique se entenderá que fue admitida la solicitud, pudiéndose acumular en el auto admisorio las solicitudes que tengan un mismo objeto total o parcial y el auto que admite o niegue la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 5) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 6) Previo a cualquier audiencia el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, esta será presidida por el juez de ejecución y se realizará en términos de ley. 7) La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: i) el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora señalados, declarará abierta la audiencia y dará una explicación breve del motivo de la misma; ii) el juez de ejecución verificará que las partes conozcan sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario se les hará saber; iii) el juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; iv) las partes discutirán sobre la admisión de los medios de pruebas o apelar su admisión; v) el juez de ejecución admitirá los medios de prueba y procederá a su desahogo; vi) las partes formularán alegatos finales; vii) el juez declarará cerrado el debate; y, viii) emitirá su resolución y la explicará a las partes. 8) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. 9) Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 10) La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme, transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el juez de ejecución de oficio, o bien, a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma; cuando la autoridad penitenciara manifieste haber cumplido, el juez notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga al respecto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución el juez de ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad en el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre su cumplimiento o no, cuando la autoridad informe que la resolución fue cumplida parcialmente, o que es de imposible cumplimiento, el juez si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento, de no hacerlo se aplicaran las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución escuchando a las partes fijara un plazo razonable para el cumplimiento. En el caso de que la autoridad penitenciaria no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez requerirá su cumplimiento a sus superiores jerárquicos aplicando las medidas de apremio conducentes. Por tanto, es inconcuso que las controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de la pena pueden combatirse ante el juez de ejecución. Además, como se analizó en el apartado I, la resolución judicial que se dicte, a su vez, puede controvertirse a través del recurso de apelación. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, sirven como base para establecer que se actualiza la causal de que se trata, porque el quejoso, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió acudir ante el juez de ejecución, y agotar la controversia (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, situación que el promovente del amparo omitió realizar. Por tanto, con el procedimiento que se ha hecho referencia, se encuentran colmados los requisitos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se actualice la causal que se invoca. En esta virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Por tanto, es dable concluir que antes de ejercitar el juicio de amparo, debe agotar dicho mecanismo de control (medio de defensa), lo cual se encuentra en armonía con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, así como lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en su tesis 1a.LXXV/2011, del epígrafe: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", que establece en esencia, que se debe tener presente que la entrada en vigencia de las normas procesales cabe señalar que son de aplicación inmediata a todas las contiendas que se inician o que están pendientes al tiempo en que entren en vigor. Pero esto no implica retroactividad, porque la aplicación de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad, esto es a la litis, no a un hecho pasado, cual es el negocio jurídico, y menos a la acción que se ejercita. De ahí que debe de aplicarse la norma procesal de manera inmediata; siendo dicho ordenamiento de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto de los internos en los centros de reclusión, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local. Decisión: En consecuencia, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en los artículos 61 fracción XVIII y XX de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por Alejandro Martínez Saldaña. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Domicilio procesal y autorizados: En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Designación de asesor jurídico: Se ordena girar atento oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del momento en que sea notificado del presente auto, designe defensor que asesore a la parte quejosa en el presente asunto. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento o de no informar la imposibilidad que tuviere para ello, se le impondrá, como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 237, fracción I, y 259 de la ley en comento, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo anterior es acorde a la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 69, agosto de 2019, tomo II, página 1301, con número de registro 2020495, que a la letra dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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