Alejandro Martinez de la Cruz

Expediente 1752/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1752/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Martinez de la Cruz

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA III.- PRIMERO********************SE NIEGA a ********************, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente interlocutoria. SEGUNDO********************SE CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva respecto de las consecuencias de uno de los reclamados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente interlocutoria. Notifíquese******************** Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe********************Doy fe.

  2. Incidental

    MESA III. Agréguense a estos autos el informe previo rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, todos con sede en esta ciudad. Al respecto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo, al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA III.- ... SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendirlo por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibidas que de no rendir sus informes dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la Agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios ******************** del índice de este juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otro lado, dígase a la parte quejosa que la ley de Amparo en sus artículos 12 y 24 no prevén la figura del representante legal, por lo que no se puede tener a las personas que señala con tal carácter. No obstante lo anterior, dada la autorización que indica el quejoso, se tienen como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a ********************en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a ******************** con las limitaciones que establece el ordenamiento legal en comento, hasta en tanto registren sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito. Por otra parte, como solicita la parte promovente, en el sentido de que se le otorgue acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, proporcionando el nombre de usuario ********************, dígasele que se accede a su petición, para el efecto de que con dicho nombre de usuario, pueda consultar y acceder al expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, así como para promover en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa para recibir notificaciones vía electrónica, en tal virtud, de conformidad con los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones inherentes a este asunto por medio de la cuenta electrónica ********************. Por tanto, comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, tómese nota del domicilio, correo electrónico y número celular que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que acompañó en su escrito de demanda las cuales serán relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con una copia de la demanda que se recepciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    MESA III. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por ********************, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado sin necesidad de formar su duplicado de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídanse sus informes previos, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas, que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, de los artículos 238 y 260, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en este asunto, las documentales que adjunta la parte quejosa en su demanda de amparo, para ser relacionadas y tomadas en consideración como corresponda, al verificarse la audiencia incidental relativa, mismas que en copia certificada se anexan a esta incidencia, únicamente por lo que ve a las exhibidas en original, glosándose por otra parte, las copias simples exhibidas. Ahora bien, en el caso en cuanto a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados consistentes medularmente en la retención y desposesión del vehículo ********************, así como de los documentos originales consistentes en la carta factura, la tarjeta de circulación y demás documentos relacionados con el vehículo referido y toda vez que de los antecedentes vertidos en la demanda de mérito, se advierte que la parte quejosa ya fue desposeída de dicho vehículo automotor, SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR por tratarse de un acto consumado, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza de los mismos, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el expediente principal del cual deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia II.3o. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Ahora bien, respecto de suspensión solicitada respecto de las consecuencias del citado acto a fin de que se le restituya a la parte quejosa la posesión del citado automotor y se realice la devolución de la documentación relativa al mismo aludido vehículo, se procede analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada. Ahora bien, de conformidad con lo establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, se establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Antes de analizar los dos requisitos anteriores, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativo, entre otros. En ese tenor, para determinar si la retención del vehículo de la ********************, así como de los documentos originales consistentes en la carta factura, la tarjeta de circulación y demás documentos relacionados con el vehículo referido realizada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, previamente a la promoción del juicio de amparo, se debe verificar si el acto es consumado para los efectos de la suspensión, y si la concesión de la medida implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo. Al respecto, la suscrita resolutora estima que, los efectos del acto reclamado, sí son susceptibles de ser suspendidos y la concesión de la medida cautelar no le daría efectos restitutorios. Se estima lo anterior, por cuanto la retención del aludido vehículo,********************que dio como resultado la retención ilegal del citado automotor, así como de los documentos originales consistentes en la carta factura, la tarjeta de circulación y demás documentos relacionados con el vehículo referido, mismos que si bien constituyen actos que se han ejecutado, no pueden considerarse como consumados para los efectos de la suspensión, ya que subsiste mientras el vehículo no sea devuelto a la parte quejosa y le sean retenidos los documentos del aludido vehículo que se le retuvieron a la parte quejosa. Es decir, si bien la referida retención del vehículo y documentación presentada se realizó en un solo momento, dichos actos no quedan definitivamente consumados, toda vez que sus efectos se prolongan por todo el tiempo que exista la citada detención, lo que permite suspender esos efectos a fin de evitar perjuicio a la parte agraviada durante la tramitación del juicio de amparo. Además, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa solicitó la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, para el efecto de que le fuera devuelto el citado automotor y la documentación respectiva que presentó, de donde se desprende que la suspensión se solicitó no respecto de la detención en sí misma, sino de sus efectos y consecuencias; de ahí que, si estos siguen ejecutándose, no podría considerarse la desposesión como un acto indefectiblemente consumado para los efectos de la medida cautelar. Ahora bien, debe precisarse que la suspensión que se conceda contra la detención del vehículo no tendrá efectos restitutorios, porque de no prosperar la acción constitucional intentada, las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar nuevamente el acto y, en caso contrario se habrá restituido a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, con lo que se evitaran los perjuicios que se pudieran provocar durante la tramitación del presente amparo. Dicho en otras palabras, la concesión de la medida cautelar no implica una restitución en el goce del derecho constitucional violado, ya que el acto reclamado sigue existiendo, en este caso, la retención del vehículo de la ********************, lo que hace es mantener la situación jurídica que mantenía antes de que tuviera lugar el acto reclamado, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad ejecutar el acto en sus términos o restituya a la parte agraviada en el goce de sus derechos. Con base en lo anterior, se considera que la detención o retención del vehículo antes referido, es un acto que, conforme a su naturaleza, es susceptible de ser suspendido, y que de concederla, no se daría efectos restitutorios en la medida cautelar; misma consideración que debe aplicarse por cuanto a los documentos originales consistentes en la carta factura, la tarjeta de circulación y demás documentos relacionados con el vehículo referido que aduce el quejoso le fueron retenidos por las responsables. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2001198, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común,Tesis: 2a./J. 59/2012 (10a.),Página: 1186, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." Ahora bien, continuando con el análisis se advierte que se cumple con la condición prevista en la fracción I del artículo 128 referido, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa quien adjunta como documento para acreditar de manera indiciaria la posesión del vehículo en cuestión, en específico con lo siguiente: - Copia simple de la comparecencia del ahora quejoso ante la Fiscalía General del Estado, con fecha tres de octubre de dos mil veintitrés. - Copia simple del oficio de liberación del vehículo ********************, por parte de la Fiscalía General del Estado, de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés. - Copia simple de la carta factura del vehículo ********************, de la cual se advierte los datos del automóvil en comento. Mismos documentos que, adminiculados entre sí se les otorga valor indiciario, los cuales generan convicción a la suscrita Juzgadora, respecto a la titularidad de la parte quejosa como propietaria del vehículo retenido. Por otra parte, en cuanto al diverso requisito consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, ...". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que por apariencia de buen derecho respecto de lo cual, debe entenderse el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, se analice si de concederse la medida suspensional en base a esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión. Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. El segundo de los requisitos contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, también se satisface, porque al concederse la suspensión no se afecta al interés social ni se infringen disposiciones de orden público. Cuenta habida que la quejosa acreditó el interés suspensional que le asiste, en relación con el automotor que por esta vía defiende y los documentos respectivos del vehículo en comento. Así, en el caso, como se vio, se reúnen los requisitos a que se refiere el numeral 128 citado para conceder la medida que se solicita. En el artículo 147 de la Ley de Amparo, se establece que la medida suspensional se concederá, de ser jurídica y materialmente posible, restableciendo provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Luego, considerando que la suspensión del acto reclamado en análisis constituye un acto de tracto sucesivo, que se acreditaron los requisitos previstos en el artículo 128 para el otorgamiento de la suspensión, y que en el caso, la naturaleza del acto otorga la posibilidad de que materialmente se restablezca provisionalmente a la parte quejosa en el derecho violado, procede CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez cumplidos los trámites administrativos respectivos y acreditada ante ella la propiedad del vehículo, devuelva al quejoso ******************** en calidad de depósito el vehículo ********************, y realice la entrega a la parte quejosa de los documentos originales consistentes en la carta factura, la tarjeta de circulación y demás documentos relacionados con el vehículo referido que aduce le fueron retenidos por las responsables, hasta que se resuelva respecto de la suspensión definitiva en los presentes autos incidentales. Importa señalar que la presente suspensión no surtirá efecto alguno, en el caso de que, esté pendiente el pago de alguna diversa multa, derivada del acto que dio origen a la detención, esto es, con motivo de una falta administrativa, o cualquier otra sanción por violación al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, o cualquier otra disposición de carácter Federal o Estatal; así como que el vehículo sea retenido por ser objeto, producto o instrumento del delito o bien, por cualquier otro acto diverso a lo narrado por el quejoso. Sin que dicha medida constituya autorización para que la parte quejosa contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes para el caso de infracciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe Doy.

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