Alejandro Martínez Córdova

Expediente 716/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
716/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Martínez Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional del acto reclamado por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, aun cuando en estos autos se sobreseyó en el presente juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por lo que respecta al acto que consistió en la incomunicación, que se adujo sufría el aquí directo quejoso, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos, en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 716/2019-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda; auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se previno al directo quejoso para que ratifique la demanda instaurada en su favor; constancias de notificación en las cuales el directo quejoso ratificó el ocurso inicial; auto de veintisiete de mayo del presente año, en el que se admitió a trámite la demanda; constancias de notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, la Secretaria certifica: que el término concedido al directo quejoso Alejandro Martínez Córdova en proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve (foja 34), lo cual le fue notificado por lista en los términos señalados en el proveído de cuatro de julio del año en curso (foja 44), para que manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, transcurrió del nueve al veintinueve de julio de dos mil diecinueve, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar; y toda vez que como se advierte de la certificación que antecede, ha transcurrido el término concedido al directo quejoso Alejandro Martínez Córdova en proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, sin que hubiere hecho manifestación alguna respecto a si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y, por tanto, se resolverá el presente juicio de amparo, conforme a lo planteado en la demanda de amparo y respecto a las autoridades señaladas inicialmente como responsables. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las copias certificadas remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza. Con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, se abre el período de alegatos la secretaría da cuenta con las manifestaciones vertidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en el alegato ministerial 402/2019. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación, para ser tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio; con lo cual se concluye con dicho período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 716/2019-VI promovido por María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Alejandro Martínez Córdova, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 11, 14, 16 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el veinicuatro de mayo de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado y posteriormente entregada al Secretario de Guardia de este Juzgado, María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Alejandro Martínez Córdova, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Comandante de Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscal General del Estado, que hizo consistir en la detención, incomunicación y desposesión de dos teléfonos celulares, cadena y pulsera de oro de catorce kilates, cartera con tarjetas de crédito y débito y un vehículo de la marca Chevrolet traverse. Segundo. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión de plano respecto a las autoridades señaladas como responsables. Tercero. Mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó sus correspondientes informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en proveído de proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se requirió al directo quejoso Alejandro Martínez Córdova, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que en esta misma fecha se hizo efectivo el apercibimiento respectivo. Una vez integrado el presente asunto, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la detención, incomunicación y desposesión de dos teléfonos celulares, cadena y pulsera de oro de catorce kilates, cartera con tarjetas de crédito y débito y un vehículo de la marca Chevrolet traverse. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado todas las autoridades señaladas como responsables negaron el acto reclamado respecto a la incomunicación del directo quejoso Alejandro Martínez Córdova. De igual forma, el Fiscal General del Estado de Yucatán, negó el acto reclamado consistente en la detención del quejoso y la desposesión de dos teléfonos celulares, cadena y pulsera de oro de catorce kilates, cartera con tarjetas de crédito y débito y un vehículo de la marca Chevrolet traverse. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como titular y en representación del Comandante de Cuartel (fojas 30 a la 32), en sus respectivos informes justificados refirieron que son ciertos los actos consistentes en la detención que sufría el directo agraviado, por lo que se tiene por cierto dicho acto. Asimismo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la desposesión de dos teléfonos celulares, cadena y pulsera de oro de catorce kilates, cartera con tarjetas de crédito y débito y un vehículo de la marca Chevrolet traverse, atribuido a las autoridades responsables Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Comandante de Cuartel de dicha Secretaría, debe señalarse que dichas autoridades al momento de rendir su informe justificado por conducto del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fueron omisos en señalar la certeza o no de dicho acto, puesto que se limitaron aceptar la existencia del diverso acto reclamado consistente en la detención. Por tanto, se presume cierta la existencia del acto reclamado consistente en la desposesión de dos teléfonos celulares, cadena y pulsera de oro de catorce kilates, cartera con tarjetas de crédito y débito y un vehículo de la marca Chevrolet traverse, máxime que de las constancias que anexó a su informe justificado se advierte que al momento de su detención en el informe policial homologado se hizo alusión en el capítulo relativo a vehículos involucrados, a un vehículo que coincide con la descripción hecha por el quejoso en su escrito de demanda. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a la detención reclamada por Alejandro Martínez Córdova, al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El referido numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. En ese sentido, para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, como anexo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º, se aprecia que a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el quejoso Alejandro Martínez Córdova, fue puesto a disposición de dicha autoridad, quien calificó el tipo de sanción que se impondría al impetrante de amparo, consistiendo en un arresto por treinta y seis horas, que debería compurgar en la cárcel pública de esa secretaría. Ahora bien, respecto a dicho acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso, que derivó del arresto administrativo por treinta y seis horas que le fue impuesto al directo quejoso Alejandro Martínez Córdova por parte del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública; de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió la orden de arresto, a saber, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado consistente en la detención con motivo del arresto administrativo por treinta y seis horas (sic) que le fue impuesto al directo quejoso Alejandro Martínez Córdova, de la cual derivó la ejecución de tal sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En efecto, de las constancias que en copia certificada acompañó la autoridad responsable con su informe justificado (fojas 31 y 32) y que obran agregadas en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra del peticionario de amparo Alejandro Martínez Córdova, mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que instauró el procedimiento que culminó en la imposición de un arresto de treinta y seis horas al quejoso; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve (foja 34), lo cual le fue notificado por lista en los términos señalados en el proveído de cuatro de julio del año en curso (foja 44), requirió al quejoso para que manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, transcurrió del nueve al veintinueve de julio de dos mil diecinueve, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto, por lo que, en audiencia de esta misma fecha se tuvo por precluido su derecho para hacerlo y se continuó la secuela procesal únicamente por las autoridades y por los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Consecuentemente, tales actuaciones no pueden ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputadas a la autoridad que realmente las emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como medida de apremio a la parte quejosa, también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que llevó a cabo tal actuación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa respecto el acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso Alejandro Martínez Córdova. Séptimo. Respecto al acto reclamado consistente en la desposesión de dos teléfonos celulares, cadena y pulsera de oro de catorce kilates, cartera con tarjetas de crédito y débito y un vehículo de la marca Chevrolet traverse, atribuido a las autoridades responsables, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para instar la protección constitucional, respecto del citado acto. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". En estrecha relación con tal regla, se encuentra lo dispuesto por la fracción I del numeral 107 de la Carta Magna, que establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el diverso numeral 5 de la mencionada ley de Amparo dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley". De los citados numerales se puede advertir que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En tal contexto cabe indicar que el artículo 14 de la Constitución Federal dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por ello, a fin de proteger cualquier derecho que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran, procede el juicio de amparo. Sin embargo, para que la acción de amparo prospere, tal afectación debe comprobarse, y de manera fehaciente, pues la misma no puede inferirse por indicios. En tal virtud, atendiendo al reclamo de la parte quejosa, se procede a establecer si ésta tiene interés jurídico para instar la protección federal, toda vez que acude a este tribunal federal a reclamar la desposesión de de dos teléfonos celulares, cadena y pulsera de oro de catorce kilates, cartera con tarjetas de crédito y débito y un vehículo de la marca Chevrolet traverse, de lo cual ostenta como de su propiedad. Ahora, respecto a la condición de la parte quejosa con relación al bien mueble materia de la litis, para determinar si el acto que reclama le puede ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos, debe decirse que aun y cuando defiende la desposesión de dichos bienes, tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba desde el momento de la presentación de la demanda. En efecto, si la parte quejosa invoca un derecho sustantivo, pues se ostenta poseedora de un bien mueble, resulta evidente que por disposición expresa del cuarto párrafo del numeral 5 de la Ley de Amparo, debe analizarse si le asiste un interés jurídico para instar la protección constitucional. Es aplicable en lo que interesa, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1807 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época, que dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." De lo anterior, se advierte que el gobernado tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo a fin de combatir un acto de autoridad, en la medida que sea titular de un derecho subjetivo afectado con la actuación del poder público. Esa afectación puede ocurrir de dos formas, a saber: I. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o, II. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En el caso, el quejoso reclamó la desposesión de dos teléfonos celulares, cadena y pulsera de oro de catorce kilates, cartera con tarjetas de crédito y débito y un vehículo de la marca Chevrolet traverse; sin embargo, no exhibió prueba alguna para acreditar la propiedad o posesión de los mencionados bienes y por tanto, ni su interés su interés jurídico. De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Este criterio lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia común, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional, sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia 1/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En consecuencia, al no haber acreditado el quejoso su interés jurídico respecto a los bienes relacionados con el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De ahí que debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de dicha ley, al no quedar acreditado, para efectos exclusivos del presente juicio, la propiedad o posesión de los bienes muebles de referencia con un título sustentado en alguna figura jurídica y válida prevista por la ley, a fin de que sean objeto de protección constitucional, tal como se prevé en la tesis jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se cita: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Octavo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 76 al 78 y 192 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Alejandro Martínez Córdova, por los motivos expuestos en esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Visto lo informado en la cuenta que antecede en el sentido de que aún está transcurriendo el término de quince días otorgado en el proveído de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, a fin de que la parte quejosa precise si es su deseo ampliar la presente demanda de amparo respecto a la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas que le fue impuesto por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, como nueva fecha y hora para su celebración. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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