Alejandro Martínez Cabrera

Expediente 1353/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1353/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Martínez Cabrera
  • Lisandra Beltrán Álvarez y Otros.
  • Alejandro Yoel Gálvez Pino

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Añádase al sumario el oficio signado por la Representante Local de la Oficia de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite los escritos firmados por los quejosos directos ********************y ********************, de los que se advierte que se desisten de la acción constitucional intentada en este juicio de amparo. 1.1 Sobreseimiento. En consecuencia, se les tiene por desistidos de la demanda de amparo y con fundamento en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. 1.2 Sin efectos audiencia. En tal virtud, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, fijada para las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 1.3 Vista a las partes. Comuníquese lo anterior a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. 2. Causa firmeza. Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones hechas por los quejosos, inherentes a que el presente acuerdo se declare firme; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 3. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 4. Valoración. Toda vez que el asunto se sobreseyó fuera de audiencia ante el desistimiento de la parte quejosa, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 5. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 6. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, enviado por la Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 1.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    . Constancia de notificación. Vista la constancia de notificación de veintiocho de noviembre del presente año, se advierte que los quejosos directos A...., manifestaron que ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor.****************************************A su vez, atento al contenido de la citada razón actuarial, se desprende que los quejosos Al...., respectivamente.****************************************1.1 Instrucción para cambio de nombre en libros de gobierno físico y electrónico. Se instruye a los oficiales judiciales encargados del libro físico y electrónico realicen los cambios de nombre de los mencionados quejosos.****************************************2. Inexistencia de actos crueles e inhumanos. De igual manera, se advierte que los quejosos refirieron que no fueron objeto de golpes o maltratos, sin que se advierta huellas de violencia en su persona; por tanto, al manifestar expresamente que no existieron los citados actos, desde este momento los mismos quedan fuera de la litis constitucional planteada, siguiéndose el trámite únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de detención ejecutada en su contra.****************************************3. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo promovida por ....., contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad.****************************************4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.****************************************5. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.****************************************6. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica.****************************************6.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, en relación con el artículo 28, fracción lll, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables.****************************************7. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.****************************************8. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.****************************************9. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; no habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576].****************************************Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo de la que se desprende que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, se declaró incompetente en el juicio de amparo 1339/2022-IV, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Martín Guadiana Salinas en favor de Alejandro Yoel Gálvez Pino, Alejandro Martínez, Lisandra Álvarez Beltrán, Francisco Valverde y Alexis Ariel Moreno. 1.1 Competencia. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese esta determinación al tribunal declinante. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1353/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 3.1 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades migratorias restantes que describe la parte promovente en la demanda de amparo; este órgano de justicia considera ocioso incorporarla con ese carácter para efectos del trámite del juicio de amparo en cumplimiento al deber de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, en virtud que de acuerdo a la labor propia de este juzgado, corresponden únicamente al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, las cuestiones migratorias en esta ciudad. De ahí que, este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, considera idóneo desvincular a las diversas autoridades migratorias para efectos del trámite del presente juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa este órgano de control constitucional, en suplencia total de la queja en favor de los quejosos en su calidad de migrantes, realice la incorporación de alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Ahora bien, con independencia de que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, decretó la suspensión de plano en favor de la parte quejosa respecto de los actos reclamados en el presente asunto, al aceptar este órgano jurisdiccional la competencia planteada, los quejosos se encuentran a nuestra disposición, respecto su libertad personal y por ende, se decreta la suspensión de plano en los siguientes términos: 5. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física de los agraviados, se adoptan como medidas urgentes que debe cumplir la autoridad, las siguientes: 5.1 Cesen de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 5.2 Si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas, esto es, policiales o de seguridad pública, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de la Fiscalía competente. 5.3 Si los quejosos se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsables en la comisión de un delito y por haber sido detenidos en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de los quejosos o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestos en inmediata libertad. 5.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos quedaron a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar de reclusión correspondiente, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. iii) Cuando los quejosos ya se encuentren materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto i). Si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 5.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que la autoridad responsable haya efectuado la detención o los tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejosos, desde que fueron detenidos hasta que queden a disposición del representante social. 5.6 No sean exhibidos en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 5.7 Se mantengan a los quejosos en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma. 5.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que sean sometidos. 5.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos o asegurados; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco pueden ser contactados en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5.10 Libertad de entrar y viajar en territorio de México. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, esta suspensión de plano está sujeta a dichas modalidades constitucionales (no violatorias de derechos humanos) y serán autoridades administrativas quienes decidirán acerca de los derechos identificados en dicho artículo constitucional. 6. Suspensión de plano relativa a la deportación. El promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación o retorno asistido que la autoridad responsable pretende ejecutar en contra de los quejosos directos Alejandro Yoel Gálvez Pino, Alejandro Martínez, Lisandra Álvarez Beltrán, Francisco Valverde y Alexis Ariel Moreno. Con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor de los quejosos Alejandro Yoel Gálvez Pino, Alejandro Martínez, Lisandra Álvarez Beltrán, Francisco Valverde y Alexis Ariel Moreno, al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal del mismo, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que no se le obligue a abandonar el país. Es decir, se abstenga la autoridad responsable de deportar a su lugar de origen a los quejosos, quedando en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa del aquí quejoso, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a la autoridad responsable que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 7. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que de pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable para que en el término de veinticuatro horas informen todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso, o bien, la causa legal que se lo impida; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 8. Orden de salida de la estación migratoria. Respecto a la solicitud de suspensión contra la omisión de emitir la orden de salida, no se tienen elementos suficientes en este momento procesal para determinar si es procedente o no la medida cautelar. 9. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a fin de localizar a los quejosos directos Alejandro Yoel Gálvez Pino, Alejandro Martínez, Lisandra Álvarez Beltrán, Francisco Valverde y Alexis Ariel Moreno, una vez localizados, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, lo siguiente: 9.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 9.2 Dé fe del estado físico de los quejosos al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlos sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 9.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra los quejosos. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 9.4 Requiera a los quejosos para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgador para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Atento a lo manifestado, se estima innecesario tramitar el incidente de suspensión solicitado en la demanda respecto a los actos reclamados, en razón de que la suspensión de plano concedida es equiparable a la definitiva, de conformidad con lo que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 1/96 (8A). Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 9.5 Requerimiento a promovente y autorizado. Se hace del conocimiento del promovente y autorizado que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que los quejosos Alejandro Yoel Gálvez Pino, Alejandro Martínez, Lisandra Álvarez Beltrán, Francisco Valverde y Alexis Ariel Moreno, no sea encontrados por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentra retenido, deberán comunicar a este Juzgado de Distrito si éstos fueron puestos en libertad o si tienen algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se les impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 10. Atención médica. Una vez que el Actuario tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la parte quejosa y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellos, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 11. Autorizado para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado Ángel de Jesús Corona Guerrero, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 12. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene al promovente proporcionando como correo electrónico y número telefónico los que señala en su escrito, para los efectos legales a los que haya lugar. 13. Consulta y notificaciones vía electrónica. A su vez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, así como la práctica de notificaciones al solicitante con nombre de usuario "Jesus_Corona". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 13.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 14. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 15. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene al promovente proporcionando como correo electrónico y número telefónico los que señala en su escrito, para los efectos legales a los que haya lugar. 16. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 17. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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