Alejandro Martínez Cabral
Expediente 881/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alejandro Martínez Cabral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El treinta de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 1669.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el secretario del juzgado Segundo de Distrito en el estado, encargado del despacho por licencia del titular, mediante el cual acusa recibo del oficio 2151/2018, por el que se le notificó el auto que declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y se le devolvieron las constancias que adjuntó a su informe justificado; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
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El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado CERTIFICO: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del nueve al veintidós de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 881/2017-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado, por lo que no se exhibió billete de depósito. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que adjuntó en alcance a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Regina.
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 881/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Alejandro Martínez Cabral, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad residente en donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, así como de la ampliación, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas: - La omisión de dictar sentencia en el proceso penal 43/2015. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de los actos reclamados, ya que si la omisión que se reclama a las autoridades responsables es lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, es claro que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto a este tipo de actos es oportuna en cualquier momento. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas (foja 11 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, no obstante dicha negativa se encuentra desvirtuada pues de las constancias que acompañó a su informe justificado se advierte que la omisión reclamada por el quejoso es cierta, toda vez que no se ha dictado sentencia en el proceso penal de origen; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con el duplicado del proceso penal 43/2015 (veinticuatro tomos de pruebas que obran por separado); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aun suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues de manera contraria a lo que el inconforme manifiesta, en el caso no se transgrede el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, como enseguida se verá. Al respecto, es pertinente transcribir el contenido de los artículos 17 y 20 inciso A, fracción VIII, de la Constitución Federal (anterior a la reforma) que establecen lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". "Artículo 20. En todo proceso de orden penal el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado (.) VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años en prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa (.)". De la lectura integral de los preceptos transcritos, se establecen tres supuestos en los que será juzgado el inculpado en todo proceso del orden penal, esto es, en los que se emita la resolución culminatoria del proceso penal de origen, a saber: Antes de cuatro meses si se trata de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión. Antes de un año si se trata de delito cuya pena máxima exceda de dos años de prisión. En un plazo mayor de un año cuando así lo solicite para su defensa. Acorde a ello, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Adoptada en San José de Costa Rica y abierta a firma el día veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, prevé que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, entre otros, de orden penal. El análisis de lo anterior, permite arribar al conocimiento que los tribunales en la república Mexicana, estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, mismos que deberán emitir sus resoluciones de manera pronta (dentro de los plazos legales establecidos), completa, gratuita e imparcial. El análisis sistemático de las disposiciones reproducidas permite llegar al conocimiento que toda persona tiene derecho a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En materia penal la Carta Magna prevé dichos términos, cuatro meses, cuando la pena máxima no excede de dos años en prisión (procedimiento sumario), y antes de un año si la pena excede de dicho tiempo (procedimiento ordinario). En el caso, dada la penalidad del delito de portación de armas de fuego (siete) de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, así como por el delito de posesión de cartuchos para armas de fuego de las reservadas para uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, por el que se sigue el proceso penal, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se establece de cuatro a quince años de prisión; es evidente que el procedimiento a seguir es el ordinario, dado que la pena del delito excede de dos años de prisión. Sin embargo, para estar en condiciones de dictar sentencia definitiva en un proceso penal, es necesario que el mismo se encuentre completamente integrado, lo cual implica, desde luego, que no existan pruebas pendientes por desahogar, que esté cerrada la instrucción y que se haya celebrado la audiencia de vista. Formalidades que de modo alguno deben ser soslayadas por parte del Juez de instrucción, pues de lo contrario se incurriría en una violación a las leyes del procedimiento penal, que ameritaría una posible reposición del mismo, lo que se traduciría en una mayor dilación procesal en perjuicio de los procesados. Por ello, contrario a lo aducido por el quejoso, el que no se haya aún dictado sentencia, no puede considerarse procesalmente incorrecto, toda vez que para que la autoridad judicial esté en aptitud de pronunciar su fallo, tendrá que acreditarse previamente que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento; ello, en estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Y si bien es verdad se ha rebasado el término de un año en que debería ser juzgado de acuerdo a lo estipulado por el artículo 20 de la Constitución Federal, lo cierto es que ello no podría considerarse incorrecto ni transgresor de los derechos fundamentales del aquí quejoso, toda vez que para que el juez de la causa esté en aptitud de dictar sentencia, se reitera, tendrá que acreditarse previamente que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, en estricto apego a las garantías de legalidad y seguridad jurídica; lo que hasta el momento, como ya se dijo, no se encuentra satisfecho, de acuerdo con las constancias relativas al acto reclamado que remitió el juez de la causa, donde se advierte que aún existen pruebas que se encuentran pendientes de desahogar. Luego, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la substanciación del procedimiento penal. Así, en el presente caso, se encuentra pendiente el desahogo de los careos procesales cuya celebración de los mismos se ordenó de oficio en auto de veinte de abril de dos mil diecisiete (fojas 32 a 38 del tomo XXII) entre la testigo ofrecida por el propio quejoso Rosa María Cabral Álvarez y los elementos aprehensores, misma que no se ha podido desahogar en virtud de que ésta no ha comparecido, no obstante el juez ha practicado diversas actuaciones tendentes a su localización, como se puede advertir de los autos de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (foja 706 vuelta del tomo XXIII); veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 793 vuelta del tomo XXIII); cinco de octubre de dos mil diecisiete (foja 40 del tomo XXIII). Así, resulta claro que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda de amparo (diez de octubre de dos mil diecisiete) se encontraba pendiente de desahogar la citada prueba, de ahí que ello constituya una imposibilidad del Juez de origen de dictar la sentencia correspondiente en la causa penal referida; máxime que como se vio, la responsable ha impulsado el procedimiento a efecto de lograr la comparecencia de la citada testigo, pues en los autos referidos con antelación ha tratado de localizarla, así como ha ordenado la investigación de su domicilio, por lo que, la falta en el desahogo de los citados careos, no es atribuible a la responsable, pues se reitera, ésta ha realizado acciones tendentes a su pronta búsqueda. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Máxime que el desahogo de las pruebas que la ley impone como obligación al Juzgador a fin de llegar a la verdad de los hechos, tiene que ver con el derecho a la defensa del procesado, mismo que debe ser preferente en contraste con el diverso derecho de la impartición de justicia pronta y expedita; así el juzgador responsable no puede dejar de observar los principios constitucionales y legales con motivo de la aplicación del principio pro personae, pues produciría un estado de incertidumbre en los justiciables. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia 56/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 772 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Aunado a que si el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece diversas garantías en favor de los acusados de la comisión de un delito, como las de defensa adecuada, debido proceso y pronta impartición de justicia. Empero, cuando en dicho procedimiento existen pruebas en beneficio del procesado cuyo desahogo está pendiente, se imposibilita el dictado de la sentencia en el plazo que señalan aquellos dispositivos, por lo que no es dable dictarla en aras de privilegiar la celeridad del procedimiento, pues el derecho fundamental de defensa adecuada prevalece sobre la de justicia pronta, por ser más favorable a los intereses del oferente, siendo menester desahogar las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los plazos legales señalados en la norma adjetiva. Lo contrario, acarrearía graves perjuicios al quejoso, al verse compelido a ajustar su defensa al breve tiempo de que dispondría para ello, acorde con los plazos del procedimiento sumario, lo que a su vez infringiría la garantía de debido proceso e implicaría denegación de justicia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia III.1o.P. J/13 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 980 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA, GARANTÍA DE. TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. Si bien es cierto que la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional, señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo, también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los términos ya señalados, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado apartado A del artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir, las de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, de acuerdo con la mencionada fracción VIII del apartado y artículo constitucional aludidos, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia." Además, cabe precisar que de no desahogar el careo procesal entre la referida testigo Rosa María Cabral Álvarez con los elementos aprehensores, podría conllevar a una posible reposición del procedimiento, lo que incluso sería más perjudicial para el aquí quejoso, pues precisamente el juez responsable ordenó el desahogo de éstos, en virtud de que advirtió inconsistencias entre lo declarado por dicha testigo y lo depuesto por los elementos aprehensores. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: 1a./J. 50/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, página 19, del tenor siguiente: "CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que con excepción de los careos constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, ante la existencia de contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de careos procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del referido artículo 265, en relación con el dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de los careos procesales debe ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es en beneficio del reo, pues no tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al proceso. Con la anterior conclusión no se imponen obstáculos a la celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iría en contra de los motivos que llevaron al legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado artículo constitucional, sino que se busca que los procesados tengan garantizada la mayor posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna contradicción sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede pasar desapercibida por el propio procesado o su defensor, incluso, por el juzgador de primera y segunda instancias, lo que implica que quedaría al Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de apreciar las declaraciones y, en su caso, conceder el amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería posible si se considerara la necesidad de haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del reo. En conclusión, si el desahogo de los careos procesales no se lleva a cabo en los términos precisados, ello constituye una violación al procedimiento, que amerita su reposición en caso de trascender al resultado del fallo, la cual se ubica, en forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, si el retardo en el dictado de la sentencia definitiva del proceso penal 43/2015, obedece a preservar el debido proceso y evitar alguna violación procesal que afecte al quejoso, la actuación del juez responsable no resulta ilegal, pues el derecho de defensa adecuada prevalece sobre la de justicia pronta, por ser más favorable a los intereses del oferente. Bajo esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer y no advertir motivo alguno por el que deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO Ampara ni Protege a Alejandro Martínez Cabral, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso séptimo de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza, hoy veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 881/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Alejandro Martínez Cabral, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad residente en donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, así como de la ampliación, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas: - La omisión de dictar sentencia en el proceso penal 43/2015. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de los actos reclamados, ya que si la omisión que se reclama a las autoridades responsables es lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, es claro que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto a este tipo de actos es oportuna en cualquier momento. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas (foja 11 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, no obstante dicha negativa se encuentra desvirtuada pues de las constancias que acompañó a su informe justificado se advierte que la omisión reclamada por el quejoso es cierta, toda vez que no se ha dictado sentencia en el proceso penal de origen; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con el duplicado del proceso penal 43/2015 (veinticuatro tomos de pruebas que obran por separado); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aun suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues de manera contraria a lo que el inconforme manifiesta, en el caso no se transgrede el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, como enseguida se verá. Al respecto, es pertinente transcribir el contenido de los artículos 17 y 20 inciso A, fracción VIII, de la Constitución Federal (anterior a la reforma) que establecen lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". "Artículo 20. En todo proceso de orden penal el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado (.) VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años en prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa (.)". De la lectura integral de los preceptos transcritos, se establecen tres supuestos en los que será juzgado el inculpado en todo proceso del orden penal, esto es, en los que se emita la resolución culminatoria del proceso penal de origen, a saber: Antes de cuatro meses si se trata de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión. Antes de un año si se trata de delito cuya pena máxima exceda de dos años de prisión. En un plazo mayor de un año cuando así lo solicite para su defensa. Acorde a ello, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Adoptada en San José de Costa Rica y abierta a firma el día veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, prevé que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, entre otros, de orden penal. El análisis de lo anterior, permite arribar al conocimiento que los tribunales en la república Mexicana, estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, mismos que deberán emitir sus resoluciones de manera pronta (dentro de los plazos legales establecidos), completa, gratuita e imparcial. El análisis sistemático de las disposiciones reproducidas permite llegar al conocimiento que toda persona tiene derecho a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En materia penal la Carta Magna prevé dichos términos, cuatro meses, cuando la pena máxima no excede de dos años en prisión (procedimiento sumario), y antes de un año si la pena excede de dicho tiempo (procedimiento ordinario). En el caso, dada la penalidad del delito de portación de armas de fuego (siete) de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, así como por el delito de posesión de cartuchos para armas de fuego de las reservadas para uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, por el que se sigue el proceso penal, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se establece de cuatro a quince años de prisión; es evidente que el procedimiento a seguir es el ordinario, dado que la pena del delito excede de dos años de prisión. Sin embargo, para estar en condiciones de dictar sentencia definitiva en un proceso penal, es necesario que el mismo se encuentre completamente integrado, lo cual implica, desde luego, que no existan pruebas pendientes por desahogar, que esté cerrada la instrucción y que se haya celebrado la audiencia de vista. Formalidades que de modo alguno deben ser soslayadas por parte del Juez de instrucción, pues de lo contrario se incurriría en una violación a las leyes del procedimiento penal, que ameritaría una posible reposición del mismo, lo que se traduciría en una mayor dilación procesal en perjuicio de los procesados. Por ello, contrario a lo aducido por el quejoso, el que no se haya aún dictado sentencia, no puede considerarse procesalmente incorrecto, toda vez que para que la autoridad judicial esté en aptitud de pronunciar su fallo, tendrá que acreditarse previamente que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento; ello, en estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Y si bien es verdad se ha rebasado el término de un año en que debería ser juzgado de acuerdo a lo estipulado por el artículo 20 de la Constitución Federal, lo cierto es que ello no podría considerarse incorrecto ni transgresor de los derechos fundamentales del aquí quejoso, toda vez que para que el juez de la causa esté en aptitud de dictar sentencia, se reitera, tendrá que acreditarse previamente que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, en estricto apego a las garantías de legalidad y seguridad jurídica; lo que hasta el momento, como ya se dijo, no se encuentra satisfecho, de acuerdo con las constancias relativas al acto reclamado que remitió el juez de la causa, donde se advierte que aún existen pruebas que se encuentran pendientes de desahogar. Luego, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la substanciación del procedimiento penal. Así, en el presente caso, se encuentra pendiente el desahogo de los careos procesales cuya celebración de los mismos se ordenó de oficio en auto de veinte de abril de dos mil diecisiete (fojas 32 a 38 del tomo XXII) entre la testigo ofrecida por el propio quejoso Rosa María Cabral Álvarez y los elementos aprehensores, misma que no se ha podido desahogar en virtud de que ésta no ha comparecido, no obstante el juez ha practicado diversas actuaciones tendentes a su localización, como se puede advertir de los autos de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (foja 706 vuelta del tomo XXIII); veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 793 vuelta del tomo XXIII); cinco de octubre de dos mil diecisiete (foja 40 del tomo XXIII). Así, resulta claro que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda de amparo (diez de octubre de dos mil diecisiete) se encontraba pendiente de desahogar la citada prueba, de ahí que ello constituya una imposibilidad del Juez de origen de dictar la sentencia correspondiente en la causa penal referida; máxime que como se vio, la responsable ha impulsado el procedimiento a efecto de lograr la comparecencia de la citada testigo, pues en los autos referidos con antelación ha tratado de localizarla, así como ha ordenado la investigación de su domicilio, por lo que, la falta en el desahogo de los citados careos, no es atribuible a la responsable, pues se reitera, ésta ha realizado acciones tendentes a su pronta búsqueda. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Máxime que el desahogo de las pruebas que la ley impone como obligación al Juzgador a fin de llegar a la verdad de los hechos, tiene que ver con el derecho a la defensa del procesado, mismo que debe ser preferente en contraste con el diverso derecho de la impartición de justicia pronta y expedita; así el juzgador responsable no puede dejar de observar los principios constitucionales y legales con motivo de la aplicación del principio pro personae, pues produciría un estado de incertidumbre en los justiciables. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia 56/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 772 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Aunado a que si el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece diversas garantías en favor de los acusados de la comisión de un delito, como las de defensa adecuada, debido proceso y pronta impartición de justicia. Empero, cuando en dicho procedimiento existen pruebas en beneficio del procesado cuyo desahogo está pendiente, se imposibilita el dictado de la sentencia en el plazo que señalan aquellos dispositivos, por lo que no es dable dictarla en aras de privilegiar la celeridad del procedimiento, pues el derecho fundamental de defensa adecuada prevalece sobre la de justicia pronta, por ser más favorable a los intereses del oferente, siendo menester desahogar las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los plazos legales señalados en la norma adjetiva. Lo contrario, acarrearía graves perjuicios al quejoso, al verse compelido a ajustar su defensa al breve tiempo de que dispondría para ello, acorde con los plazos del procedimiento sumario, lo que a su vez infringiría la garantía de debido proceso e implicaría denegación de justicia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia III.1o.P. J/13 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 980 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA, GARANTÍA DE. TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. Si bien es cierto que la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional, señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo, también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los términos ya señalados, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado apartado A del artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir, las de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, de acuerdo con la mencionada fracción VIII del apartado y artículo constitucional aludidos, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia." Además, cabe precisar que de no desahogar el careo procesal entre la referida testigo Rosa María Cabral Álvarez con los elementos aprehensores, podría conllevar a una posible reposición del procedimiento, lo que incluso sería más perjudicial para el aquí quejoso, pues precisamente el juez responsable ordenó el desahogo de éstos, en virtud de que advirtió inconsistencias entre lo declarado por dicha testigo y lo depuesto por los elementos aprehensores. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: 1a./J. 50/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época, página 19, del tenor siguiente: "CAREOS PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ORDENAR SU DESAHOGO DE OFICIO, CUANDO ADVIERTA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIONES SUSTANCIALES EN EL DICHO DE DOS PERSONAS, POR LO QUE LA OMISIÓN DE DESAHOGARLOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, EN CASO DE TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que con excepción de los careos constitucionales a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya práctica es a petición de parte, el Juez de la causa, ante la existencia de contradicciones sustanciales en el dicho de dos personas, debe ordenar el desahogo de careos procesales e incluso, puede ordenar su repetición cuando lo estime oportuno o cuando surjan nuevos puntos de contradicción. Ahora bien, del análisis gramatical y sistemático del referido artículo 265, en relación con el dispositivo 150 del código mencionado, se concluye que el desahogo de los careos procesales debe ordenarse de oficio y no a petición de parte, siempre que el juzgador advierta la discrepancia sustancial en el dicho de dos personas, cuyo esclarecimiento conduzca a encontrar la verdad real, lo cual es en beneficio del reo, pues no tendría objeto ordenar su práctica, si no constituye aportación alguna al proceso. Con la anterior conclusión no se imponen obstáculos a la celeridad del procedimiento penal federal, pues ello iría en contra de los motivos que llevaron al legislador a reformar la fracción IV del apartado A del indicado artículo constitucional, sino que se busca que los procesados tengan garantizada la mayor posibilidad de defensa, a fin de que no quede pendiente de dilucidar alguna contradicción sustancial en el dicho de dos personas que pudiera beneficiarles al dictarse la sentencia definitiva, la cual, por descuido, negligencia o alguna otra razón, puede pasar desapercibida por el propio procesado o su defensor, incluso, por el juzgador de primera y segunda instancias, lo que implica que quedaría al Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano terminal de legalidad, la facultad de apreciar las declaraciones y, en su caso, conceder el amparo, ordenando el desahogo de esos careos, lo cual no sería posible si se considerara la necesidad de haberlos ofrecido como prueba, con la consecuente indefensión del reo. En conclusión, si el desahogo de los careos procesales no se lleva a cabo en los términos precisados, ello constituye una violación al procedimiento, que amerita su reposición en caso de trascender al resultado del fallo, la cual se ubica, en forma análoga, en la fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, si el retardo en el dictado de la sentencia definitiva del proceso penal 43/2015, obedece a preservar el debido proceso y evitar alguna violación procesal que afecte al quejoso, la actuación del juez responsable no resulta ilegal, pues el derecho de defensa adecuada prevalece sobre la de justicia pronta, por ser más favorable a los intereses del oferente. Bajo esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer y no advertir motivo alguno por el que deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO Ampara ni Protege a Alejandro Martínez Cabral, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso séptimo de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza, hoy veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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