Alejandro Martinez Bermudez

Expediente 1254/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1254/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Martinez Bermudez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo, por medio del cual comunica que se admite a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que quedó registrado como conflicto competencial C.C. 32/2023. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual devuelve los autos del juicio de amparo 1254/2023, promovido por Alejandro Martínez Bermúdez, toda vez que dicho Juzgado rechazó la competencia declinada, por los motivos que refiere. Acúsese recibo. Al respecto, la autoridad oficiante determina rechazar la competencia declinada en razón de que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "La orden de comparecencia, detención, presentación y/o aprehensión emitida o girada en mi contra por las autoridades responsables, y como consecuencia de lo anterior la posible privación de la libertad del suscrito, sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento por parte de las responsables, y sin que haya sido escuchado y vencido en juicio, violándose así mis derechos fundamentales de audiencia y debido proceso." Pues refiere que si en el presente asunto el acto reclamado es la orden de comparecencia, detención, presentación y/o aprehensión, pues refiere que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, señaló autoridades responsables con competencia federal, en la Ciudad de México y en el Estado de Guerrero. Además, manifiesta que en el escrito aclaratorio el quejoso no señaló autoridades ejecutoras con residencia en la Ciudad de México, por lo que no se cuentan con elementos suficientes para establecer que la ejecución deberá realizarse en la Ciudad de México, ante la existencia de diversas autoridades del orden Federal, de esa Ciudad de México y Guerrero. Criterio que respetuosamente esta juzgadora no comparte y amablemente insiste en declinar la competencia al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, pues contrario a lo señalado por el Juez oficiante, es claro que el acto reclamado, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, ésta se materializará en Ciudad de México. Ello es así, toda vez que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda En esas condiciones, dadas las características y naturaleza del acto reclamado, se actualiza la hipótesis de competencia precisada en el inciso a) del artículo inserto ya que es en la Ciudad de México, el lugar donde se están ejecutando los actos que se reclaman, es así, que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, señaló autoridades responsables con competencia federal, en la Ciudad de México. Y el acto reclamado tiene ejecución, pues la orden de aprehensión tiene como propósito la detención del imputado para presentarlo ante el juez que lleve el proceso, lo que conlleva que la ejecución material del fallo será el de la jurisdicción donde se cumpla dicha orden. De todo lo anterior, se infiere que el Juez competente para conocer de un juicio de amparo cuando el acto reclamado sea una orden privativa de libertad [como en la especie acontece], es el Juez del lugar en que residan las autoridades en que tenga lugar la ejecución del acto reclamado, es decir, el Juez del lugar donde se pretenda ejecutar la orden de aprehensión (Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México). En relatadas condiciones, y tomando en consideración que este Órgano de Control Constitucional se declaró incompetente para conocer del juicio que nos ocupa; con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo; remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que corresponda, con residencia en esta ciudad, para que resuelva el conflicto de competencia suscitado entre este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. La anterior determinación hágase del conocimiento del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Alejandro Martínez Bermúdez, por medio del cual desahoga la prevención realizada mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, por tanto, se provee como sigue. 1).- Incompetencia. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso Alejandro Martínez Bermúdez, reclama de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, sustancialmente la orden de comparecencia, detención, presentación y aprehensión; por lo que quien ahora provee, de conformidad con lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa por razón de territorio y que su conocimiento compete al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por las siguientes consideraciones. De la interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer de la presente demanda, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Se arriba la anterior determinación atendiendo a que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal en cita, se desprende la competencia territorial de los jueces de distrito, en tres supuestos: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el presente caso, como ha quedado precisado, el acto reclamado, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, la cual se materializa en Ciudad de México, se tiene que conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse; es decir, es competente el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente haya manifestado tener su domicilio en el Estado de Morelos, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en esta jurisdicción (Morelos); por tanto, sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal, no puede estimarse que la orden de comparecencia, detención, presentación y/o aprehensión, reclamados, forzosamente deban ejecutarse en el lugar en donde a decir del quejoso, tiene su domicilio, pues equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover el juicio de amparo. Y el acto reclamado tiene ejecución, pues la orden de aprehensión tiene como propósito la detención del imputado para presentarlo ante el juez que lleve el proceso, lo que conlleva que la ejecución material del fallo será el de la jurisdicción donde se cumpla dicha orden. De todo lo anterior se infiere que el Juez competente para conocer de un juicio de amparo cuando el acto reclamado sea una orden privativa de libertad [como en la especie acontece], es el Juez del lugar en que residan las autoridades en que tenga lugar la ejecución del acto reclamado, es decir, el Juez del lugar donde se pretenda ejecutar la orden de aprehensión. Máxime que el quejoso no señaló autoridad responsable alguna en el Estado de Morelos, y al respecto, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo tiene que ser interpretada en una forma integral, atendiendo a la pretensión en su aspecto material y no únicamente formal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIX, visible en la página 1901, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JUECES DE DISTRITO, COMPETENCIA DE LOS. Corresponde conocer el amparo al Juez de Distrito de la entidad en cuya jurisdicción se trata de ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra de dicho individuo. Si con posterioridad, la situación jurídica cambia, según los informes que se obtengan de las demás autoridades señaladas como responsables, esta circunstancia no puede tenerse en cuenta por ahora para señalar como competente a otro Juez, si no hay dato alguno que haga suponer que en jurisdicción de éste se trata de ejecutar dicho acto reclamado." Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 12/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 97 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre 1995, Tomo II, Materia Penal, con rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar.". Sin que pase inadvertido para este Juzgado Federal, el hecho de que el quejoso en su escrito de inicial de demanda haya señalado como su domicilio particular en el Estado de Morelos, pues con el simple hecho de haber señalado esa situación no es determinante para poder establecer que este Juzgado Federal es competente para conocer del presente juicio de amparo. Máxime que como se ha establecido cuando el acto reclamado requiere ejecución como es en el presente asunto, se debe atender al lugar de residencia de las autoridades responsables, y no al domicilio de la quejosa que señale para oír y recibir notificaciones para determinar la competencia del juez de distrito, pues adoptar esa postura equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio en donde quisiera promover. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1ª.III/92 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 del Tomo XI, Mayo de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSION. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo". Por tanto, REMÍTASE el cuaderno relativo al juicio de amparo en que se actúa, al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, atentamente solicítese el acuse de recibo correspondiente en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y manténgase en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Prevención. Ahora, previo de realizar pronunciamiento respecto de la demanda en cuestión, como un todo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, y con las copias suficientes para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad: a).- Precise el domicilio de las oficinas principales de la autoridades responsables señaladas los números 4, 5 y 6 del escrito de demanda y que les atribuye el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que en el capítulo correspondiente a autoridades responsables entre otras refiere lo siguiente: "1.- (.) (.) 4.- Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 5.- Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Corrupción 6.- Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidios. 7.- (.) b).- Aclare a que Jueces en Materia Penal para el Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México y Jueces en Materia Penal de Control del Estado de Guerrero, específicamente les atribuye el acto que por esta vía reclama, esto es, deberá precisar la denominación de cada uno de los jueces a los que les atribuye el acto que reclama para estar en aptitud de llamarlos a este juicio. Toda vez que resulta un hecho notorio que en la Ciudad de México y en el Estado de Guerrero existen diversos Jueces; por lo tanto, las denominaciones que proporciona de manera genérica impide a este juzgado llamar a juicio debidamente al juzgador que conforme a las manifestaciones del quejoso emitió la orden de aprehensión aquí reclamada. Además de que en el sistema penal acusatorio, a diferencia del sistema penal tradicional, la figura de la autoridad responsable recae en la persona que encarna al órgano jurisdiccional que dicta el acto reclamado, de ahí que, resulta necesario tener conocimiento del nombre del servidor público que desempeña el cargo de las autoridades que se señalan como responsables. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 153/2019, publicada el seis de noviembre de dos mil diecinueve y sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la décima época, bajo el siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En el entendido de que dicho requisito debe ser cumplido por el directo quejoso, sin que pueda efectuarlo sus autorizados, tal como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007285, de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." La prevención se realiza con el apercibimiento que de no cumplir íntegramente con lo anterior, dentro del plazo indicado, se admitirá la demanda de amparo únicamente por lo que hace a las diversas autoridades responsables. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******************** y por autorizada para los mismos efectos a la persona que propone. Y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con el usuario que menciona en el escrito que se provee y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haberlo solicitado expresamente. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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