Alejandro Marco Polo Villicaña Camacho y Otros.

Expediente 990/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
990/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Alejandro Marco Polo Villicaña Camacho y Otros.
  • Alejandro Marco Polo Villicaña Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el cual, devuelve el expediente en que se actúa con un anexo que deriva del mismo, y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del toca de revisión ***/2019; dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión e infórmeseles que la superioridad confirmó le resolución recurrida, misma que negó la protección de la justicia federal a la parte quejosa en el presente asunto. En tales condiciones, acúsese recibo del expediente con un anexo y testimonio mencionados, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, glósense únicamente las actuaciones originales que se encuentren en el cuaderno de antecedentes que obra en este juzgado, sin que haya lugar a glosar todo el cuaderno dado que sólo contiene copias de las actuaciones del expediente de amparo, por lo que en su oportunidad destrúyanse las copias. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, además, en atención a que carece de relevancia documental e histórica. Respecto al cuaderno original del incidente relativo al presente asunto, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo señalado, el cual refiere que en los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, tómese en cuenta que dicho cuaderno es susceptible de depuración. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo precisado, procédase a destruir el duplicado del incidente de suspensión trascurridos seis meses; glósese copia certificada de este acuerdo a dichos cuadernos. Por otra parte, devuélvanse las copias certificadas del expediente ***/2010, al Juzgado Municipal en Materia Civil en Tehuacán, Puebla, con las cuales, se formó el anexo uno relativo a este asunto, sin solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que se tratan de copias certificadas.

  2. Principal

    Precisión de antecedentes. Del análisis de la demanda a que se refiere la razón de cuenta que antecede y de la consulta al sistema integral de seguimiento de expedientes (sise), se advirtió que el presente asunto, puede tener relación con el juicio de amparo ****/2019, de la estadística de este juzgado, que promovió ****, por propio derecho, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes, que sólo en caso de que dicho asunto, se estime tenga relación directa con el juicio de amparo que se inicia, podrá tenerse a la vista, con la finalidad de obtener información relevante, vinculada con el acto y autoridad señalados en la presente demanda que promueven **** y ****, por propio derecho, para los efectos legales a que haya lugar. También, podrán consultarse las resoluciones capturadas en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise), relativas a los citados expedientes, por constituir información fidedigna y autentica en términos de la tesis de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)" II. Creación del expediente. Vista la demanda de amparo que promueve **** y ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2020-III. III. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintinueve de octubre y razón actuarial de veinte de noviembre, ambos de dos mil diecinueve; diligencia de once de septiembre de dos mil veinte y autos de cinco de marzo, dieciocho y veinticinco de agosto y uno de octubre todos de dos mil veinte, así como actuaciones posteriores, todo ello en el juicio ejecutivo mercantil ****/2019, del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Bien, como preámbulo a la conclusión a la que se llegará más adelante, debe señalarse que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. En los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga sólo de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y tales derechos deben afectar en lo material a aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anterior se concluye que, contra los acuerdos y razón reclamados, la demanda de amparo es notoria e indudablemente improcedente, de acuerdo con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la ley de la materia, este último interpretado a contrario sentido, lo que lleva a desecharla. En principio, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio biinstancial será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, el auto de veintinueve de octubre y razón actuarial de veinte de noviembre, ambos de dos mil diecinueve; diligencia de once de septiembre de dos mil veinte y autos de cinco de marzo, dieciocho y veinticinco de agosto y uno de octubre todos de dos mil veinte, así como actuaciones posteriores, todo ello en el juicio ejecutivo mercantil ***/2019, del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla; no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a sus derechos fundamentales y que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, ya que los acuerdos reclamados se dictaron durante el trámite del juicio natural, pues tal y como se advierte en el acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente de origen, el juez responsable determinó que los autos no guardaban estado para el dictado de la sentencia correspondiente; lo que constituye en todo caso, una eventual violación de carácter adjetiva sin que afecte derechos sustantivos, por lo que, aún la parte quejosa puede seguir haciendo uso de sus derechos como parte demandada para obtener sentencia a su favor. De ahí que, de serle adversa la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, las posibles violaciones suscitadas en el juicio de origen, podrá reclamarlas mediante el juicio de amparo directo que se promueve contra la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal, 170, 171 y 172, fracciones III y IX, de la Ley de Amparo, y en tal juicio constitucional se podrán argumentar las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo son las que por esta vía impugna. Sin que obste para este juzgador lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que los acuerdos reclamados le causan agravio de manera irreparable, toda vez que de ahí se desprendió el habérseles negado el derecho de audiencia; pues esa circunstancia no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no produce la afectación a algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos, sino sólo la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que pueden ser reparados como se detalló. De ahí que, los derechos que la parte quejosa estima le fueron violados, no tienen el carácter de fundamentales, ya que se reducen a cuestiones netamente procesales, no a cuestiones sustantivas cuya ejecución sea irreparable para los efectos del amparo indirecto, el cual únicamente es procedente cuando verdaderamente se afecten los llamados derechos fundamentales. Por las consideraciones que se analizaron, es ilustrativa, respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos que afectan materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Federal y Tratados en Derechos Humanos en los que México sea parte, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al no tener el acto que hoy se reclaman la naturaleza de irreparable; con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, a contrario sensu, 113, 170, 171 y 172, fracciones III y IX, de la misma Ley, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio, por su manifiesta e indudable improcedencia. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda, y por autorizado en términos amplio del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****; pues cuentan con el registro de su cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, tal y como se advierte de la certificación correspondiente, sin que sea obstáculo a lo anterior que omita señalar de manera expresa la autorización en amplios términos, en virtud que expresa los datos correspondientes al registro electrónico de los Juzgados de Distrito y Tribunales Federales. Téngasele designando un correo electrónico, así como el servicio de mensajería instantánea whatsApp para comunicaciones no procesales, ello de conformidad en lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a ****. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VII. Protección de datos personales. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.

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