Alejandro Marcial Gamboa Arellano
Expediente 1589/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1589/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/04/2021
Partes del expediente
- Alejandro Marcial Gamboa Arellano
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
AMPARO 1589/2019 En veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los presentes autos en forma electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), relativo al juicio de amparo número 1589/2019, en el cual se encuentra pendiente de dictar resolución respecto al cumplimiento del fallo protector que hiciera la responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico Contencioso de dicha Secretaría; asimismo, el Secretario hace constar y certifica: Que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, en el proveído de diecinueve de febrero de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del cumplimiento dado por la citada autoridad, transcurrió del dieciséis al dieciocho de marzo del año actual, sin que hasta la fecha se hubiere efectuado alguna manifestación de su parte. Conste. TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en este juzgado el dieciocho de febrero del año en curso y anexo al mismo, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico Contencioso de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Alejandro Marcial Gamboa Arellano. Luego, mediante proveído de diecinueve de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el once de marzo del presente año; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve dentro del presente sumario constitucional, por una parte se sobreseyó y por otro lado, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguiente: ".1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de crédito hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por el pago del concepto de inscripción de documento público y el diverso remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago del concepto de inscripción de crédito hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de las contribuciones analizadas, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y la diversa de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establecen las fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Así pues, de lo transcrito se colige que los actos que debían realizar la autoridad responsable, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Devolver a la parte quejosa la cantidad que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. El remanente a devolver deberá ser debidamente actualizado. Ahora bien, se tiene que por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se indicó que la sentencia protectora de amparo no se encontraba cumplida, en virtud de que de acuerdo a las operaciones aritméticas, resultaba un faltante de $94.91 (noventa y cuatro pesos 91/100 moneda nacional) a la parte agraviada. Lo anterior, en virtud de que se estableció que primeramente mediante oficio y anexos, recibido en este Órgano Jurisdiccional, la responsable ejecutora informó a este juzgado federal la forma en que cumplió con el fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria la cantidad de $23,232.22 (veintitrés mil doscientos treinta y dos pesos con 22/100 M.N.). Esto porque el monto que pagó la quejosa fue de $22,914.00 (veintidós mil novecientos catorce pesos 00/100 moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho período entre el citado índice correspondiente. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinte de junio de dos mil diecinueve y el treinta de octubre de este año, se efectúo la devolución de la totalidad de la cantidad indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendía devolver las contribuciones reclamadas; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo de dos mil diecinueve a septiembre del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de agosto del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio del dos mil diecinueve fue de 103.299 y para agosto del año en curso 107.867 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.044. En consecuencia, el quejoso erogó la cantidad de $22,914.00 (veintidós mil novecientos catorce pesos 00/100 moneda nacional) y la autoridad descontó como se advierte de la tabla del cálculo de devolución las cantidades de 290.00 y 280.00 por cuota mínima; quedando una cantidad de $22,344.00 (veintidós mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el quejoso, esto es, de se obtiene la cantidad de $23,327.13 (veintitrés mil trescientos veintisiete pesos 13/100 moneda nacional). Por tanto, se advirtió que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad $23,327.13 (veintitrés mil trescientos veintisiete pesos 13/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa $23,232.22 (veintitrés mil doscientos treinta y dos pesos con 22/100 M.N.), es decir, un faltante de $94.91 (noventa y cuatro pesos 91/100 moneda nacional) a la parte agraviada. Posteriormente, por oficio recibido en este juzgado el dieciocho de febrero del año en curso y anexo al mismo, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico Contencioso de dicha Secretaría, comunicó que el doce de febrero de dos mil veintiuno, transfirió al quejoso a cantidad de $94.41 (noventa y cuatro pesos 41/100 moneda nacional) que le restaba por devolver. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, aun cuando el remanente pendiente fuera de $94.91 (noventa y cuatro pesos 91/100 moneda nacional) y la responsable devolviera $94.41 (noventa y cuatro pesos 41/100 moneda nacional), por la cantidad faltante $.50 (cincuenta centavos moneda nacional), no resulta trascendente para efectos del cumplimiento a la ejecutoria de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario José Javier Ruiz Martínez, quien autoriza y da fe. Doy fe.- Exsg
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TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. En el presente expediente se encuentra pendiente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. SE AGREGA OFICIO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa, con el ocurso y anexo que acompaña, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés legal convenga, apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obren en el presente sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. 6. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 6.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 6.2. Personalmente a la parte quejosa. Notifíquese en los términos indicados.
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TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito y anexo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento; apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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TEPIC, NAYARIT, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto la certificación que antecede se advierte que mediante proveído de quince de octubre de dos mil veinte, se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que recibiera el oficio en el que se le comunicaba dicho acuerdo, diera cumplimiento a la sentencia de amparo, lo anterior, sin que hasta la fecha obre glosado el ocurso de notificación respectivo al ente de previa mención. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso Alejandro Marcial Gamboa Arellano, mediante el cual solicita que se haga efectivo el apercibimiento decretado al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante proveído de quince de octubre del año en curso, por no dar cumplimiento a lo requerido en dicha data; consecuentemente en relación a su petición, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente, toda vez que, como se precisó en el párrafo que antecede, no se tiene la certeza que la autoridad responsable haya sido debidamente notificada y que el plazo concedido le haya trascurrido, por lo que uno vez lo anterior suceda, este juzgado proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE.
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