Alejandro Manuel Méndez Hurtado
Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Manuel Méndez Hurtado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de junio de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Por otro lado, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. CUMPLE REQUERIMIENTO (7627). Agréguese el oficio que remite el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", perteneciente a la Secretaría de Administración Tributaria, con sede en Morelia, en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", a través del cual da cumplimiento a lo requerido en autos de veintiséis de abril y cuatro de mayo del año en curso, y al efecto remite copia certificada del oficio 400-38-00-02-01-2022-03491. PRUEBAS. Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la legislación Ley de Amparo, se tiene por recibida dicha documental; se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza jurídica. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente, debido a que las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. En el caso, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que aduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. Para una mejor comprensión de la causal de improcedencia advertida de oficio por este Juzgado, resulta necesario tener presente lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios que se citan a continuación: El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado, se traducen en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Morelia, el siguiente: La emisión del oficio número 400-38-00-02-01-2022-01886, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Dicha autoridad responsable, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado, al referir que expidió el referido oficio 400-38-00-02-01-2022-01886, mediante el cual emitió la resolución respectiva, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 281/2022, de este índice; sin embargo, precisó que dejó sin efectos dicho comunicado, al haber emitido el diverso 400-38-00-02-01-2022-03491, de diecinueve de abril del año en curso, y al efecto se le requirió para que remitiera copia certificada del mismo. Ahora de la documental que ahora exhibe la autoridad oficiante, la cual merece eficacia probatoria plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, emitió el referido comunicado 400-38-00-02-01-2022-03491, en el cual determinó, entre otras cuestiones, dejar sin efectos la resolución contenida en el diverso 400-38-00-02-01-2022-01886, de veintiocho de febrero del año en curso y al efecto, resolver lo conducente en relación con la solicitud del aquí quejoso Alejandro Manuel Méndez Hurtado, respecto de la condonación del adeudo con número de resolución 500-38-00-06-02-2017-12354, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2". Determinación que le fue notificada al quejoso el veinte de abril pasado, vía electrónica a través del Buzón Tributario, como se advierte de las copias certificadas que remite la responsable. En ese contexto, al haber quedado sin efectos el oficio reclamado por el quejoso, se restituyó así a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violentado, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, se configura dicha hipótesis analizada. SE DEJA SIN EFECTOS FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PEDIMENTO (7489). En otro aspecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en atención a lo determinado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
COIN FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA ALEJANDRO MANUEL MÉMDEZ HURTADO, MEDIANTE CITATORIO DE DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CRUSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. CUMPLE REQUERIMIENTO (7627). Agréguese el oficio que remite el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", perteneciente a la Secretaría de Administración Tributaria, con sede en Morelia, en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", a través del cual da cumplimiento a lo requerido en autos de veintiséis de abril y cuatro de mayo del año en curso, y al efecto remite copia certificada del oficio 400-38-00-02-01-2022-03491. PRUEBAS. Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la legislación Ley de Amparo, se tiene por recibida dicha documental; se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza jurídica. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente, debido a que las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. En el caso, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que aduce. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado(.)" Del precepto legal trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. Para una mejor comprensión de la causal de improcedencia advertida de oficio por este Juzgado, resulta necesario tener presente lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios que se citan a continuación. El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé. "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, que dice. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado, se traducen en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Morelia, el siguiente. La emisión del oficio número 400-38-00-02-01-2022-01886, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Dicha autoridad responsable, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado, al referir que expidió el referido oficio 400-38-00-02-01-2022-01886, mediante el cual emitió la resolución respectiva, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 281/2022, de este índice; sin embargo, precisó que dejó sin efectos dicho comunicado, al haber emitido el diverso 400-38-00-02-01-2022-03491, de diecinueve de abril del año en curso, y al efecto se le requirió para que remitiera copia certificada del mismo. Ahora de la documental que ahora exhibe la autoridad oficiante, la cual merece eficacia probatoria plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, emitió el referido comunicado 400-38-00-02-01-2022-03491, en el cual determinó, entre otras cuestiones, dejar sin efectos la resolución contenida en el diverso 400-38-00-02-01-2022-01886, de veintiocho de febrero del año en curso y al efecto, resolver lo conducente en relación con la solicitud del aquí quejoso Alejandro Manuel Méndez Hurtado, respecto de la condonación del adeudo con número de resolución 500-38-00-06-02-2017-12354, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2". Determinación que le fue notificada al quejoso el veinte de abril pasado, vía electrónica a través del Buzón Tributario, como se advierte de las copias certificadas que remite la responsable. En ese contexto, al haber quedado sin efectos el oficio reclamado por el quejoso, se restituyó así a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violentado, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, se configura dicha hipótesis analizada. SE DEJA SIN EFECTOS FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PEDIMENTO (7489). En otro aspecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en atención a lo determinado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del estado de autos se advierte que en proveído de veintiséis de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Administradora Desconcentrada Jurídico de Michoacán "1" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", a efecto de que remita copia certificada del oficio 400-38-00-02-01-2022-03491, relacionado con los actos reclamados, sin que a la fecha haya dado cumplimiento, ni se cuente con la constancia de la que se desprenda que se encuentra debidamente notificada del comunicado respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérasele nuevamente, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sea notificada del presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada del referido comunicado, o en su caso, informe el impedimento legal que para ello exista. Hágase de su conocimiento que dicha constancia podrá ser enviada al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, correspondiente a este Juzgado. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, bajo el mismo apercibimiento decretado en el auto admisorio, en caso de ser omisa al respecto. DIFERIMIENTO. Consecuentemente, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y en su lugar se programan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE; por oficio a la autoridad que se indica.
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