Alejandro Maldonado Gómez

Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
480/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Maldonado Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida ***, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 480/2019. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: *** Como cuestión previa resulta necesario precisar que los promoventes manifiestan tener el carácter de defensores particulares dentro del proceso penal 27/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla y que reclaman: 1.- El auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, donde impone multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización cuyo resultado es la cantidad de dos mil quinientos treinta y cuatro pesos setenta centavos moneda nacional. 2.- La nulidad de la notificación para el desahogo de la audiencia de vista en el proceso 22/17. Sin embargo, respecto a dichos actos el juicio de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, en conformidad con lo previsto en el artículo antes aludido de la ley de la materia. *** De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, con relación a los actos reclamados por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia, porque el inconforme no agotó en contra de dicho acto el recurso de revocación previsto en los artículos 361 y 362 del Código Federal de Procedimientos Penales mismos que establecen: *** En el caso concreto el quejoso reclama del Juez responsable el acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve, a través del cual se les impuso una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización dentro del proceso 22/2017, proveído que no se encuentra comprendido en alguna de las diversas fracciones del artículo 363 de la legislación adjetiva penal que establece la procedencia del recurso de apelación, por lo tanto, si dicho proveído no puede ser impugnado a través del recurso de apelación, mientras que el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, tal circunstancia lleva a concluir que en contra de dicho acuerdo procede el recurso de revocación. En ese orden de ideas, si el quejoso no agotó en contra del acto reclamado en esta vía el medio de impugnación a través del cual pudo lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, los actos reclamados no se encuentran en alguno de los supuestos de la excepción que prevé la Ley de Amparo. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, revocar o nulificar el acto que ahora se reclama, el cual estaba obligada a agotar al no ser extraña al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Así, se advierte que la inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hacen ver la promovente del amparo. De lo transcrito se desprende que las notificaciones realizadas contra las disposiciones que las regulan serán nulas y que las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio del orden penal se resolverán incidentalmente en la forma prevista en el código penal adjetivo, es decir, cuando sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el Juez resolverá de plano, pero en las que a juicio del Juez no puedan resolverse de plano o aquellas en que hubiere de recibirse prueba, se substanciarán por cuerda separada, dando vista con la promoción respectiva a las partes para que contesten dentro de los tres días siguientes al de la notificación, además, si el Juez lo estima conveniente o alguna de las partes lo solicita, citará a una audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes, término durante el cual -así como en la audiencia respectiva- se recibirán las pruebas, fallando desde luego dicho incidente aún sin la presencia de las partes. En tales condiciones debe decirse que si el agraviado está vinculado al procedimiento penal de origen, como se precisó con anterioridad, tenía obligación de agotar previamente a la promoción del juicio de garantías el incidente de nulidad de notificaciones en contra del acuerdo que lo citaba para la audiencia de vista, con la finalidad de que el Juez responsable analizara su legalidad con base a los argumentos que el ahora agraviado expresara en su contra y con relación a las pruebas que en su caso exhibiera. Ello es así, porque corresponde al rector del proceso penal, en el caso concreto, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla que conoce de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, calificar la legalidad de las notificaciones que ordena practicar en dicho procedimiento. Por lo tanto, es inconcuso que el quejoso debió interponer el incidente de nulidad en contra de las notificaciones que considera ilegales, previamente a la presentación de la demanda de garantías, pues a través del mismo podía lograr su anulación. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido por parte de la promovente del amparo, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Ávila Cruz quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a la diversa persona que indica, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional inscrita en dicho Sistema Computarizado. Por lo que respecta a la petición del impetrante de amparo, en cuanto a permitir tomar placas fotográficas de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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