Alejandro López Ponce de León
Expediente 805/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alejandro López Ponce de León
Actuaciones
- Principal
Visto; la demanda de amparo, promovida por Rodolfo García Pérez, Alejandro López Ponce de León, Oscar Ortega Lafont, Jesse Cabral Orona, Víctor Manuel Ruiz Real, Aurelio Flores Orozco, Israel Aguilar Hernández, Carlos Navarrete Gutiérrez, Germán Gastelum Camacho y Rubén Méndez Gastelum, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio en el Salto, Jalisco y otra autoridad, se acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número que legalmente le corresponda. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que en la misma se señala como autoridades responsables al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio en el Salto, Jalisco, así como al Comité Técnico de dicho Centro Penitenciario, y como acto reclamado: ". no brindarnos la atención médica requerida así como los medicamentos necesarios nuestra situación de salud ." Por lo que, antes de verificar sobre la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo, es conveniente determinar sobre la competencia de la demanda en estudio, así tenemos que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Ahora bien, de la demanda de amparo en estudio, se advierte que: Rodolfo García Pérez, Alejandro López Ponce de León, Oscar Ortega Lafont, Jesse Cabral Orona, Víctor Manuel Ruiz Real, Aurelio Flores Orozco, Israel Aguilar Hernández, Carlos Navarrete Gutiérrez, Germán Gastelum Camacho y Rubén Méndez Gastelum, se encuentran internos en el Centro Penitenciario Federal número Dos "Occidente", en el estado de Jalisco. Dichos quejosos manifiestan que las autoridades señaladas como responsables no les han permitido tener una atención médica; lo que constituye el acto reclamado de la demanda de amparo que ahora se analiza. De lo anterior, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de dicho libelo constitucional, toda vez que la parte quejosa expresamente en su demanda de amparo manifiesta que las autoridades de las que emana el acto reclamado residen en el Estado de Jalisco, sin que los quejosos hayan señalado autoridad alguna dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; por lo que esta autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, declina competencia legal en favor del Juez de Distrito en turno en cuya jurisdicción residen las autoridades a las que se les atribuye la emisión y ejecución del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda. Sirve de sustento a lo antes señalado en lo conducente la Tesis I.1o.A.44, legible en la página 1299, A XIV, Agosto de 2001, Materias Administrativa, Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 134, V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución." Además, porque la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario, es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud del citado reo, ya que lo que pretende al promover el juicio de amparo es recibir cuidado profesional; por ende, las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno; por tanto, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución y conforme a la primera regla que se establece en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro de reclusión. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada en materia común II.2o.P.16 K (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2093, libro 32, julio de 2016, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012019, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Ahora bien, como en la especie se reclama de las autoridades señaladas como responsables la omisión de proporcionar a los quejosos atención médica y medicamentos que requieren, no ha lugar a conceder de plano o de oficio la suspensión del acto reclamado. Porque la demanda de amparo no se advierte que la falta de atención médica reclamada, se encuentre relacionada con alguna lesión o padecimiento que cause a los solicitantes del amparo una aflicción física y/o mental que afecte gravamente su dignidad e integridad personal, al grado de equiparse a un tormento, ya que los accionantes, sólo se quejan de la falta de atención médica requerida y medicamentos, por lo que tienen la necesidad de solicitar el amparo para que sea precisamente la autoridad federal quien tenga que obligar a las autoridades a proveer la atención médica y los medicamentos que requieren. Así, el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales." En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ..." En ese sentido, el punto a determinar es si la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, es un acto que pueda equipararse a alguno de los previstos en dichos preceptos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el acto reclamado aludido puede entenderse como un tormento, en la medida que por éste se entiende aquellos actos y omisiones que afecten gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ello, en el entendido que tal afirmación no es absoluta, pues el tormento se refiere a actos graves que atentan contra los derechos humanos a la dignidad e integridad personales y, en principio, no puede equipararse, sin trivializarlo, a cualquier molestia -justificada o no- derivada de la reclusión en un centro penitenciario. Por lo tanto, es necesario contextualizar el acto reclamado en análisis, consistente en la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica; por lo que es preciso señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del que derivó la tesis 1a. LXV/2008, estableció que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Asimismo, cabe precisar que la atención médica forma parte del derecho a la salud, pues el Pleno del Alto Tribunal ha determinado que dicho derecho tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación, contemplan a la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. Ahora bien, respecto de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las fracciones II y III del artículo 9, establece que tendrán derecho para el cuidado de su salud, a recibir atención médica de primer nivel, o bien, avanzada, así como alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en los términos que se transcriben: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario." Las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre y cuando éstos no hubieren sido restringidos por las resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: [...] II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el centro penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud." Como se advierte, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto: desde los casos en que se pide atención médica en relación con actividades preventivas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación e, incluso, de urgencias. En esa línea argumentativa, en atención a que: i) la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; ii) el tormento se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes); y, iii) la atención médica comprende una gran diversidad de actividades, desde preventivas hasta de urgencias; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que no resulta conveniente fijar una regla general en relación con la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame falta de atención médica. Ciertamente, resulta claro que no toda omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, necesariamente coloca a los quejosos en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, como aquellos casos en que dicha omisión se relacione con actividades preventivas. Sin embargo, no se desconoce que la atención médica requerida, puede relacionarse con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, todo lo cual, desde luego, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, en este tipo de casos, la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, deberá otorgarse de acuerdo con las circunstancias que imperen en cada asunto en concreto, por lo que corresponderá al Juez de amparo su concesión, a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, para determinar si la falta de atención médica que se reclama, encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. Lo que no quedó evidenciado en la demanda de amparo, que la falta de atención médica y medicamentos reclamada por los quejosos causen una aflicción física que afecte su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." En mérito de lo expuesto, sin proveer sobre la admisión de la demanda con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de que se trata al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en Turno, a quien se estima competente para conocer de ella, en razón que es dentro de su jurisdicción donde radican las autoridades a quienes se atribuye el acto reclamado; dejando en este juzgado copia certificada de dicha demanda para formar el cuaderno correspondiente. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Rodolfo García Pérez, sin perjuicio que el juez a quien corresponda conocer la demanda, una vez que se pronuncie sobre la competencia planteada, designe a diverso quejoso con tal carácter, o bien, lo designen los propios quejosos. Toda vez que los quejosos señalan que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio conocido en Jalisco y que se les notifique en el módulo en el que se encuentran; por tanto notifíqueseles el presente acuerdo en el lugar de su reclusión; y, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto por vía electrónica, con apoyo en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal por los medios electrónicos correspondientes; al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al Actuario de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a los quejosos, el contenido del presente proveído, por conducto de su representante común Rodolfo García Pérez. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.
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