Alejandro López Navarrete

Expediente 2364/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2364/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Alejandro López Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: Proceda a dictar la resolución en forma de laudo definitivo dentro del expediente laboral 2500/2021, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1 diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante al comunicado 08.18.262/2022, el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, allegó copia certificada de la resolución elevada a definitiva de cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que resolvió condenar a la demandada al pago de las aportaciones correspondientes al seguro de retiro del actor y los recursos de la subcuenta correspondiente a vivienda que como saldo acumulado se refleja en la subcuenta del ahorrador a nombre del actor. Con lo cual, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del procedimiento laboral se emitió la resolución que se elevó a laudo definitivo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al quejoso, el acuerdo autorizado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que la Junta Especial número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: Proceda a dictar la resolución en forma de laudo definitivo dentro del expediente laboral 2500/2021, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1 diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante al comunicado 08.18.262/2022, el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, allegó copia certificada de la resolución elevada a definitiva de cuatro de enero de dos mil veintidós, en la que resolvió condenar a la demandada al pago de las aportaciones correspondientes al seguro de retiro del actor y los recursos de la subcuenta correspondiente a vivienda que como saldo acumulado se refleja en la subcuenta del ahorrador a nombre del actor. Con lo cual, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, dentro del procedimiento laboral se emitió la resolución que se elevó a laudo definitivo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones realizadas a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el telegrama remitido por el Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual, informa dentro del juicio de origen 175/2013, y al contar con la sentencia de segunda instancia de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida en auto del toca 522/2016, que resolvió los recursos de apelación propuestos contra las sentencias interlocutorias de siete y quince de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que en su proposición primera confirmó la resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve y en el tercer punto resolutivo reformó la resolución de quince de noviembre de dos mil diecinueve. Por lo que ve a la liquidación de sentencia y a la diversa respecto a la liquidación de gastos y costas, requirió a la parte demandada Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en término de tres días, exhiba mediante depósito expedido por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, o cheque certificado, las cantidades condenadas en autos, es decir la suma de $2´927,800.23 (dos millones novecientos veintisiete mil ochocientos pesos 23/100 moneda nacional, como pago de la suerte principal, más $1´750,689.71 (un millón setecientos cincuenta mil seiscientos ochenta y nueve pesos 71/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios, generados a partir de la mora, y $499,532.67 (cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos treinta y dos pesos 67/100 moneda nacional), con el apercibimiento ahí contenido: en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Estado de autos. De autos se advierte que mediante sentencia dictada por este juzgado de Distrito el treinta de octubre de dos mil dieciocho, confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, cumpliera cabalmente con la sentencia definitiva dictada en el juicio mercantil 175/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco. De las constancias en copia certificada de las actuaciones del juicio de origen se advierte que el nueve de marzo de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia definitiva en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERA.- Los presupuestos procesales de competencia, personalidad y vía quedaron debidamente acreditados en autos. SEGUNDA.- La parte actora LUZ MARÍA AGUILAR RÍOS, acreditó los elementos de la acción DE PAGO puesta en ejercicio y el demandado no justificó sus excepciones, en consecuencia: TERCERA.- Se condena al demandado H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO a pagar a favor de la actora la cantidad de $2'927,800.23 DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 23/100 por concepto de suerte principal; así mismo, se condena al demandado a pagar a favor de la actora un interés legal de conformidad en lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Comercio desde que incurrió en mora hasta la total liquidación del adeudo, concepto que habrá de cuantificarse en el periodo de ejecución de sentencia. CUARTA.- Se condena a la parte demandada a pagar a favor de la parte actora los gastos y costas que se generaron con motivo del presente proceso, los que deberán cuantificarse en el periodo de ejecución de sentencia a través del incidente respectivo." En ese orden de ideas, es claro que si en la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de origen se condenó a la parte demandada a pagar a favor de la actora, aquí quejosa, los intereses correspondientes, así como los gastos y costas generados con motivo del procedimiento y, a la fecha no se ha realizado tal pago; entonces, aun no se ha dado cabal cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de diez días, contados a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo protector. Como se indicó en el párrafo que antecede, las ejecutorias de amparo son de orden público, por lo que deben realizarse sumaria y eficientemente, asimismo, dado que existe interés social de no entorpecer la ejecución esa clase de resoluciones jurisdiccionales, lo que encuentra apoyo en la fuerza de verdad legal definitiva e inmodificable que les atribuye la ley, cuyo cumplimiento no debe ser aplazado de ninguna manera, por ser un factor determinante para la armonía, estabilidad y paz sociales. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a catorce de enero de dos mil veintidós. Requerimiento. Tal y como se desprende del expediente electrónico derivado del juicio de amparo, a la fecha no está cumplida la sentencia recaída al presente juicio de amparo, razón por la cual y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que se notifique el presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de la notificación y emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral 4169/2020 (Instituto Mexicano del Seguro Social y Productos La Loma, sociedad anónima de capital variable, en los domicilios señalados en autos del juicio laboral de origen). O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tuvo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá a la Presidenta de la de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación del suscrito que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/mmed

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