Alejandro López Minakata

Expediente 640/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
640/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Alejandro López Minakata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco; tres de octubre de dos mil diecinueve. Agregar sin mayor proveído. Visto el oficio de cuenta, proveniente de la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, del cual se advierte las gestiones realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector, y al efecto exhibe copia certificada de diversas documentales; al respecto, agréguense para los efectos legales procedentes, sin mayor proveído, en razón de que por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio; por otra, se negó el amparo y finalmente, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: I. Desincorpore de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas que prevean una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se la haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por concepto del impuesto predial. Lo anterior, atendiendo a que no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto concreto de aplicación consistente en la recepción del pago del tributo materializado en el recibo oficial con número de folio 4419303 AA, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, expedido por la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco. En relación con ello, se precisa que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo dispuesto por el numeral 77 de la ley que rige la materia, la devolución por el ejercicio fiscal enterado deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte peticionaria del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el once de septiembre de dos mil diecinueve, notificó a la parte quejosa el oficio 1400/2019/T-7278, donde se le desincorpora de su esfera jurídica el articulo declarado inconstitucional, así como las cantidades generadas con motivo de la sentencia de amparo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que la responsable del cumplimiento, no haya remitido constancia con la que acreditará que fueron devueltas las cantidades a las que se hace alusión, a la parte agraviada, en virtud de que no puede desvincularse a la accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consiste en que éste acuda ante la autoridad exactora a efecto de recibir el numerario que se encuentra a su disposición, toda vez que, como se dijo, le fue notificada dicha determinación por parte de la autoridad responsable, así como por este Juzgado Federal. Sirve de apoyo el siguiente criterio: Época: Novena Época Registro: 178468 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: III.3o.A.52 A Página: 1455 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Cabe señalar que la anterior determinación no exime a la responsable de entregar a la parte quejosa la cantidad que enteró con motivo del concepto declarado inconstitucional. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, por otra se negó el amparo y finalmente, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio; por otra, se negó el amparo y finalmente, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: I. Desincorpore de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas que prevean una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se la haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), de Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por concepto del impuesto predial. Lo anterior, atendiendo a que no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto concreto de aplicación consistente en la recepción del pago del tributo materializado en el recibo oficial con número de folio 4419303 AA, de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, expedido por la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco. En relación con ello, se precisa que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo dispuesto por el numeral 77 de la ley que rige la materia, la devolución por el ejercicio fiscal enterado deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte peticionaria del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el once de septiembre de dos mil diecinueve, notificó a la parte quejosa el oficio 1400/2019/T-7278, donde se le desincorpora de su esfera jurídica el articulo declarado inconstitucional, así como las cantidades generadas con motivo de la sentencia de amparo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que la responsable del cumplimiento, no haya remitido constancia con la que acreditará que fueron devueltas las cantidades a las que se hace alusión, a la parte agraviada, en virtud de que no puede desvincularse a la accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consiste en que éste acuda ante la autoridad exactora a efecto de recibir el numerario que se encuentra a su disposición, toda vez que, como se dijo, le fue notificada dicha determinación por parte de la autoridad responsable, así como por este Juzgado Federal. Sirve de apoyo el siguiente criterio: Época: Novena Época Registro: 178468 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: III.3o.A.52 A Página: 1455 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Cabe señalar que la anterior determinación no exime a la responsable de entregar a la parte quejosa la cantidad que enteró con motivo del concepto declarado inconstitucional. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, por otra se negó el amparo y finalmente, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco; doce de septiembre de dos mil diecinueve. Cumple requerimiento superior jerárquico. Visto el contenido del oficio de cuenta, que suscribe el Director de lo Jurídico Contencioso de la Sindicatura del Municipio de Zapopan, Jalisco, en representación del Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, mediante el cual, remite el oficio en el que, en su carácter de superior jerárquico, ordenó cumplir con la ejecutoria de amparo a la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad informante, demostrando, en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Vista cumplimiento. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, signado por la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, del cual se advierte las gestiones realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector, y al efecto exhibe copia certificada de diversas documentales, entre las que destaca la notificación realizada a la parte quejosa; al respecto, agréguense para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber comparecido ante la autoridad a que se le haga entrega del cheque correspondiente a la cantidad que resultó con motivo de la sentencia de amparo, o manifieste el impedimento que tenga para ello. Asimismo, dentro del mismo término deberá expresar lo que a su derecho corresponda, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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