Alejandro López Gómez

Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
675/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Alejandro López Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue sobreseído el juicio de amparo. Transferencia. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que con motivo de la suspensión de labores de la autoridad responsable, en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se reservó fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en atención a la circular SH/CGRH/0003/2021, de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Coordinadora de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, residente en esta ciudad, derivada de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. Reanudación de procedimiento. No obstante que las condiciones de contingencia sanitaria continúan subsistentes, y la autoridad no ha comunicado la reanudación de su actividad laboral, por permitirlo el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se reanuda el procedimiento. Promoción. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Subsecretario de Educación Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la responsable. Domicilio y delegados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26 fracción II, y 9 de la ley en cita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados de la autoridad responsable antes señalada, a los que indica en su ocurso de cuenta. Causal de improcedencia. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que con relación al acto reclamado en esta instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establecen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..". Para actualizarse la causal de improcedencia referida, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta su derogación, modificación o revocación por parte de la autoridad responsable; sino también, es necesario que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de revisar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella ??????????????? ??????????????? ??????????????? alguna en la esfera jurídica del gobernado para ser borrada por el otorgamiento de la Protección de la Justicia Federal. Fijación del acto reclamado. Ahora, visto el escrito de demanda, se precisa que el peticionario de amparo señala como acto: "La falta de contestación a mi escrito de petición de fecha 01 de septiembre del año 2020 y con acuse de recibido con sello de la Subsecretaria de Educación Estatal de fecha 22 de septiembre del año 2020, mediante el cual solicitó: Se me otorguen 8 horas interinas de la asignatura de Historia Universal que se encuentran vacantes por jubilación, ya que cubro el perfil que se requiere, además de ser docente de base de la Preparatoria Jorge H. Bedwell desde el 16 de mayo del año 2018, ya que el Director de la escuela a viva voz me dijo que se los ha otorgado a personal externo al plantel que no son de base, que se los ha otorgado en semestres anteriores, por lo expuesto me siento marginado y discriminado injustamente. Por lo que solito su intervención para que se me otorguen de acuerdo con los derechos que me otorga la Ley, además que solo tengo 08 horas de base y al no otorgarme ese interinato va en detrimento de mi economía familiar". Aplicación al caso concreto. Como se dijo, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia antes invocada (artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo). Lo anterior es así, debido a que la constancia que anexa la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que mediante oficio SE/SSEE/DEM/898/2021 de cinco de marzo del año en curso, suscrito por el Director de Educación Media, dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, y mediante razón de notificación de ocho de marzo del presente año, se notificó el mismo. Circunstancia que se considera suficiente para llegar a concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, al haber dado contestación a la petición formulada por la parte quejosa y que es materia de estudio en el presente juicio, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal. Sin que sea necesario darle vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda respecto a la respuesta dada por la responsable. En efecto, ya que el juicio de amparo en que se actúa fue instaurado contra el acto consistente en falta de contestación al escrito de petición de uno de septiembre del dos mil veinte (violación al artículo 8o constitucional); a lo que el Director de Educación Media de la Secretaría de Educación Pública, residente en esta ciudad, dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, mediante oficio SE/SSEE/DEM/898/2021, a través del cual le comunicó que respecto a su solicitud de asignación de horas de la materia de historia universal, se hará mediante el programa USICAM. Por lo que, si bien es cierto que a la autoridad responsable le corresponde dar contestación a dicha petición, también lo es, que ello no lo hace en su carácter de ente público, sino simplemente en su calidad de patrón. Ciertamente, la actuación que realiza la autoridad que ha sido señalada como responsable, no puede considerarse como un acto de autoridad para efecto del juicio de amparo, toda vez que lo realizado por el ente de gobierno, es únicamente derivado de la relación de trabajo que existe con la quejosa, sin que su conducta revista la característica de unilateralidad y coercibilidad que se requieren para establecer el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Se reitera, la autoridad señalada como responsable, al pronunciarse respecto al escrito del quejoso, quien es empleado de dicha Secretaría, al desempeñarse como docente de base de la preparatoria Jorge H. Bedwell, no actúa como ente de derecho público investido de imperio frente a ellos, sino como personas morales sujetas de derecho privado; esto es, cuando el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante, y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos ????????????? géneros, como contratada, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la nómina o lista de raya de los trabajadores. Por tanto, resulta innegable que la respuesta dada mediante oficio SE/SSEE/DEM/898/2021, al escrito de petición del quejoso de uno de septiembre de dos mil veinte, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la autoridad responsable señalada no tiene ese carácter, en razón de que al dar contestación a dicho ocurso, lo hizo con motivo de la relación de coordinación que sostiene el promovente de amparo con dicha Secretaría de Educación, y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. De modo que, dicho actuar no es un acto que pueda considerarse eficaz para la procedencia del juicio de amparo, porque su solicitud de aumento de horas respecto a la asignatura de historia universal, está íntimamente vinculada con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del juicio de amparo. Son aplicables en lo conducente, las jurisprudencias de los rubros y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. Criterio aplicable. Es aplicable la jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." [Época: Novena Época. Registro: 193758. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX. Junio de 1999. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J.59/99. Página: 38]. Sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, relacionado puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico. ? ??????????????? De ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que para esta fecha está prevista la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, dado que la autoridad responsable Subsecretario de Educación Estatal de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, como tampoco consta en autos que haya recibido la petición relativa mediante oficio 243, de veintidós de enero de dos mil veintiuno. Lo anterior, en razón de que la citada autoridad, en cumplimiento a la circular SH/CGRH/0003/2021, de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Coordinadora de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, no ha reanudado sus labores debido a la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Reserva fecha de audiencia constitucional. En ese sentido, este órgano jurisdiccional se reserva de señalar nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, hasta en tanto se reanuden las labores de la autoridad responsable Subsecretario de Educación Estatal de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de enero de dos mil veintiuno. Reanudación del trámite en el presente asunto. De conformidad con la Circular SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en el presente asunto, y toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedó pausado y no su reinicio. Asimismo, se advierte que dada la contingencia sanitaria no se llevó a cabo la audiencia constitucional y que las audiencias no pueden celebrarse por regla general de manera presencial, se señala nueva fecha y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria Ana Luisa Wong López, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe. igh

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