Alejandro López Castellanos

Expediente 1324/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1324/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandro López Castellanos

Actuaciones

  1. Principal

    AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEIDO DE 18/11/2022: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por *******, contra actos de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 1324/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda de amparo se desprende que el quejoso, reclama de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, el auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral ********************, por medio del cual se ordena regularizar el procedimiento a efecto de que se notifique personalmente el laudo a las partes demandadas. En consecuencia, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Del último precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, en las hipótesis siguientes: 1) Contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten con motivo de la ejecución de sentencia o laudo, es decir, que gocen de autonomía en relación con dicha realización; y, 2) Si se trata de actos dictados después de concluido el juicio en ejecución de sentencia o laudo, el juicio de amparo sólo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En relación con la primera clase de actos, esto es, aquéllos que son dictados después de concluido el juicio, pero no en la fase ejecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que, son aquéllos con autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Por lo que dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata (aunque ciertamente, respecto del principio de definitividad, si procediera algún recurso ordinario, por cuya virtud el acto pudiera ser modificado o nulificado, éste tendría que agotarse antes de acudir a la vía del amparo). Respecto a la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones que hubieren dejado sin defensa al quejoso, cometidas durante ese procedimiento. En síntesis, se concluye que un acto dictado después de concluido el juicio y en el contexto del procedimiento de ejecución, puede reclamarse a través del amparo indirecto, contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente; y excepcionalmente, cuando el acto reclamado sea autónomo y no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar el laudo dictado en el juicio natural, y no genere de manera inmediata una afectación a derechos sustantivos. Bajo ese tenor, es dable señalar que la citada regla de procedencia, se creó para evitar que se abuse del juicio de amparo y que por cada acto se instaure un nuevo juicio constitucional, lo que conllevaría a que los procedimientos fueran interminables, con el consecuente retraso en el cumplimiento del laudo, y que por ende, se infringiera lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que consagra el principio de una justicia pronta y expedita, así como la garantía a la plena ejecución de las sentencias. Por tanto, si la parte quejosa reclama el auto de fecha siete de septiembre del año en curso, dictado dentro del juicio laboral ********************, por medio del cual se ordena regularizar el procedimiento a efecto de que se notifique personalmente el laudo a las partes demandadas; es evidente, que esa actuación no constituyen la última resolución reclamable en amparo. Asimismo, acorde a la hipótesis normativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de la Materia; porque no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues sólo se trata del acuerdo que ordena regularizar el procedimiento y notificar en forma personal el laudo a los demandados; de ahí que se trate de una resolución intermedia, dictada dentro del periodo de ejecución del laudo que no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto; máxime que no se advierte la vulneración a derechos sustantivos, para que se actualice una excepción para la procedibilidad del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), consultable en la página 1515, del libro X, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, correspondiente al mes de julio de 2012, Décima Época, rubro y texto: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Sin que el acto reclamado sea de imposible reparación, porque por sí mismo, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo en su caso, derechos procesales o adjetivos, en razón a que solo se ordena regularizar el procedimiento a efecto de que se notifique personalmente el laudo a las demandadas. Por consiguiente, es inconcuso que por lo que hace al acto reclamado aquí analizado, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la del de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario; y, por ende, con apoyo en el arábigo 113, de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda pretendida. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que el ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el proemio de su demanda. Correo electrónico y número telefónico. Ahora, respecto a que se autoricen como medios para recibir notificaciones, el correo electrónico y el número telefónico que para tal efecto indica; al efecto se provee: Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el correo electrónico nestorfco_gomez@hotmail.com, es por lo que no ha lugar de acordar de conformidad su petición respecto de que se realicen notificaciones por dicho medio. Ahora, por cuanto hace al número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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