Alejandro López Caselis y Otros.
Expediente 1085/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/05/2021
Partes del expediente
- Osiris Monterrubio Trujillo y Otros.
- Alejandro López Caselis y Otros.
- Alejandro López Caselis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
2) Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo; sin embargo, se omitió devolver el tomo de pruebas que adjuntó la responsable en apoyo a su informe justificado. Acuerdo En consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el legajo de prueba I; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en virtud de que el oficio que se genere en este auto, servirá del mismo. Cúmplase.
- Principal
2) La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación de Arbitraje en el Estado de Puebla, remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora, respecto del auto de tres de marzo del año pasado. Acuerdo. Sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de diecisiete de marzo del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo
- Principal
2) Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, a quien en su caso podría agraviarle dicha resolución, no recurrió el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. se determina que este expediente es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico, así como relevancia documental por el cual se deba conservar. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que lo sobreseyó fuera de audiencia; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso a) del Acuerdo General Conjunto de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
2) ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISOS B) y/o C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 18 DE FEBRERO DE 2021, QUE DICE(N): Reanudación de plazos procesales. se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, a partir del dieciocho siguiente, con las precisiones que ahí se indican, y dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron; el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Además, atendiendo a la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia P/J. 14/2017 1 de los artículos 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como fueron los días 16 y 17 de febrero de 2021, existió impedimento legal para que este órgano de control constitucional emitiera resoluciones en el presente juicio de amparo, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que se practiquen actuaciones, salvo los casos de tramitación urgente, porque de lo contrario, se incurriría en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que ameritaría su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio. Por tanto, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta el día de hoy se procede a emitir el acuerdo relativo a los juicios y promociones recibidas el 29 de enero de 2021, entre el 16 y 17 de febrero de 2021, en los términos siguientes: Oficios. La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de quien lo representa, realiza lo siguiente: a.- Rinde su informe justificado; b.- Ofrece pruebas. c.- Informa que debido a que el Estado de Puebla se encuentra en semáforo rojo, son aplicables los boletines laborales publicados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje números 156 , 1bis, 3 y 4, este último publicado con fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno, que en su parte establece que las audiencias y diligencias programas se encuentran suspendidas, y que únicamente se prestaran servicios esenciales, por lo que se mantendrán suspendidos los términos procesales del veintiséis de enero al ocho de febrero del año en curso. Acuerdo y/o motivación. Se toma conocimiento de lo informado. Trámite. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Se forma anexo. Visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el legajo de pruebas I, para que obre por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación. -- Digitalización de anexo. Ahora bien, dada la voluminosidad del legajo de pruebas I, existe imposibilidad material para su digitalización, se hace del conocimiento de las partes que dicho cuaderno se encuentra a su disposición en el expediente impreso, en la secretaría del juzgado. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el -- pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita, que el tres y diez de marzo del año pasado, proveyó los escritos de los que se duele la aquí quejosa esto es de tres y diez de marzo del mismo año, dentro del juicio laboral *. Asimismo, informa que no se ha logrado notificar a la aquí quejosa el auto de tres de marzo del año pasado, debido a las -- suspensiones decretadas por la emergencia sanitaria que vive el país. Por otra parte, manifiesta que respecto al auto de diez de marzo del año pasado, se le notificó a la aquí quejosa por estrados. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse acordado los escritos de tres y diez de marzo del año pasado, dentro del juicio laboral *. No pasa inadvertido que la autoridad no haya remitido la constancia de notificación a la quejosa del auto de diez de marzo de dos mil veinte, en el que acordó la promoción dentro del juicio laboral de origen; sin embargo, ese efecto está satisfecho toda vez que la impetrante de amparo tendrá conocimiento de su contenido con la presente resolución. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
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