Alejandro López Alducín

Expediente 1150/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1150/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandro López Alducín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1150/2023, promovido por Alejandro López Alducín; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el día dieciséis siguiente en este órgano jurisdiccional, Alejandro López Alducín demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejeros de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La resolución de dos de junio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación que confirmó la determinación dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa 9/2021. Acto que considera violatorio de los derechos contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 11). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó radicar la demanda con el número de juicio de amparo 1150/2023 y se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 13 a 16 y 20). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza administrativa y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de dos de junio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación que confirmó la determinación dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa 9/2021, en el cual se impuso al quejoso la sanción de suspensión de cinco días naturales de su empleo sin goce de sueldo o emolumento. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado (fojas 23 a 27), aceptó el acto reclamado; por tanto, se acredita la existencia de la resolución combatida por el impetrante. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con el expediente integrado por cuatro tomos que adjuntó la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala a su informe justificado, consistente en el procedimiento administrativo 9/2021, instruido al ahora quejoso Alejandro López Alducín y otros, en el que consta la resolución reclamada por el quejoso (fojas 58 a 63 del tomo IV de pruebas). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º y con las que se acredita la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario narrar el origen del acto que se reclama en esta instancia constitucional: 1.- Mediante oficio CJET/CVV/15/2020 de cinco de octubre de dos mil veinte, el Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (fojas 2 y 3 del tomo I de pruebas), remitió al Pleno de dicho Consejo las siguientes actuaciones de las que se desprenden probables irregularidades que pudieran ser constitutivas de incumplimiento o faltas administrativas por parte de diversos servidores públicos, a fin de que determinara lo conducente: Anexo 1. Original del acta de visita extraordinaria inmediata realizada el uno de octubre de dos mil veinte al Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, practicada por el Consejero Visitador Leonel Ramírez Zamora, quien entendió la visita con Jorge Luis Ramírez Sánchez, Administrador del órgano jurisdiccional visitado, de la que se advirtió que el original de la causa judicial 81/2020, instruida a Juan Luis Mata Barraza por el delito de homicidio calificado, había sido remitida a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala para que rindiera informe justificado, por lo cual de la copia autentificada de dicho proceso se advirtió lo siguiente: Que la causa judicial mencionada se inició con motivo de la solicitud del Agente del Ministerio Público formulada el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en la que pidió al Juez de Control se señalara audiencia inicial de calificación de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación contra el investigado Juan Luis Mata Barraza. Con motivo de lo anterior, en esa fecha se radicó la causa judicial 81/2020 y se señaló el día uno de abril de dos mil veinte para la celebración de la audiencia inicial, en la cual se ratificó la detención del imputado Juan Luis Mata Barraza y se decretó la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Posteriormente, en la continuación de la audiencia inicial celebrada el tres de abril de ese año, se dictó auto de vinculación a proceso a Juan Luis Mata Barraza, quien interpuso recurso de apelación. Dicho medio de impugnación se radicó con el toca penal 15/2020-3 de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y en ejecutoria de nueve de septiembre de dos mil veinte se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en la causa judicial 81/2020 y se mandó reponer el procedimiento a partir de la audiencia inicial; asimismo, dicha ejecutoria se recibió en el Juzgado de Control el once de septiembre de dos mil veinte a las diez horas. Dicho asunto fue entregado en esa fecha verbalmente y con libreta a Prince Yuriani Serrano Portilla, Asistente de Causa, a efecto de que lo turnara al Juzgado Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, exhibiéndose al Visitador la libreta donde consta dicha entrega a la antes nombrada con su firma. De igual forma, se exhibió al Visitador Judicial el original del acta administrativa de entrega - recepción celebrada a las ocho horas con quince minutos del quince de septiembre de dos mil veinte, en la cual Prince Yuriani Serrano Portilla entregó al ahora quejoso Alejandro López Alducín, los expedientes relativos a causas judiciales, entre los que se encuentra el proceso 81/2020. Además, se hizo constar que el veintidós de septiembre de dos mil veinte se recibió un escrito del imputado Juan Luis Mata Barraza, quien solicitó se decretara su inmediata libertad. En esa misma fecha, Alejandro López Alducín, Asistente de Causa interino, realizó la razón de cuenta en la que asentó que una vez que la carga de trabajo lo permitió y en atención al proceso de entrega - recepción, se turnó el asunto al Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Con motivo de ello, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, dicho juzgador señaló las quince horas del día veintitrés siguiente para la celebración de la audiencia inicial ordenada por el Tribunal de alzada. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se determinó no calificar de legal la detención del investigado Juan Luis Mata Barraza y se decretó su libertad. Conforme a lo anterior, se asentó en el acta de visita, que el órgano jurisdiccional tuvo conocimiento de la ejecutoria dictada en el toca penal 15/2020-3 el once de septiembre de dos mil veinte a las diez horas y la audiencia inicial que se ordenó fuera celebrada, se llevó a cabo hasta el veintitrés de septiembre siguiente, por lo cual transcurrieron doce días de manera injustificada, sin que se hubiera señalado de manera inmediata, aunado a que el imputado se encontraba privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, y fue a instancia de dicho imputado que el órgano jurisdiccional señaló fecha para la citada audiencia. Que al observar dichas irregularidades que pudieran ser constitutivas de incumplimiento o faltas administrativas por parte de los servidores públicos que tuvieron intervención en la referida causa judicial, el Visitador solicitó al Administrador copia autentificada de la causa judicial, así como del disco versátil con las audiencias de uno y tres de abril y veintitrés de septiembre de dos mil veinte celebradas en la causa judicial; además, el Visitador pidió copia autentificada del acta administrativa de entrega - recepción realizada entre los Asistentes de Causa Prince Yuriani Serrano Portilla y Alejandro López Alducín y de la agenda administrativa de turno para desahogar la audiencia inicial ordenada en el toca penal 15/2020-3 (fojas 4 a 12 del tomo I de pruebas). Anexo 2. Copia autentificada de la causa judicial 81/2020 del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en la cual obran las actuaciones procesales señaladas en el acta de visita extraordinaria inmediata (fojas 13 a 228 del tomo I de pruebas). Anexo 3. Copia auténtica del disco versátil digital que contiene las audiencias de uno y tres de abril, así como veintitrés de septiembre, todas de dos mil veinte, celebradas en la causa judicial 81/2020 (foja 229 del tomo I de pruebas). Anexo 4. Copia simple del acta administrativa de entrega - recepción de quince de diciembre de dos mil veinte suscrita entre los Asistentes de Causas Prince Yuriani Serrano Portilla y Alejandro López Alducín (fojas 230 a 242 del tomo I de pruebas). Anexo 5. Impresión de la agenda administrativa electrónica presentada por el Administrador el Juzgado visitado, en la que se designó al Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala para desahogar la audiencia inicial ordenada en cumplimiento a la resolución dicta en el toca penal 15/2020-3 (fojas 243 a 247 del tomo I de pruebas). Anexo 6. Copia simple del libro de turno de once de septiembre de dos mil veinte (fojas 248 y 249 del tomo I de pruebas). 2.- Oficio SECJ/2750/2020 de trece de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el cual comunicó al Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala el acuerdo de doce de octubre de ese año dictado en la sesión extraordinaria privada del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en el que se determinó remitir al referido Contralor el oficio CJET/CVV/15/2020 de cinco de octubre de dos mil veinte derivado de la visita extraordinaria inmediata con sus anexos, a fin de que se realizara la investigación de la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos relacionados en dicho asunto (foja 1 del tomo I de pruebas). 3.- Acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, dictado por el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por el cual tuvo por recibido el oficio señalado en el punto que antecede y ordenó radicar el expediente de investigación de presunta responsabilidad administrativa de oficio bajo el número 27/2020 instruido, entre otros, contra Alejandro López Alducín en su carácter de Asistente de Causa; asimismo, dio por iniciada la investigación de presunta responsabilidad administrativa de oficio. De igual forma, solicitó al Administrador de los Juzgados de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala copia auténtica de la agenda administrativa electrónica y del libro de registro de once de septiembre de dos mil veinte. Además, solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, la información de los servidores públicos involucrados relacionada con su situación laboral; finalmente, se ordenó tener como pruebas los anexos remitidos por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (fojas 250 a 253 del tomo I de pruebas). 4.- En acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala tuvo por recibidas las actuaciones solicitadas a las autoridades señaladas en el punto que antecede y declaró concluidas las diligencias de investigación, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave (foja 311 del tomo I de pruebas). 5.- En resolución de veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala determinó que Alejandro López Alducín, Asistente de Causa del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala es probable responsable de cometer la siguiente conducta: Depuso de actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, pues del contenido del acta de entrega - recepción de quince de septiembre de dos mil veinte se advierte que la servidora pública, Prince Yuriani Serrano Portilla le hizo entrega de la causa judicial 81/2020 que le fue turnada el día once anterior con la instrucción del Administrador del Juzgado de entregar el oficio remitido por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala al Juzgado Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras para su acuerdo y se diera el seguimiento correspondiente, sin que diera cumplimiento a ello porque transcurrieron ocho días a partir de que recibió el oficio de referencia, sin que se dictara proveído para señalar día y hora para la audiencia inicial, pues dio cuenta de la ejecutoria de la segunda instancia hasta el veintidós de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, se concluyó que la conducta atribuida a Alejandro López Alducín es sancionable como falta administrativa no grave, de conformidad con el artículo 49, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (fojas 312 a 326 del tomo I de pruebas). 6.- Informe de presunta responsabilidad administrativa de uno de julio de dos mil veintiuno, rendido por el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en la que se determinó que respecto a Alejandro López Alducín, el quince de septiembre de dos mil veinte, la servidora pública Prince Yuriani Serrano Portilla le entregó la causa judicial 81/2020 con el oficio TSJ-SP-20-705 de la Secretaría de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes con la instrucción del Administrador del Juzgado de turnar el oficio y la causa judicial al Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, lo que hizo hasta el veintidós de septiembre de dos mil veinte, habiendo transcurrido ocho días sin que se emitiera el acuerdo para citar a audiencia inicial. De esta forma, se determinó que el referido servidor público ocasionó retardo en la causa judicial 81/2020, pues de acuerdo a la ejecutoria dictada por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, se debió señalar audiencia inicial de manera inmediata. En ese tenor, se estableció que de acuerdo a los artículos 117 y 118, fracciones IV y XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Alejandro López Alducín dejó de observar las fracciones I, V y VII del artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sancionable como falta administrativa no grave, conforme al numeral 49, fracción III, de la indicada Ley General. Por tanto, se ordenó remitir el expediente a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala para que de considerarlo procedente inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa contra el presunto responsable (fojas 327 a 345 del tomo I de pruebas). 7.- Oficio número 774/C/2021 de dos de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por el cual remitió al Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala el expediente relativo a la investigación de presunta responsabilidad administrativa 27/2020 con sus anexos (foja 346 del tomo I de pruebas). 8.- Acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el cual se tuvo por recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa remitido por el Contralor del Poder Judicial del Estado y ordenó radicar el expediente de responsabilidad administrativa 9/2021 respecto la conducta atribuida a Alejandro López Alducín; asimismo, se fijó fecha para la audiencia inicial y se ordenó el emplazamiento del referido servidor público (fojas 347 a 351 del tomo I de pruebas). 9.- Acta de emplazamiento realizada a Alejandro López Alducín el seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 353 del tomo I de pruebas). 10.- El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia inicial en el procedimiento de responsabilidad administrativa 9/2021 ante el Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a la cual compareció Alejandro López Alducín, quien fue asistido por el Defensor Público. De igual forma, el referido servidor público - aquí quejoso - declaró en relación a los hechos materia de investigación y ofreció pruebas, consistentes en las testimoniales de Mariana Morales Sánchez, María del Carmen Hernández Santiago y Jorge Luis Ramírez Pérez, así como la instrumental de actuaciones. Finalmente, en dicha audiencia el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala ratificó el informe de presunta responsabilidad administrativa y ofreció como pruebas las documentales que integran el expediente (fojas 751 a 759 del tomo I de pruebas). 11.- Acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el cual admitió las pruebas ofrecidas por Alejandro López Alducín y por el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y señaló fecha para su desahogo (fojas 762 vta. a 766 del tomo I de pruebas). 12.- El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno se desahogaron las testimoniales a cargo de Mariana Morales Sánchez, María del Carmen Hernández Santiago y Jorge Luis Ramírez Pérez ofrecidas por Alejandro López Alducín (fojas 779 a 795 del tomo II de pruebas). 13.- Oficio número SECJRH/1348/2021 de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala remitió al Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala copia certificada del expediente personal de Alejandro López Alducín (fojas 876 a 969 del tomo II de pruebas). 14.- Escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, por el cual el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala formuló alegatos (fojas 981 a 984 del tomo II de pruebas). 15.- Escrito de Alejandro López Alducín, por el cual formuló alegatos ante el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (fojas 985 a 990 del tomo II de pruebas). 16.- Acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el cual el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala ordenó remitir las actuaciones a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala para que se designe al Consejero Ponente para elaborar el proyecto de resolución respecto al procedimiento de responsabilidad administrativa instruido a Alejandro López Alducín (fojas 993 del tomo II de pruebas). 17.- Oficio número CJET/AS/148/2021 de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el cual remitió a la Secretaría Ejecutiva del propio Consejo copia certificada del procedimiento de responsabilidad administrativa 9/2021, a efecto de que designara Consejero ponente para que se elabore el proyecto de resolución respecto al procedimiento seguido a Alejandro López Alducín (foja 995 del tomo III de pruebas). 18.- Acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente y demás integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, por el cual se ordenó turnar los autos a la Doctora María García Espejel, Consejera de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, para que formulara el proyecto de resolución respecto al procedimiento de responsabilidad instruido a Alejandro López Alducín (fojas 996 y 997 del tomo III de pruebas). 19.- Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, Alejandro López Alducín solicitó a los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala se decretara la caducidad de la instancia, esto al no haberse dictado la resolución respectiva dentro de los términos que marcan los artículos 74, párrafos quinto y sexto, y 208, fracciones IX y X, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (fojas 7 y 8 del tomo IV de pruebas). 20.- El quince de febrero de dos mil veintitrés, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, así como el resto de los integrantes del referido Consejo, dictaron la resolución correspondiente en el procedimiento de responsabilidad administrativa 9/2021, en la cual resolvieron que fue procedente el trámite de dicho procedimiento instruido contra Alejandro López Alducín, en su carácter de Asistente de Causa adscrito al Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y se determinó imponerle una sanción consistente en la suspensión de cinco días naturales de su empleo sin goce de sueldo o cualquier otro emolumento derivado de la actividad del cargo que desempeña (fojas 11 a 44 del tomo IV de pruebas). 21.- Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, Alejandro López Alducín, interpuso recurso de revocación ante los Consejeros de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, contra la resolución de quince de febrero del mismo año (fojas 46 a 55 del tomo IV de pruebas). 22.- El dos de junio de dos mil veintitrés, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, así como el resto de los integrantes del referido Consejo, resolvieron el referido recurso de revocación, en el sentido de declararlo infundado y confirmaron la determinación de quince de febrero de dos mil veintitrés (fojas 58 a 63 del tomo IV de pruebas). Esta resolución es la que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado y habiendo narrado los antecedentes de la resolución combatida, se impone analizar las causas de improcedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que esta juzgadora lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado (fojas 23 a 27), considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracciones XIV y XX, de la Ley de Amparo, al considerar que el quejoso no agotó el principio de definitividad. La causa de improcedencia de referencia es infundada, toda vez que las referidas fracciones del indicado dispositivo legal establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." La indicada autoridad responsable sostiene que en el caso se actualizan dichas causales de improcedencia, toda vez considera que el quejoso Alejandro López Alducín, en sus conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, aduce que el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala carece de competencia para investigar faltas administrativas. De esta forma, la responsable considera que el quejoso no agotó el principio de definitividad, pues tal argumento no lo hizo valer en el recurso de revocación que interpuso contra la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, por lo cual estima que el impetrante consintió el acto reclamado. Dicha causal de improcedencia, es desestimada por la suscrita resolutora, toda vez que los argumentos que vierte la autoridad responsable atañen a motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso dentro de sus conceptos de violación. Esto es, al hacer valer la indicada causal de improcedencia, la responsable en realidad está controvirtiendo las argumentaciones del quejoso que tienen que ver con el estudio de fondo del asunto, dado que el impetrante cuestiona en esta instancia constitucional la ilegalidad de la resolución dictada en el recurso de revocación, la cual considera deriva de una investigación realizada por una autoridad que carece de facultades para ello; de ahí que se trate de un tema relacionado con el estudio de fondo y, por tanto, la causal de improcedencia hecha valer debe desestimarse. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 187973 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 135/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." No existiendo diversa causal de improcedencia que se haga valer, ni que se advierta de oficio, lo procedente será analizar los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. SEXTO. Estudio de fondo. En este apartado se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, consistente en la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación que confirmó la determinación dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa 9/2021, en el cual se impuso al quejoso la sanción de suspensión de cinco días naturales de su empleo sin goce de sueldo o emolumento. El quejoso Alejandro López Alducín formuló los conceptos de violación que se sintetizan en los siguientes puntos: 1.- Sostiene que el acto reclamado viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el derecho al debido proceso, toda vez que se emitió en contravención a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, toda vez que considera que el Contralor del Poder Judicial local, designado como órgano investigador, carece de facultades para actuar bajo esa función, de conformidad con el artículo 3º, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues conforme a este numeral, dicha función corresponde a un órgano de control interno. 2.- Considera que existe una laguna legislativa en el Estado de Tlaxcala, pues para el caso de la investigación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, la Ley Orgánica de dicho Poder no establece que el Contralor cuente con facultades de investigación, pues en todo caso ello corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, por lo cual todo el procedimiento instaurado en su contra se llevó fuera de los supuestos legales. 3.- Estima que la resolución reclamada, al declarar infundados los agravios hechos valer, vulnera la garantía de legalidad por no estar motivada, aunado a que en su emisión se controvirtió el principio de presunción de inocencia, contenido en el artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues considera que no se le debió declarar responsable hasta que se desvirtuara su inocencia y que la carga de la prueba le correspondía a la autoridad investigadora. 4.- Sostiene que los perjuicios ocasionados a la administración de justicia no le son imputables, sino que se acreditó que las causas de ello se dieron por no contar con las herramientas eficaces y necesarias para desarrollar su función, aunado a que el órgano jurisdiccional de su adscripción no contaba con condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, como se acredita con las pruebas que al efecto obran en el expediente de origen. Son inoperantes, por una parte, e infundados en otra, los conceptos de violación hechos valer por el quejoso Alejandro López Alducín, los cuales se estudian bajo el principio de estricto derecho, toda vez que en el caso no se actualiza alguna de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la deficiencia de la queja. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro y texto los siguientes: "Registro digital: 2013378 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 190/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 705 Tipo: Jurisprudencia "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." En los conceptos de violación señalados con los puntos 1 y 2, el quejoso afirma que se violó el derecho al debido proceso porque el Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala carece de facultades para investigar responsabilidades administrativas de los servidores públicos y aduce que esa facultad, en todo caso, corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura local. Los referidos motivos de inconformidad son inoperantes y para sostener lo anterior debe considerarse lo siguiente: Como ya se precisó en esta sentencia, el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación que confirmó la determinación emitida en el procedimiento instaurado contra el ahora quejoso, en el cual se le impuso como sanción la suspensión de cinco días naturales de su empleo sin goce de sueldo o emolumento. Contra dicha determinación, Alejandro López Alducín interpuso recurso de revocación, de conformidad con el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el cual hizo valer como agravios los que obran en el respectivo ocurso (fojas 46 a 55 del tomo IV de pruebas). De esta forma, lo inoperante de los conceptos de violación planteados en esta instancia constitucional radica en que tales motivos de inconformidad son novedosos, toda vez que el ahora quejoso no los hizo valer como agravios en el recurso de revocación interpuesto en el procedimiento administrativo de origen. Se afirma lo anterior porque del análisis al escrito por el que se interpuso el indicado medio de impugnación contra la resolución en donde el ahora quejoso fue sancionado en la vía administrativa, no se aprecia que se haya inconformado con el actuar del Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, al no haber planteado como agravio la incompetencia a la que alude para que dicho Contralor realizara la investigación de la responsabilidad administrativa atribuida. En tal virtud, no es dable para la suscrita juzgadora analizar el tema debatido por el quejoso, dado que la autoridad responsable para la emisión del acto reclamado, es decir, para confirmar la resolución objeto del medio de impugnación, no se ocupó del aspecto en mención por no haber sido planteado en los agravios materia del recurso de revocación. Encuentra sustento a lo anterior, la tesis: I.7o.A.314 A del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 181184 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.314 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 1697 Tipo: Aislada "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO INDIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN CUESTIONES NO PLANTEADAS ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Si la parte quejosa reclama en un juicio de amparo indirecto la inconstitucionalidad de un acto de autoridad administrativa, y en sus conceptos de violación argumenta cuestiones que no propuso ante aquélla y, por ende, no hubo pronunciamiento al respecto en la determinación combatida, dichos conceptos de violación son inoperantes por constituir su estudio, por parte de un órgano del Poder Judicial Federal, la sustitución de la autoridad administrativa, dejándola en estado de indefensión al no permitírsele resolver sobre una cuestión que, por ley, es de su competencia." Por lo que se refiere al concepto de violación sintetizado en el punto 3, el quejoso afirma que la resolución reclamada, en la cual se declararon infundados los agravios que hizo valer en el recurso de revocación, viola la garantía de legalidad por no estar motivada. No asiste la razón al quejoso, en virtud que del análisis efectuado por esta autoridad judicial a la resolución que aquí se combate, se advierte que los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, sí emitieron su fallo de forma motivada, pues para confirmar la determinación impugnada atendieron a todos y cada uno de los agravios planteados por Alejandro López Alducín y expusieron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomaron en consideración para la emisión de la resolución en que confirmaron la resolución recurrida. Esto es así, dado que para desestimar los motivos de inconformidad planteados en la instancia recursiva y confirmar la resolución impugnada, la autoridad responsable tomó en consideración los siguientes medios de prueba: 1.- Copia auténtica de la causa judicial 81/2020, respecto de la cual se dijo en la resolución reclamada que de dicha prueba se desprende que el oficio proveniente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala se turnó al Juzgado Séptimo de Control y de Juicio Oral hasta el veintidós de septiembre de dos mil veinte. 2.- Acta de entrega - recepción de quince de septiembre de dos mil veinte efectuada entre la servidora pública Prince Yuriani Serrano Portilla y Alejandro López Alducín, en torno de la cual la responsable expuso que de ella se advierte que en esa fecha, el segundo de los nombrados recibió la causa penal 81/2020. 3.- Copia auténtica de la libreta de turno de promociones y del libro digital de turno, de las que la responsable obtuvo que el once de septiembre de dos mil veinte se recibió en el Juzgado de Control de Sánchez Piedras el oficio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el cual se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en la causa judicial 81/2020 y se repuso el procedimiento a partir de la audiencia de control de detención celebrada el uno de abril de dos mil veinte, el cual fue turnado por Alejandro López Alducín al Juez de Control hasta el veintidós de septiembre de dos mil veinte. Con base en las anteriores pruebas, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala optaron por confirmar la resolución recurrida, pues consideraron que Alejandro López Alducín no cumplió con su obligación de turnar dentro del plazo legal el oficio proveniente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala al Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, por el cual se remitió el testimonio de la ejecutoria dictada en el que se ordenó reponer el procedimiento en la causa judicial mencionada a partir de la audiencia inicial. Además, en el acto reclamado se estableció que el actuar del ahora quejoso implicó que no se citara a la audiencia inicial conforme al artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fue hasta el veintidós de septiembre de dos mil veinte en que el quejoso turnó al juzgador penal el oficio correspondiente para que se proveyera lo conducente. También en la resolución reclamada se determinó confirmar la resolución impugnada tras valorar las pruebas de descargo ofrecidas por el servidor público, concretamente su declaración y las testimoniales de Mariana Morales Sánchez, María del Carmen Hernández Santiago y Jorge Luis Ramírez Pérez, las cuales fueron desestimadas en el recurso de revocación, pues cómo más adelante se detallará en esta sentencia, se conviene con la responsable en el sentido que de ellas no se desprende dato alguno que justifique que Alejandro López Alducín haya dado cuenta al Juez de Control de manera tardía con el oficio remitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. De esta manera, la suscrita juzgadora concluye, adversamente a lo expuesto por el quejoso, que la autoridad responsable actuó con apego a la legalidad al confirmar la resolución en la que se le impuso la sanción de suspensión de cinco días naturales en su empleo sin goce de sueldo; de ahí que resulte infundado el concepto de violación esgrimido por el impetrante en el sentido de que tal determinación no se encuentra motivada, pues según se ha visto, la responsable expuso las razones y circunstancias que la llevaron a concluir como lo hizo, para lo cual atendió a los agravios propuestos por el inconforme. En el mismo concepto de violación, el promovente del amparo aduce que en la emisión de la resolución combatida se controvirtió el principio de presunción de inocencia que establece el artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues considera que no se le debió declarar responsable hasta que se desvirtuara su inocencia y que la carga de la prueba le correspondía a la autoridad investigadora. Tal motivo de disenso es igualmente infundado, en virtud que de la resolución que aquí se estudia no se advierte que la autoridad emisora del acto reclamado hubiera realizado algún pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad administrativa en la que incurrió el quejoso, pues fue hasta que estudió los agravios propuestos en que determinó confirmar la determinación recurrida. Aunado a ello, de la resolución reclamada tampoco se advierte que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia respecto a la carga de la prueba, toda vez que la autoridad responsable basó su decisión de confirmar la determinación impugnada con base en las pruebas aportadas por la instancia investigadora, a quien correspondió probar la conducta desplegada por el servidor público. Además, tampoco asiste la razón al impetrante porque la autoridad responsable, para emitir el acto reclamado, no realizó consideración alguna en la que se refiera que al ahora quejoso le correspondía probar su inocencia; por consiguiente, la suscrita Juez no advierte vulneración al principio aludido, por lo debe concluirse que la determinación que aquí se estudia se dictó con apego a lo establecido en el artículo 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En su último concepto de violación, el quejoso afirma que los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala confirmaron la resolución recurrida y desestimaron sus agravios sin considerar que el retardo en la administración de justicia que se produjo no le es imputable, pues aduce que ello fue derivado de que no contaba con las herramientas eficaces y necesarias para desarrollar su función, aunado a que el órgano jurisdiccional de su adscripción no contaba con condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones. Lo anterior es igualmente infundado, en razón que el quejoso, al formular sus agravios dentro del recurso de revocación que interpuso, pretendió demostrar su postura con base a las pruebas que ofreció durante la tramitación del procedimiento administrativo, siendo las siguientes: 1.- La declaración del propio Alejandro López Alducín rendida el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno ante el Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en la que en presencia del Defensor Público, expuso en síntesis que el quince de septiembre de dos mil veinte se realizó el acta de entrega - recepción con la Licenciada Prince Yuriani Serrano Portilla, en la cual a él se le entregaron aproximadamente sesenta y cuatro expedientes que la antes nombrada tenía pendientes de dar trámite, entre los cuales se encontraba la causa penal 81/2020, sin que a él se le informara sobre los asuntos que requerían de algún trámite urgente, toda vez que la antes nombrada no estuvo presente en el acta de entrega, sino que sólo indicó al personal de Contraloría los asuntos que iba a entregar y ella sólo acudió a firmar el acta. Continúa diciendo Alejandro López Alducín en dicha declaración que el veintidós de septiembre de dos mil veinte le fue turnado un escrito del Defensor del imputado en la causa judicial 81/2020, en el cual solicitaba la libertad de su asistido porque estaba detenido de manera ilegal porque el día nueve de los referidos mes y año, la Sala Penal mandó reponer el procedimiento y ordenó se llevara a cabo la audiencia inicial. Atento a ello, procedió a dar cuenta al Licenciado Jorge Luis Ramírez Pérez, Administrador del Juzgado, quien lo instruyó para que ubicara la causa penal porque ya le había dado indicaciones a la Licenciada Prince Yuriani para que dictara el acuerdo correspondiente sobre la promoción recibida el once de septiembre de dos mil veinte y que le diera cuenta al Juez Alfonso González Martínez. Sigue diciendo en su declaración el ahora quejoso que procedió a ubicar la causa entre los asuntos que le dio la Licenciada Prince Yuriani y le comentó al Administrador que no se había acordado el oficio al que se anexó la resolución de la Sala Penal, por lo cual recibió la indicación de dictar de inmediato el acuerdo respectivo y el Juez Alfonso González Martínez le indicó que la audiencia inicial se programara para el día veintitrés de septiembre de dos mil veinte, lo cual así hizo. Agrega que al momento en que se presentó dicha situación, el declarante revisó la libreta con la que se turnó la causa judicial y observó que el once de septiembre de dos mil veinte, la causa judicial fue recibida el once de septiembre de dos mil veinte por la Licenciada Prince Yuriani y lo firmó de recibido, por lo cual la promoción que le fue turnada a dicha servidora pública la debió haber acordado ella de manera inmediata. Se añade en dicha declaración que al momento en que al deponente le fue turnada la causa judicial, esto el quince de septiembre de dos mil veinte, el término establecido en ley para celebrar la audiencia inicial ya había fenecido, aunado a que durante el mes de septiembre de dos mil veinte existió un fallo en el sistema de servicio de energía eléctrica en el edificio que ocupa la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, por lo cual laboraban en una sede alterna donde se ubicaba el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, lo que motivó que la forma de trabajo no fuera la óptima que requiere un Asistente de Causa, sumado a la carga de trabajo, además de que a él no se le dio ninguna indicación en relación al acuerdo que se debía dictar en la causa judicial 81/2020 (fojas 751 a 755 del tomo I de pruebas). 2.- Testimonial de Mariana Morales Sánchez, rendida el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, quien a preguntas que le fueron formuladas respondió en lo conducente: Que es compañera de Alejandro López Alducín, quien a partir del quince de septiembre de dos mil veinte se hizo cargo de las causas judiciales nones del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y ella era la encargada de los expedientes pares; que cuando a Alejandro López Alducín se le entregaron sus expedientes, la Licenciada Prince Yuriani Serrano Portilla ya fungía como oficial de partes del Juzgado Penal de dicho Distrito Judicial, por lo cual se fue a atender la oficialía y los compañeros de Contraloría levantaron el acta de entrega y la Licenciada Prince sólo llegó a firmar y no estuvo presente, además que no le indicó a Alejandro López Alducín que en los asuntos que entregaba debía acordarse algo urgente, lo cual la declarante sabe y le consta porque estaban trabajando en las instalaciones de los Juzgados Penales tradicionales en una oficina de la Secretaría de Acuerdos de aproximadamente tres por cuatro metros y eran cuatro personas, que por eso escuchaban todo lo que pasaba y que estaban ahí porque se había quemado el transformador que da energía eléctrica a la casa de Justicia, además de que no tenían material ni computadoras, sólo lo necesario para realizar los trabajos mínimos y básicos porque les quitaban la luz a las cuatro o cinco de la tarde (fojas 780 a 783 del tomo II de pruebas). 3.- Testimonial de María del Carmen Hernández Santiago, rendida el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, quien a preguntas que le fueron formuladas respondió en lo conducente: Que es compañera de Alejandro López Alducín, quien a partir del quince de septiembre de dos mil veinte se hizo cargo de las causas judiciales nones y ella era Auxiliar Administrativo en funciones de mecanógrafa de los Asistentes de Causa; que la Licenciada Prince Yuriani Serrano Portilla le hizo entrega a Alejandro López Alducín de las causas judiciales; que la antes nombrada no estuvo presente porque el día previo le informaron de su cambio y preparó las causas que tenía pendientes; que al día siguiente, esto es, el quince de septiembre de dos mil veinte, la referida Licenciada esperó al personal de Contraloría, les indicó qué era lo que iba a entregar y ella se retiró porque manifestó que ya estaba en funciones en la Oficialía de Partes del Juzgado Penal del Sistema Tradicional y no estuvo todo el día y que cuando concluyeron la mandaron llamar para que firmara; que la Licenciada Prince Yuriani Serrano Portilla no le hizo del conocimiento a Alejandro López Alducín que en los asuntos que entregaba había algún expediente que tuviera que acordarse de manera urgente porque la antes nombrada no estuvo presente durante todo el proceso, únicamente estuvo por la mañana cuando llegó Contraloría y después cuando fue a firmar por la tarde; que la entrega - recepción se realizó en las instalaciones del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, específicamente en el cubículo que ocupaba el Secretario de Acuerdos; que se encontraban en ese lugar porque el edificio del Juzgado de Control o de Casa de Justicia se quedó sin suministro de energía eléctrica, por lo cual habilitaron las instalaciones del extinto Juzgado Segundo Penal para que ahí realizaran sus labores y que en ese lugar no existían las condiciones idóneas para desarrollar el trabajo que realizan los asistentes de causa porque incluso compartían impresora y los equipos de cómputo (fojas 787 a 789 del tomo II de pruebas). 4.- Testimonial de Jorge Luis Ramírez Pérez, rendida el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, quien a preguntas que le fueron formuladas respondió en lo conducente: Que el declarante era Administrador del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y a partir del quince de septiembre de dos mil veinte, Alejandro López Alducín, como Asistente de Causas, se hizo cargo de las causas judiciales nones; que la Licenciada Prince Yuriani Serrano Portilla le entregó dichos asuntos, que llegó el personal de Contraloría y procedieron a levantar el acta correspondiente, que la antes nombrada no estuvo presente, únicamente al inicio y presentó los expedientes que tenía por acordar; que posteriormente se retiró al Juzgado de su nueva adscripción y regresó al final de la diligencia de la entrega - recepción a firmar el acta correspondiente; que la Licenciada Prince Yuriani Serrano Portilla no hizo del conocimiento del declarante o de Alejandro López Alducín que entre los asuntos que dejaba tuviera que acordarse algo urgente, pues los expedientes los dejó de manera genérica; que en el acta de entrega se asentaron sesenta y tres asuntos; que el mismo día que llegó la promoción que contenía la resolución de la Sala Penal que ordenaba la reposición del procedimiento en la causa judicial 81/2020, se le turnó a la Licenciada Prince Yuriani Serrano Portilla, a quien el declarante le dio la indicación de dictar el acuerdo correspondiente, lo cual debió hacer de manera inmediata; que la indicación a Alejandro López Alducín para dictar acuerdo en la referida causa judicial, se la dio el declarante cuando la defensa del imputado solicitó su libertad, por lo cual le indicó que le diera cuenta al Juez de Control Alfonso González Martínez, quien señaló la audiencia para el día siguiente; que la entrega - recepción de asuntos entre Prince Yuriani Serrano Portilla y Alejandro López Alducín se efectuó en las instalaciones que ocupa el extinto Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, pues hubo una falla en la energía eléctrica que se prolongó todo el mes de septiembre de dos mil veinte, lo que impedía usar cualquier equipo de cómputo en Casa de Justicia y las Salas de Audiencia, sin que existieran las condiciones idóneas para desarrollar el trabajo de los Asistentes de Causas, pues las instalaciones de alguna manera estaban improvisadas, no contaban con equipo de cómputo suficiente e incluso el personal compartía las pocas computadoras que había, aunado a la carga de trabajo que impedía el curso normal de las labores tradicionales (fojas 792 a 795 del tomo II del cuaderno de pruebas). Como se indicó en párrafos precedentes, el quejoso argumenta en esta instancia constitucional que sus agravios fueron indebidamente desestimados por la responsable, dado que considera que con las anteriores pruebas se acredita que no le es imputable lo ocurrido en la causa judicial 81/2020 porque cuando recibió dicho expediente no se le informó que en dicho asunto existiera un acuerdo de trámite urgente pendiente de atender y en la época de los hechos no existían condiciones adecuadas para realizar su labor, todo lo cual estima que no fue tomado en cuenta al resolverse el recurso de revocación. Tal concepto de violación es infundado, toda vez que de manera acertada, los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala consideraron que la versión defensiva del servidor público - ahora quejoso - es ineficaz para desvirtuar la conducta que se le atribuye generadora de causa de responsabilidad administrativa. Para concluir de esa manera, en la resolución reclamada se sostuvo que dentro del proceso de entrega - recepción, el servidor público, en su carácter de Asistente de Causa del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, estaba obligado a revisar su contenido e informar a la autoridad correspondiente las anomalías que al efecto encontrara. Tal consideración fue debidamente fundamentada por la autoridad responsable en los artículos 6º y 19, fracción VI, de la Ley de Entrega - Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. El indicado argumento contenido en la resolución reclamada, a juicio de la suscrita Juez se estima jurídicamente correcto, pues la referida legislación es aplicable al caso concreto, de conformidad con su artículo 1º, en el que se establece que dicho ordenamiento tiene por objeto determinar la obligación de los servidores públicos que administren fondos, bienes y valores, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos públicos autónomos; y de los municipios, de entregar a quienes los sustituyan en su empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia y todos los recursos bajo su responsabilidad; y en general toda la documentación e información que se haya generado durante su encargo, tanto en archivos documentales como magnéticos, debidamente ordenada y clasificada. En ese tenor, se comparte la decisión de la autoridad responsable en confirmar la resolución recurrida, dado que como bien lo consideró, el ahora quejoso, desde el momento en que recibió la causa judicial 81/2020, estaba obligado a verificar su estado procesal para determinar si estaba o no debidamente integrada o si se encontraba pendiente de acuerdo alguna promoción para que le diera el trámite respectivo en el término legal, sin que para ello fuera necesario que el servidor público saliente, en este caso la la Licenciada Prince Yuriani Serrano Portilla, o el Administrador del Juzgado, le informaran que en ese proceso estaba pendiente el acuerdo de la ejecutoria dictada en segunda instancia en el que se mandó reponer el procedimiento y se ordenó celebrar la audiencia inicial. Por otra parte, tampoco asiste la razón al quejoso cuando aduce que al recibir el indicado asunto, el órgano jurisdiccional de su adscripción no estaba en condiciones óptimas para desarrollar su labor y que no contaba con las herramientas eficaces y necesarias para ello. Dicho aspecto fue valorado por la autoridad responsable en la resolución reclamada, en torno a lo cual consideró que las circunstancias aludidas sobre las condiciones del centro de trabajo no lo eximían de tomar las medidas necesarias para cumplir con los plazos establecidos por la ley, aunado a que no se justificó que esas circunstancias impidieran que realizara el acuerdo respectivo en la causa judicial 81/2020. Lo anterior se considera acertado por parte de esta autoridad judicial, toda vez que si bien en el procedimiento administrativo se desahogaron las testimoniales de diversos servidores públicos que laboraron en el órgano jurisdiccional donde el ahora quejoso contaba con el cargo de Asistente de Causa y refirieron que sus actividades las realizaban en diversa oficina que ocupaba un juzgado penal del sistema tradicional debido a una falla en el suministro de energía eléctrica, lo cierto es que del procedimiento de origen no se advierte que tales circunstancias impidieran que el ahora quejoso revisara y estudiara el expediente relativo a la causa judicial 81/2020. Esto es así, en razón que para proceder al análisis de las actuaciones no le era necesario contar con mayores herramientas o equipo de cómputo, pues bastaba estudiar el expediente e imponerse de los autos para advertir que estaba pendiente de acordarse la promoción relativa a la ejecutoria del tribunal de alzada en el que se mandó reponer el procedimiento en la causa judicial y se ordenó señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia inicial. Por tanto, se coincide con la autoridad responsable en el aspecto atinente a que Alejandro López Alducín incurrió en responsabilidad administrativa, pues pese a que desde el día quince de septiembre de dos mil veinte le fue entregado el expediente relativo a la causa judicial 81/2020, fue hasta el día veintidós siguiente que procedió a dar cuenta con la ejecutoria dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, ello con motivo de que el Defensor del imputado presentó una promoción solicitando la libertad de su asistido, lo que denota que como servidor público no actuó de forma diligente en el trámite del referido asunto; de ahí que haya sido acertado que la autoridad responsable desestimara sus agravios y confirmara la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación hechos valor por el quejoso y no advertirse violación de derechos fundamentales, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro López Alducín, conforme a lo razonado en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese vía electrónica al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, el día de hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está señalada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, acordado en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito con expresión de agravios y en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, remítase en su oportunidad el juicio de amparo en que se actúa; escrito con expresión de agravios y una copia para la representación social adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Con copia del escrito de agravios y las constancias conducentes fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la quejosa ********************; por lista a la tercera interesada ********************vía electrónica a los terceros interesados José Alberto Mora Mora y Juana Mora Mora, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.***

  4. Incidental

    se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se concede al quejoso Alejandro López Alducín la suspensión definitiva, en términos del considerando quinto de esta determinación. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente resolución, deberá tomarse en cuenta que la parte quejosa, no manifestó oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.

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