Alejandro Llera Muñoz
Expediente 457/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alejandro Llera Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Por lo tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que las autoridades responsables acataron la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que las mismas no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de un dispositivo, se aprecia que la sala responsable, en primer lugar, dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, emitió otra en la que estimó inconducente requerir de pago al quejoso de la cantidad de *****, correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del finiquito obtenido por el inconforme de las empresas para las que laboraba y por concepto de pensión alimenticia y en consecuencia apercibirle con la imposición de una multa, ya que de las constancias que obran en autos se advierte que existen depósitos en favor de la tercera interesada que incluso rebasan el monto reclamado en la controversia natural. Por su parte, el juez natural, como ya se dijo, se adhirió a lo manifestado por el tribunal de alzada en cuanto a dicho cumplimiento. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con los oficios citados y las constancias remitidas, acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." Hágase del conocimiento de las partes lo antes expuesto, para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el numeral 196 del citado ordenamiento, archívese el presente como asunto concluido. En otro orden de ideas, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que el expediente principal se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en este asunto, se otorgó la protección constitucional solicitada; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable. Lo anterior, en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso el auto de 12 de agosto de 2022.
- Principal
Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, así como a la tercera interesada para que en el plazo de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga en cuanto al cumplimiento dado por las autoridades responsables; en la inteligencia de que agotado el plazo para ello, se determinará lo que corresponda. Notifíquese personalmente al quejoso, así como a la tercera interesada y por lista a las demás partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual comunica las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia protectora, por lo que solicita una prórroga para tal efecto. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de tres días más a efecto de que acate lo ordenado por este órgano jurisdiccional, término que comenzará a computarse a partir de que surta efectos la notificación de este proveído. Dígase a dicha autoridad, que subsiste el apercibimiento decretado en auto de catorce de junio del año en curso para el caso de desacato. Notifíquese por oficio a la sala responsable y por lista a las demás partes.
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