Alejandro Leonel Hernandez Beltran

Expediente 1269/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1269/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Leonel Hernandez Beltran

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de enero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1269/2021. Puebla, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe , contra actos del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución DESECHAMIENTO. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: ".Omisión a dar contestación a la petición ." Acto respecto del cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX de La Ley de Amparo, que en su parte conducente dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:[.]XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;[.]" Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XIX del artículo 61 antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que el juicio de amparo resulta improcedente cuando exista un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso tramitándose ante los tribunales ordinarios, ello en virtud de que éstos pueden tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto que en esta vía se combate En el caso, es la causal de improcedencia que se considera se actualiza, ello en razón de que de los antecedentes del acto reclamado que fueron narrados por el propio quejoso -los cuales constituyen una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- se advierte que, el trece de diciembre del año en curso, interpuso recurso de queja ante la propia autoridad responsable, por no haber recaído respuesta alguna a sus peticiones contenidas en el escrito presentado el seis de diciembre del actual, consistentes en: ". se revoque todo nombramiento de defensor realizado con anterioridad, nombrando en este acto como mi nuevo defensor particular a la Licenciada , señalando como datos para efectos de notificación el correo electrónico *, así mismo en atención al estado que guarda la causa penal en que se actúa y a que no ha sido señalada audiencia intermedia , solicito se reencause el procedimiento y se señale día y hora para tal efecto, renunciando a ser juzgado a través del procedimiento abreviado, tomando en consideración que el acusado de referencia guardo prisión preventiva desde el mes de marzo de 2021, manifestaciones que se realizan para los fines jurídicos procedentes Entonces, como se ve, en realidad el acto aquí reclamado, ya fue impugnado con antelación a la interposición del presente juicio de amparo, a través de un medio ordinario de defensa, a saber, el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por esa razón que se llega a la conclusión que se actualiza la causal de improcedencia referida, pues la resolución que en su caso se emita dentro del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en su caso, podría tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto que en esta vía se combate. Además, con independencia de lo anterior, también se advierte que la omisión reclamada en la demanda inicial no es de aquellos actos considerados como de imposible reparación, en virtud de que se está ante la presencia de una violación de carácter procesal, la cual únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo.Así se afirma, pues el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución General de la República,prevé:"Artículo 107. El amparo indirecto procede:[.]III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá;[.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. [.]" Del precepto anterior se obtiene, una de las hipótesis legales en la cual se actualiza la procedencia del juicio de amparo indirecto, es contra aquellos actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten derechos fundamentales del gobernado de índole sustantiva. Hecha esa precisión, es menester aclarar que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo biinstancial, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese tenor, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos' afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza material de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de formal o adjetiva. Por tanto, dado que el justiciable se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Además, el acto reclamado no vulnera ningún derecho sustantivo del peticionario del amparo, pues no estamos ante una paralización total del procedimiento de origen que genere vulneración a su derecho al debido proceso, toda vez que las peticiones hechas por él fueron presentadas hace aproximadamente once días naturales, por tanto, se estima, que aún no ha transcurrido un plazo en exceso para darles respuesta. De ahí que, también se considere actualizada la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII4, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada, pues se actualizan las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. La parte quejosa señala su deseo de recibir notificaciones vía electrónica, por tanto todas las notificaciones personales se le harán bajo dicha vía. Además, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, la persona de nombre Alejandra Villegas Rodríguez, porque así lo solicita el quejoso y la cédula profesional de ésta se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. , es procedente la autorización para consultar el expediente electrónico y que se le realicen las notificaciones vía electrónica, porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo este contexto, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación del presente asunto, permita el acceso para consulta electrónica de este expediente y las notificaciones personales por la misma vía al usuario " " el cual fue reconocido por el referido sistema. Además, se ordena a los actuarios judiciales que las ulteriores notificaciones personales ordenadas para la parte quejosa se realicen de manera electrónica, a través del usuario antes citado. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase.

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