Alejandro León Solis
Expediente 615/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alejandro León Solis
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el cuatro de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
AVISO.Chetumal, Quintana Roo, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Esau Daniel Alvarado Vázquez, en nombre de Alejandro León Solís, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez de Control Penal Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otras autoridades; se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 615/2017. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El precepto legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, el promovente como acto reclamado hizo valer lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. DE LAS ORDENADORAS RECLAMO: Reclamo la orden de detención y aprehensión supuestamente girada en mi contra. DE LAS EJECUTORAS RECLAMO: El cumplimiento que pretenden dar a dicha orden." Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado señaló lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, expongo los siguientes [.] Con fecha uno de Septiembre de los corrientes el que suscribe se enteró de las pretensiones de la autoridades señaladas como ordenadoras, a través de mis familiares ya que personal que dijo pertenecer a la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado, específicamente del Grupo de Aprehensiones, se ha apersonado a mi domicilio y sin identificarse manifestaron que tenían instrucciones de hacer algunos cuestionamientos personales relacionados con un supuesto delito y que iban a cumplir la orden de aprehensión dictada por el Juez de lo Penal en mi contra. Al enterarme de tal situación les participe que no he tenido injerencia alguna en hechos delictuosos de tal naturaleza, por lo que me negué a acompañarlos. [.]." De lo antes transcrito se tiene que se pretende reclamar como actos reclamados la orden de detención o aprehensión dictada por alguna de las autoridades que señaló como responsables ordenadoras y su ejecución, empero, del análisis integral de la demanda se desprende que el directo quejoso no se encuentra privado de su libertad personal, pues incluso señaló haberse negado a acompañar a las personas que pretendían detenerlo; asimismo, de la lectura del escrito que nos ocupa, no es posible advertir el carácter con el que Esau Daniel Alvarado Vázquez acude a solicitar amparo a nombre y representación de Alejandro León Solís. Por lo que, en el caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 14, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." [Énfasis añadido]. Aclarado lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de referencia respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de detención o aprehensión dictada contra el quejoso y su ejecución, por ser notoria e indudablemente improcedente, puesto que se estima que el promovente del amparo carece de legitimación procesal activa para promover la presente demanda de amparo en nombre y representación de la persona que señala, toda vez que fue omiso en señalar el carácter con el que acude a solicitar la protección de la justicia federal. En primer lugar de conformidad con los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6º de la Ley de Amparo y que constituye uno de los principios básicos del juicio constitucional, el juicio de amparo siempre se sigue a instancia de parte agraviada, el cual, tiene tres hipótesis de excepción, a saber: a) por medio de representante, acreditando debida y legalmente su personalidad -artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo-; b) por conducto de defensor, en materia penal -artículo 14 de la Ley de Amparo-; y, c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo -artículo 15 de la Ley de Amparo-. En la inteligencia, de que las anteriores hipótesis son las únicas excepciones que se tienen para promover el juicio de amparo, en representación del directo quejoso, esto es, por su representante legal o por su defensor, o en su caso por cualquier persona cuando se trata de algunos de los prohibidos por el 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo. Ahora, si bien es cierto que el presente asunto se encuentra dentro de las hipótesis que prevén y desarrollan los artículos 6 y 14 puesto que, el primero de dichos dispositivos legales establece la posibilidad de que la demanda de amparo la promueva el quejoso por conducto de su defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal, mientras que el diverso numeral 14 del señalado ordenamiento legal establece que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. Empero, en el presente caso únicamente se configura el supuesto de que se trate de un amparo indirecto en materia penal, no así las hipótesis relacionadas con la representación en los juicios de amparo en ese tópico, ya que del análisis del escrito de demanda se advierte que el promovente es omiso en precisar la calidad con el que acude a solicitar la protección de la justicia federal a nombre y representación de Alejandro León Solís, y, en su caso, manifestar, bajo protesta de decir verdad, tener el carácter de defensor del directo quejoso. De ahí que en la realidad el asunto que nos ocupa no encuadra en el supuesto de excepción al principio de parte agraviada previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que Esau Daniel Alvarado Vázquez carece de legitimación para acudir ante esta instancia constitucional a promover demanda de amparo en nombre y representación de Alejandro León Solís, ya que en el caso no se configuran los supuestos que establecen los artículos 6 y 14 de la Ley de Amparo, pues del ocurso de demanda no se advierte dato alguno del cual pueda válidamente inferirse que el citado Esau Daniel Alvarado Vázquez, tenga el carácter de defensor del directo agraviado. En consecuencia, dado el acto que se reclama, es indudable que el promovente Esau Daniel Alvarado Vázquez, carece de legitimación procesal activa para hacerlo y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia. Al respecto tiene aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis visible en la página 272, del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.". [Énfasis añadido]. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2076, Tomo: LXXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido: "AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO. El artículo 17 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, previene que cuando se trata de actos que importen ataques a la libertad individual, fuera de procedimiento judicial, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona a su nombre, pero si se reclama un auto de formal prisión, esto hace presumir que existe un procedimiento judicial abierto en contra del quejoso, por lo que no se está en el caso del precepto citado, y si el que promueve el amparo no alega tener el carácter de defensor, debe desecharse la demanda que promueva." Por otra parte, es aplicable a contrario sensu, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 216, Tomo: II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. DEBE ADMITIRSE CUANDO QUIEN LA PROMUEVE LO HACE POR ESTAR IMPOSIBILITADO EL QUEJOSO. Cuando de la demanda de garantías se desprende que la promovente aduce que en nombre de su cónyuge interpone la acción de amparo, fundándose en el hecho de que había sido trasladado a otro reclusorio; ello implica que el afectado estaba materialmente imposibilitado para interponer en forma personal el juicio de amparo, por lo que de acuerdo con el artículo 17 de la ley de la materia, la cónyuge promovente sí está legitimada para promoverlo y por ende, debe darse trámite a tal demanda." En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 14, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Sobre el particular tiene apoyo la jurisprudencia por reiteración V.2º. J/75, visible en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, Agosto de 1993, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad que cita en su demanda, y como consecuencia, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Esau Daniel Alvarado Vázquez y Alejandro Brito Soberanis, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado Martín Hugo Martínez de la Cruz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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