Alejandro León Rodríguez

Expediente 925/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
925/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Alejandro León Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual anexa el oficio signado por el Sub representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali, en el que se desprende que informa lo relativo a la suspensión de plano decretada en autos. De igual forma, glósense a los autos las constancias provenientes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Mexicali, mediante las cuales se tiene por devuelta debidamente diligenciada la comunicación 320/2022, exhorto 312/2022, girada dentro del presente juicio de amparo, en tal virtud, dese de baja del libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que integran la comunicación oficial de que se trata, se advierte que en la razón actuarial de veintidós de noviembre del año en curso, el actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Mexicali, asentó entre otras cuestiones que al constituirse en las oficinas del jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali, procedió a buscar en el sistema de cómputo en la base de datos de todas las personas que ingresaron en dicha estación, dando resultados favorables ya que si se encontraba en la base de datos registro del quejoso ********************, siendo que ingreso el día trece de noviembre de dos mil veintidós y en la misma fecha se trasladó a Villahermosa Tabasco, el cual no se le dio permiso o legal estancia en el país y no cuenta con datos de localización del quejoso. Ahora bien, de la certificación secretaria de cuenta se advierte que en trece de noviembre del año en curso, se recibió la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ********************, en la que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados "[.] LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD HECHA POR AUTORIDAD DIFERENTE AL MINISTERIO PÚBLICO, LA INCOMUNICACIÓN, LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA, ATAQUES A LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO, LA POSIBLE DEPORTACIÓN Y EL TRASLADO DEL QUEJOSO A OTROS CENTROS DE DETENCIÓN EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAÍS, QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO POR LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN [.]." Asimismo, en dieciséis de noviembre del año en curso, el promovente refirió que desconoce el paradero del agraviado ********************, comunicando que únicamente tuvieron contacto con él, a la veintidós horas del trece de noviembre del año en curso, mediante llamada telefónica manifestándole "me detuvieron en el aeropuerto de Mexicali y me llevan detenido autoridades de migración, y me comentaron que me iban a trasladar a la Ciudad de Tijuana". Luego, en la constancia actuarial de dieciséis de noviembre del año en curso, el actuario de la adscripción asentó que al constituirse en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede esta ciudad, la parte agraviada ********************, no se encontraba alojada en dichas instalaciones, motivo por el cual, al trasladarse al área jurídica, le indicaron que en la base de datos se desprendió que el aquí agraviado cuenta con registro de ingreso en la Estación Migratoria con residencia en Mexicali, Baja California. Asentado lo anterior, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si tiene la competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En el caso concreto, la suscrita considera, de manera respetuosa, que en la especie este órgano carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en atención a las consideraciones siguientes: Como se desprende en esencia la parte quejosa reclama la privación de la libertad, incomunicación, falta de atención medica, ataques a la libertad fuera de procedimiento, la posible deportación y el traslado a otros centro de detención, sin embargo, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, en principio quedó verificado que el quejoso en ningún momento ingreso a la Estación Migratoria de esta ciudad, por el contrario cuenta con registro de ingreso y egreso en la Estación Migratoria con residencia en Mexicali, Baja California. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, de lo cual se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos podemos extraer las siguientes reglas para determinar la competencia por territorio para conocer de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado es de ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado tiene ejecución material en más de un distrito o habiendo comenzado a ejecutarse en uno de ellos continúa ejecutándose en otro, será competente el juez que conozca primero de la demanda, es decir, ante quien se presente esta; y 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez ante el que se presente el amparo. En la nueva regulación de la Ley de Amparo subyacen de manera clara e indiscutible los principios de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador: con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto y, con las dos restantes -que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada-, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal, como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal, en principio, no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto -desde el punto de vista del orden público- y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expedites en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. De lo anterior se colige que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; sin embargo, se insiste, ello se estableció ante la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por la parte quejosa, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: La primera que atribuye competencia al Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado y, La segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Bajo ese contexto legal, quien resuelve considera que en la especie se surte la regla de competencia contenida en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, referente a que será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado. Para soportar lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, en su capítulo de hechos, que el directo agraviado fue privado de su libertad en la Ciudad de Mexicali, y no obstante de que refirió que sería trasladado a esta ciudad de Tijuana, Baja California, no fue alojado en la Estación Migratoria de esta ciudad, lo que se corroboró por el Actuario de la adscripción, toda vez que al trasladarse al área de alojamiento de la Estación Migratoria de esta ciudad y vocear al directo quejoso, no fue atendido su llamado y previa verificación en el área jurídica, pudo advertir que éste tenía registro de ingreso en la Estación Migratoria de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Información que fue corroborada con la constancia actuarial suscrita por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Mexicali, en la que asentó entre otras cosas que al constituirse en las oficinas del jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali, procedió a buscar en el sistema de cómputo en la base de datos de todas las personas que ingresaron en dicha estación, dando resultados favorables ya que si se encontraba en la base de datos registro del quejoso ********************, siendo que ingreso el día trece de noviembre de dos mil veintidós y en la misma fecha se trasladó a Villahermosa Tabasco, el cual no se le dio permiso o legal estancia en el país y no cuenta con datos de localización del quejoso. Por lo que es claro que, atendiendo a la causa de pedir, se establece que la ejecución de los actos combatidos fue llevada a cabo en el municipio de Mexicali, Baja California, dado que el directo quejoso ********************, fue ingresado en primera instancia a las instalaciones de la Estación Migratoria de dicho municipio y fue en ese lugar donde se verificó su estatus migratorio. Por tanto, es que se afirma que, si bien, conforme a los preceptos invocados, la regla de competencia prevista en la primera parte del numeral 37, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se hayan ejecutado los actos reclamados, dentro del territorio donde ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, Décima Época, registro 2003502, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Lo sombreado no es de origen." Asimismo sustenta lo determinado, en lo conducente la tesis .2o.P.22 P, visible en la página 2496, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, con registro digital 2004415, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que en lo conducente dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. SI EL INCULPADO ESTÁ INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN DE UNA JURISDICCIÓN DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD QUE CONOCE DEL TRÁMITE RESPECTIVO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE ÉSTA RADICA. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 (36 de la ley anterior), por regla general, la competencia para conocer del juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, cuando el acto se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y si la acción impugnada no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, tratándose del procedimiento de extradición, dada su especial conformación, sus efectos implican, por una parte, dejar al quejoso privado de su libertad y, por otra, a disposición del Juez hasta que emita su opinión y, posteriormente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese sentido, si el inculpado promueve el juicio de amparo contra dicho procedimiento y está interno en un centro de reclusión de una jurisdicción distinta a la de la autoridad que conoce del trámite respectivo, debe considerarse que el Juez de Distrito competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción de la autoridad que conoce de ese procedimiento de extradición, ya que es ante su potestad que la persona se encuentra sometida, en atención precisamente a la revisión detallada de la naturaleza de la propia petición y a la de sus efectos. Lo anterior, porque apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión para determinar la competencia, da lugar a considerar que es el ámbito territorial en el cual tendrá plena ejecución el acto reclamado, pues ese criterio -aplicado a la problemática de un conflicto competencial- desfavorece la intención de preservar la unidad, concentración y, por ende, la seguridad de los asuntos de esta naturaleza, máxime que los efectos del acto reclamado, se trasladan directamente al procedimiento que se tramita y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión; de ahí que sea el órgano judicial del lugar donde se tramita la extradición quien conozca de la problemática que se llegue a presentar." Asimismo, se invoca como hecho notorio en lo conducente, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso del conflicto competencial ******************** de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente (por territorio), para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ********************. Por tanto, previa formación del cuaderno de antecedente, se ordena remitir el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, vía electrónica al promovente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Mexicali, mediante devuelve parcialmente diligenciada la comunicación 309/2022, exhorto 301/2022, girado dentro del presente juicio de amparo, en tal virtud, dese de baja en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, tomando en consideración de que en dieciocho de noviembre del año en curso, se giró exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, a efecto de que en auxilio de este órgano realizara lo siguiente: Haga entrega del oficio 27986, y copia de la demanda de amparo que para tal efecto se adjunte. Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria con sede en Mexicali, y con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera al directo quejoso Alejandro León Rodríguez, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas. De igual manera, el actuario encargado de la diligencia deberá hacerle saber al directamente agraviado lo siguiente: 1. Requerirlo para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifieste si autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ricardo Lozada Díaz y Bertha Ruvalcaba Salas. 2. De igual forma, para que manifieste si desea señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en esta ciudad o bien la vía electrónica bajo algún usuario autorizado para tal efecto; apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. 3. Hacerle del conocimiento que tiene el derecho de designar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a diverso profesionista. Para el caso de que no se encuentre en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que puede solicitar, se le designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal; lo cual podrá hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. Asimismo, en virtud que del escrito de demanda se advierte que el promovente señaló al usuario "luisduicillo", requiérase al directo agraviado para que manifieste sí solicita el acceso electrónico al presente expediente a través de dicho usuario. Se comisione al Fedatario Judicial, para que se constituya en las instalaciones de la referida autoridad responsable migratoria, así como en los separos de la misma, a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio del agraviado, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable cumpla en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicho agraviado. 4.- Asimismo, para que en caso de no localizar al directo quejoso, requiera al personal de la Estación migratoria, así como al del departamento jurídico, para que informen si el referido quejoso estuvo alojado en dicha estación migratoria, así como los datos y pormenores de su salida como podría ser fecha y motivo, y cualquier otro relevante para lograr su localización. 5.- Igualmente, de advertirse que el agraviado se encuentre a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se traslade a sus instalaciones a fin de acatar lo anterior hecho lo cual, en el acto de la notificación, requerir al quejoso para que manifieste si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Motivo por el cual, al revisar las constancias que remitió la autoridad exhortada se advierte, que el actuario de su adscripción únicamente se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en Mexicali, a efecto de hacer entrega del oficio 27986, con anexo a la autoridad responsable y en búsqueda del aquí quejoso en donde le manifestaron que no se encontraba alojado en las mismas, lo que corroboró con el voceo del mismo, sin tener resultados positivos. Sin embargo, no realizó la encomienda planteada en el punto número 4 que en lo conducente dice: "4. Asimismo, para que en caso de no localizar al directo quejoso, requiera al personal de la Estación migratoria, así como al del departamento jurídico, para que informen si el referido quejoso estuvo alojado en dicha estación migratoria, así como los datos y pormenores de su salida como podría ser fecha y motivo, y cualquier otro relevante para lograr su localización." Motivo por el cual y tomando en consideración que la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración con sede en el Aeropuerto Internacional de Mexicali, Baja California, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 138, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio de la autoridad responsable y realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria con sede en Mexicali, a efecto de requerir al personal de la Estación migratoria, así como al del departamento jurídico, para que informen si el quejoso Alejandro León Rodríguez, estuvo alojado en dicha estación migratoria, así como los datos y pormenores de su salida como podría ser fecha y motivo, y cualquier otro relevante para lograr su localización. Lo anterior, tomando en consideración la información obtenida de la Estación Migratoria en esta ciudad, en donde se informó que aparece registro de ingreso en esa Estación Migratoria de Mexicali, Baja California. Por tanto, en atención al principio de expedites en la administración de justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se autoriza para que de considerarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. Una vez hecho lo anterior, se solicita de la manera más atenta al Juez exhortado se sirva devolver la comunicación oficial de referencia con las constancias conducentes, mediante la misma vía, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretaria de cuenta de la que se advierte que en trece de noviembre del año en curso, se decretó la suspensión del plano solicitada en favor de ********************, y mediante oficio 27986, se requirió el acato de la misma a la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración con sede en el Aeropuerto Internacional de Mexicali, Baja California; sin embargo, al realizar el rastreo correspondiente de la estafeta número 0575658851, arrojo como resultado que en esta data, "se genera guía de remplazo." Motivo por el cual, tomando en consideración de que a la fecha la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración con sede en el Aeropuerto Internacional de Mexicali, Baja California, no se encuentra notificada del auto de trece de noviembre del año en curso, en el que concedió la suspensión de plano en favor del quejoso ********************, y se le requirió el cese inmediato de los actos reclamados; asimismo para que informara dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computadas lo conducente, en tal virtud, reexpídase el oficio en comento para su conocimiento y debido cumplimiento. En otro orden, agréguese a los autos la constancia actuarial que antecede, en la que se advierte que el actuario de la adscripción asentó que al constituirse en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede esta ciudad, la parte agraviada ********************, no se encontraba alojada en dichas instalaciones, motivo por el cual, al trasladarse al área jurídica, le indicaron que en la base de datos se desprendió que el aquí agraviado cuenta con registro de ingreso en la Estación Migratoria con residencia en Mexicali, Baja California. Motivo por el cual y tomando en consideración que la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración con sede en el Aeropuerto Internacional de Mexicali, Baja California, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 138, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio de la autoridad responsable y realice lo siguiente: Haga entrega del oficio 27986, y copia de la demanda de amparo que para tal efecto se adjunte. Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria con sede en Mexicali, y con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera al directo quejoso ********************, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas. De igual manera, el actuario encargado de la diligencia deberá hacerle saber al directamente agraviado lo siguiente: 1. Requerirlo para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifieste si autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************. 2. De igual forma, para que manifieste si desea señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en esta ciudad o bien la vía electrónica bajo algún usuario autorizado para tal efecto; apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. 3. Hacerle del conocimiento que tiene el derecho de designar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a diverso profesionista. Para el caso de que no se encuentre en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que puede solicitar, se le designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal; lo cual podrá hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. Asimismo, en virtud que del escrito de demanda se advierte que el promovente señaló al usuario "********************", requiérase al directo agraviado para que manifieste sí solicita el acceso electrónico al presente expediente a través de dicho usuario. Se comisione al Fedatario Judicial, para que se constituya en las instalaciones de la referida autoridad responsable migratoria, así como en los separos de la misma, a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio del agraviado, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable cumpla en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicho agraviado. 4.- Asimismo, para que en caso de no localizar al directo quejoso, requiera al personal de la Estación migratoria, así como al del departamento jurídico, para que informen si el referido quejoso estuvo alojado en dicha estación migratoria, así como los datos y pormenores de su salida como podría ser fecha y motivo, y cualquier otro relevante para lograr su localización. 5.- Igualmente, de advertirse que el agraviado se encuentre a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se traslade a sus instalaciones a fin de acatar lo anterior hecho lo cual, en el acto de la notificación, requerir al quejoso para que manifieste si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Por tanto, en atención al principio de expedites en la administración de justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se autoriza para que de considerarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. Una vez hecho lo anterior, se solicita de la manera más atenta al Juez exhortado se sirva devolver la comunicación oficial de referencia con las constancias fehacientes de dicha notificación, mediante la misma vía, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa vía correo electrónico, por sí y en representación de las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, el acatamiento dado a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo; de lo que este Tribunal toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. De igual manera, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Ahora, tomando en consideración de que en trece de noviembre del año en curso, se concedió la suspensión de plano en favor del quejoso ********************, y se requirió a la responsable el cese inmediato de los actos reclamados; asimismo para que informara lo siguiente: - Qué calidad migratoria tiene el mencionado agraviado. - Cuál es el procedimiento específico al que -en su caso- se encuentre sujeto y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenido el agraviado. - Si en su caso se ubica o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó al directo quejoso los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. - Si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento al quejoso. Sin que a la fecha hayan informado respecto a los puntos señalados con anterioridad; en consecuencia requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable oficiante TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA para efecto de que en el plazo de veinticuatro horas legalmente computado, de cumplimiento con el requerimiento señalado; en el entendido que de no informar lo solicitado en el plazo concedido, se hará efectivo el apercibimiento decretado por auto de trece de noviembre de dos mil veintidós. En diverso orden, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el promovente ********************, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, comunica que no sabe el paradero del agraviado ********************, refiriendo que únicamente tuvieron contacto con él, a la veintidós horas del trece de noviembre del año en curso, quien mediante llamada telefónica manifestó lo siguiente "me detuvieron en el aeropuerto de Mexicali y me llevan detenido autoridades de migración, y me comentaron que me iban a trasladar a la Ciudad de Tijuana". Por ello, y atendiendo a que en la razón actuarial de catorce de noviembre del año en curso, el actuario de la adscripción asentó que a las dos horas con cinco minutos se constituyó en las instalaciones de la estación migratoria de esta ciudad, en el que le informaron que el agraviado ********************, no se encontraba alojado en la misma; sin embargo, en esta data el promovente refirió que a las veintidós horas del trece de noviembre del año en curso, dicho agraviado fue detenido en el aeropuerto de Mexicali, y que iba a ser trasladado a las instalaciones de esta ciudad. Motivo por el cual, atendiendo al informe que se recibe en el que la autoridad oficiante informa acatar la suspensión de plano sin mayores datos que permitan identificar si el quejoso estuvo o no ingresado en dicho lugar y con el propósito de tener certeza de ello, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se traslade a la misma y solicite el apoyo del personal para el efecto de que: -Se le permita tener acceso al área de alojamiento con el propósito de que puedan vocear al agraviado ********************, a efecto de verificar que a la fecha ya no se encuentra alojado en dicha estancia. -En caso de que ya no se encuentre alojado, pero se tenga registro de su ingreso, se le ponga a la vista el oficio mediante el cual se le otorgó la salida de dicha estación migratoria. -O bien se traslade al departamento jurídico a efecto de que puedan revisar si en su base de datos se advierte algún dato que permita determinar si el quejoso fue ingresado a la Estación Migratoria de esta ciudad, a petición de la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California. Asimismo, para el caso que con motivo de la carga laboral las autoridades responsables no puedan en dicho momento dar cumplimiento a lo anterior, el personal comisionado se coordine con los Actuarios de la adscripción, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese.

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