Alejandro Lemus Ramirez

Expediente 263/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
263/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Alejandro Lemus Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el auto de cinco de noviembre pasado, en el que SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no se formaron cuadernos incidentales y no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por la autoridad responsable en cita, el que se ordena glosar a los autos para que obre únicamente como constancia, toda vez que dicho oficio ya fue acordado en proveído de cinco de los actuales, tal como se desprende de la constancia secretarial. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el por el Director del Hospital Regional Morelia, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta las constancias descritas en la cuenta secretarial, las que se ordena glosar a los autos para que obren como corresponda. Ahora bien, como de la constancia secretarial se desprende que el acto reclamado en el presente juicio se hizo consistir en la omisión del Director del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, de dar contestación a la petición formulada por el quejoso el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, relativa a la destitución de la entonces Administradora del Hospital Regional Morelia, así como el regreso a su área de adscripción de - a la supervisión de farmacia de dicho Hospital; y toda vez, que con su informe justificado, la autoridad responsable remitió el oficio -, de fecha dos de abril pasado, con el que dió respuesta a la solicitud planteada por el quejoso, como se desprende de las constancias exhibidas con el oficio de cuenta, documental que adquiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De las citadas constancias, se desprende que el Director del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, dio contestación a la petición formulada por el quejoso, la cual se le notifico el veintiocho de octubre del año en curso; atento a ello, al haber emitido la respuesta correspondiente la autoridad señalada como responsable, el dos de abril pasado, respecto de la petición planteada el veinticuatro de febrero último, por el quejoso, misma que le fue notificada el veintiocho de octubre pasado, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado tal acto, conforme a lo que dispone la fracción y precepto citado. Es preciso establecer que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Dicho lo anterior, y toda vez que de la constancia secretarial se desprende que la responsable de mérito, dió respuesta a lo planteado por el quejoso, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las doce horas con veinte minutos del uno de diciembre del presente año, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la fecha referida para el desahogo de tal audiencia. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal al promovente del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Como de la constancia secretarial se desprende que no obran las constancias solicitadas a la responsable mediante oficio de veintitrés de los actuales, en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la misma; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la misma podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la citada audiencia constitucional. Notifíquese.

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