Alejandro Juárez Huerta
Expediente 260/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez
- Reynaldo López Flores
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
- Alejandro Juárez Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hayan hecho manifestación alguna. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de quince de octubre de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder al quejoso ********************, la protección constitucional, para el efecto que la Sala responsable procediera en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. Emita otra sentencia en la que: a) Reitere la acreditación del delito de trata de personas, previsto y sancionado en el artículo 10, fracción III, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en agravio de las víctimas directas de identidad reservada de iniciales ********************y ******************** b) Reitere la acreditación de la plena responsabilidad penal del acusado ******************** en la comisión de dicho ilícito. Ambos supuestos por no ser materia de concesión del amparo. c) Reasuma jurisdicción y con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre la individualización de las sanciones y la reparación del daño" (fojas 150 vuelta y 151). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de tres de noviembre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia reclamada, y el seis siguiente emitió una nueva en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector: 1. Reiteró la acreditación del delito de trata de personas, previsto y sancionado en el artículo 10, fracción III, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en sus hipótesis delictivas consistentes en captar y retener a dos personas con fines de explotación sexual, en agravio de las víctimas directas de identidad reservada de iniciales ********************y ******************** (fojas 181 vuelta a 197). 2. Reiteró la acreditación de la plena responsabilidad penal del acusado ******************** en la comisión de dicho ilícito (fojas 187 a 204). Ambos supuestos por no ser materia de concesión del amparo. Finalmente, en apego a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, la Sala responsable reasumió jurisdicción y, con libertad de jurisdicción, se pronunció sobre la individualización de las sanciones y la reparación del daño. Para ello consideró, tal como se indicó en el fallo protector, que no era necesario el reenvió de los autos al tribunal de enjuiciamiento para que éste se pronunciara sobre dichos aspectos, debido a que en la etapa intermedia no se ofrecieron pruebas vinculadas con las sanciones y la reparación del daño (foja 205). En el primer supuesto, la responsable estimó que el acusado presenta un grado de culpabilidad mínimo, por lo que le impuso las penas de cinco años de prisión y un mil días multa (foja 207 vuelta). Luego, en cuanto a la reparación del daño, la responsable emitió condena genérica, para que su monto fuera determinado en la etapa de ejecución de la sentencia (foja 209). Enseguida, la responsable con libertad de decisión, resolvió negar al sentenciado el beneficio de la conmutación de la pena o cualquier otro que implicara reducción de la condena (foja 209 vuelta), ordenó que fuera suspendido en sus derechos políticos y civiles por el tiempo de la condena, y emitió determinaciones tendentes a que el sentenciado fuera puesto a disposición del órgano de ejecución de penas. En los pronunciamientos relativos a la individualización de sanciones y reparación del daño, la responsable expuso consideraciones y citó disposiciones legales, con lo cual también se advierte colmada la exigencia de la ejecutoria de amparo, de fundar y motivar tales aspectos. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hayan hecho manifestación alguna. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de quince de octubre de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder al quejoso ********************, la protección constitucional, para el efecto que la Sala responsable procediera en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. Emita otra sentencia en la que: a) Reitere la acreditación del delito de trata de personas, previsto y sancionado en el artículo 10, fracción III, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en agravio de las víctimas directas de identidad reservada de iniciales ********************y ******************** b) Reitere la acreditación de la plena responsabilidad penal del acusado ******************** en la comisión de dicho ilícito. Ambos supuestos por no ser materia de concesión del amparo. c) Reasuma jurisdicción y con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre la individualización de las sanciones y la reparación del daño" (fojas 150 vuelta y 151). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de tres de noviembre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia reclamada, y el seis siguiente emitió una nueva en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector: 1. Reiteró la acreditación del delito de trata de personas, previsto y sancionado en el artículo 10, fracción III, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en sus hipótesis delictivas consistentes en captar y retener a dos personas con fines de explotación sexual, en agravio de las víctimas directas de identidad reservada de iniciales ********************y ******************** (fojas 181 vuelta a 197). 2. Reiteró la acreditación de la plena responsabilidad penal del acusado ******************** en la comisión de dicho ilícito (fojas 187 a 204). Ambos supuestos por no ser materia de concesión del amparo. Finalmente, en apego a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, la Sala responsable reasumió jurisdicción y, con libertad de jurisdicción, se pronunció sobre la individualización de las sanciones y la reparación del daño. Para ello consideró, tal como se indicó en el fallo protector, que no era necesario el reenvió de los autos al tribunal de enjuiciamiento para que éste se pronunciara sobre dichos aspectos, debido a que en la etapa intermedia no se ofrecieron pruebas vinculadas con las sanciones y la reparación del daño (foja 205). En el primer supuesto, la responsable estimó que el acusado presenta un grado de culpabilidad mínimo, por lo que le impuso las penas de cinco años de prisión y un mil días multa (foja 207 vuelta). Luego, en cuanto a la reparación del daño, la responsable emitió condena genérica, para que su monto fuera determinado en la etapa de ejecución de la sentencia (foja 209). Enseguida, la responsable con libertad de decisión, resolvió negar al sentenciado el beneficio de la conmutación de la pena o cualquier otro que implicara reducción de la condena (foja 209 vuelta), ordenó que fuera suspendido en sus derechos políticos y civiles por el tiempo de la condena, y emitió determinaciones tendentes a que el sentenciado fuera puesto a disposición del órgano de ejecución de penas. En los pronunciamientos relativos a la individualización de sanciones y reparación del daño, la responsable expuso consideraciones y citó disposiciones legales, con lo cual también se advierte colmada la exigencia de la ejecutoria de amparo, de fundar y motivar tales aspectos. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diez de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm
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