Alejandro Juárez García
Expediente 2472/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 1 actuación registrada, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2472/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Alejandro Juárez García
Actuaciones
- Principal
MESA V-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, a través del cual remite por incompetencia el juicio de amparo indirecto 611/2019 formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Alejandro Juárez García, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Xalapa, Veracruz y otras autoridades; ello en virtud de haberse declarado incompetente para conocer del juicio de amparo de mérito, ya que el acto reclamado tendrá ejecución en esta jurisdicción. Acúsese el recibo correspondiente. Se ordena formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno correspondiente, bajo el juicio de amparo indirecto 2472/2019. COMPETENCIA Antes de proveer lo que corresponda sobre la aceptación o no de la competencia declinada a favor de este juzgado, es menester dejar asentado que la promovente de amparo, hace valer como acto reclamado el siguiente: La orden de traslado de Alejandro Juárez García, anexo al reclusorio en Papantla, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, la cual se llevó a cabo el quince de noviembre del dos mil diecinueve. Ahora bien, resulta necesario precisar lo siguiente: El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece literalmente lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. (Lo resaltado es propio). Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis integral del precepto transcrito, se advierten tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor compresión técnica se puntualizan a continuación: a). La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b). La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c). En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierten las hipótesis para determinar la competencia de los jueces de Distrito, teniendo como premisa para ello la ejecución del acto reclamado. En este punto de análisis, es necesario reiterar que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la orden de traslado de Alejandro Juárez García, anexo al reclusorio en Papantla, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, la cual se llevó a cabo el quince de noviembre del dos mil diecinueve. Bajo ese panorama, a fin de establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el precepto legal invocado resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. En tales condiciones, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo consiste, como en el caso, en la orden de traslado de Alejandro Juárez García, anexo al reclusorio en Papantla, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, la cual se llevó a cabo el quince de noviembre del dos mil diecinueve; es indudable que al tener el acto reclamado una ejecución de tracto sucesivo, se actualiza la hipótesis contenida en el párrafo segundo del numeral 37 de la Ley de Amparo, pues el mismo se empezó a ejecutar en la demarcación territorial en donde ejerce jurisdicción la Juez declinante. Por lo tanto, en el caso concreto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo promovida en su contra, el Juez de Distrito del lugar en que se haya presentado la demanda, razón por la cual no se acepta la competencia declinada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia1a./J.63/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada; por tanto, con transcripción de lo anterior, se ordena devolver la demanda de amparo y anexos enviados a la Juez declinante para que provea lo que corresponda. Sin que en el caso la tesis aisIada I.15o.A.1 A (10 a.), invocada por la Jueza declinante sea obligatoria para este Juzgado, al tratarse de un criterio aislado de otro circuito, ya que conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, únicamente tiene dicha obligatoriedad la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, y las que establezcan los Plenos de Circuito y Colegiados que se ubiquen dentro de este circuito. Fórmese cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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