Alejandro José Vidaña Luna

Expediente 457/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
457/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Alejandro José Vidaña Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I, por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió y se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva); por lo que, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Archivo y valoración. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; c) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se pone a disposición de billete. Finalmente, advirtiéndose de autos que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 958114, para garantizar la suspensión provisional concedida en el presente incidente, hágase de su conocimiento, que cuenta con el término de dos años, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, para que se presente ante este Juzgado de Distrito a recoger el citado billete; en el entendido que de no hacerlo en el término indicado, este Tribunal decretará la prescripción, aplicando su importe a favor del Erario Federal. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. Se autoriza vinculación de expediente electrónico. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este localidad; atento a su contenido, como lo solicita, se autoriza la vinculación del presente expediente electrónico al juicio de amparo 625/20263, de su índice, por el término de diez días, contado a partir de su legal notificación. En consecuencia, se instruye al oficial Judicial "A" proceda a habilitar los permisos correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 457/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado electrónicamente el diez de mayo de dos mil veintitrés, ante el buzón electrónico de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población y, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Alejandro José Vidaña Luna, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos reclamados a las siguientes autoridades 1) Jueza Ma. de Jesús Morales Barenca, 2) Juez Sergio Eloy Cortés, 3) Jueza Yolanda Arroyo Cruz, 4) Jueza Martha Santiago Sánchez, 5) Juez Javier García Pérez, 6) Juez Jorge Armando Félix Toledano, 7) Jueza Concepción Ayala Dionisio, 8) Jueza María Antonia Esteva Domínguez, 9) Juez Carlos Tobías Lucas, 10) Jueza Sorely Esmirna Castro Vázquez, 11) Jueza Guillermina Ortega Domínguez, o quien legalmente ostente los respectivos cargos, todos como Jueces de Control del Circuito de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, adscritos al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca; 12) Juez Mixto de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, 13) Vicefiscalía Regional de la Cuenca, por conducto de su titular, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, 14) Fiscal General del Estado de Oaxaca y, 15) Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; que en el considerando segundo se precisarán y que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes justificados, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; toda vez que se trata de un asunto en materia penal, atribuido a autoridades que residen en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Todo acto dictado en contra del quejoso con el objetivo de privarlo de su libertad deambulatoria (búsqueda, aprehensión, localización, citación, comparecencia o presentación). La ejecución de esa orden. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en representación de todos los jueces de Control del Circuito de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, rindió su informe justificado, negando la existencia de los actos que se reclamaron a él y a las demás autoridades jurisdiccionales; por su parte, las restantes autoridades 11) Juez Mixto de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, 12) Vicefiscalía Regional de la Cuenca, por conducto de su titular, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, 13) Fiscal General del Estado de Oaxaca, y 14) Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de igual forma, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el órgano jurisdiccional. Toda vez que la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna, la existencia de los actos reclamados antes indicados, como se indicó, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Sin que pase desapercibida la manifestación de la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, que realizó al rendir su informe justificado, en relación a lo siguiente: Que en el Juzgado a su cargo, se encuentra radicada la causa penal 1342/2022, que se instruye contra el quejoso Alejandro José Vidaña Luna y otros, por el delito de falsificación de documentos, previsto y sancionado por los artículos 226, 228 y 229, fracción II, en relación con los artículos 66 y 68 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio y perjuicio patrimonial de Caleb, Ashmar y Herbe, todos de apellidos Gómez Conzatti y Martínez. Que en dicho asunto, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, solicitó se señalara fecha y hora para formular imputación inicial al aquí quejoso y otros; por lo que, se señalaron las diez horas del quince de marzo de dos mil veintitrés. Que el tres de marzo del año en curso, se proveyó un escrito del quejoso en el que solicitó a esa autoridad jurisdiccional se señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de sobreseimiento de la causa penal, haciéndole saber al investigado que el proceso penal iniciaba con la audiencia inicial donde el Ministerio Público formula imputación; por lo que una vez que ocurriera lo anterior, en la propia audiencia, podría realizar el planteamiento correspondiente; por lo cual, el quejoso Alejandro José Vidaña Luna interpuso recurso de revocación. Posteriormente, toda vez que dicha persona no quedó notificada de la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia inicial, se programaron nuevamente las diez horas del veintisiete de abril pasado; sin embargo, debido a que esa autoridad jurisdiccional fue informada por la defensa de diverso investigado al aquí quejoso, que aquél se encuentra detenido en Turín, Italia y, en proceso de extradición a este país, es que la citada audiencia fue cancelada. De las anteriores manifestaciones resulta evidente que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ninguna de las autoridades responsables han librado ningún mandato con el objetivo de privar al quejoso de su libertad deambulatoria. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 5, materias común, penal, con registro digital: 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 457/2023, promovido por********************NOTIFÍQUESE.

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